Las fuerzas progresistas están concentradas en una oposición al IVA en la Legislatura local. Todavía no hay ninguna presión popular directa al Congreso Federal para que asuma responsabilidad por la deuda, como serían pleitos de clase y movilizaciones, llamando la atención a su culpa por la crisis y el endeudamiento que sufre nuestro país. Mientras tanto el panorama se sigue complicando.
Según noticia de la prensa corporativa norteamericana de ayer y reseña de prensa corporativa digital local, el Congreso considera una enmienda para incluir al ELA bajo la Sección 9 de la Ley de Quiebras sometida por el comisionado residente Pedro Pierluisi (ver enlaces al final de este escrito). Aunque el Comisionado Residente tiene solo el poder de hablar y no vota, se ha ido cuajando una coalición con el actual partido de Gobierno y entidades corporativas que incluye al Banco Popular, especialistas en la materia de quiebras y fondos de inversión a favor de la enmienda que ha propuesto.
Es encomiable el gesto de Pierluisi al anteponer los intereses del País frente a intereses oportunistas de su partido estadista, de quien pretende ser su candidato a la gobernación. Está por verse el resultado de este intenso cabildeo.
Hay sectores del Partido Nuevo Progresista, como la senadora Margarita Nolasco, que han criticado a Pierluisi, indicando que la posición no debe ser esa sino empujar la inclusión de Puerto Rico como estado.
Esa es la misma posición neoliberal que recomendó la eliminación de las compañías 936 al Congreso; eliminación que se aprobó por el Congreso sin ofrecer otra alternativa al territorio y que ha producido el endeudamiento público de 48 billones adicionales para cubrir gastos ante la ausencia de recaudos y la causa principal de la agudización de la crisis estructural que vivimos hoy. Del Congreso no aprobar una enmienda con carácter retroactivo y ante la ausencia de soberanía, Puerto Rico no tendrá poder alguno para sentarse en una mesa con sus acreedores a renegociar la reestructuración de la deuda pública.
Se han hecho muchos llamados por variados sectores en días recientes, desde la izquierda hasta líderes de los partidos principales, incluida la alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz, para la reestructuración de la deuda pública. Pero son quimeras sin base en la realidad. Una reestructuración de la deuda significa o bajar el pago de principal o intereses o diferir el plazo de los pagos. El apetito de los acreedores es voraz y no regalan ni modifican sus créditos a sus deudores. Cuando se va venciendo el plazo para pagar los créditos lo que suelen hacer es subir la tasa de interés y exigir la renuncia del soberano para poder ejecutar sus créditos en otras cortes que no sean las locales de Puerto Rico.
Solo dos fuentes dan fuerza de negociación al país deudor: o el ejercicio de poderes soberanos para reclamar la reestructuración o negarse a pagar o el derecho de acogerse a los procesos de quiebras que autorizan a la corte especializada a reestructurar o eliminar deudas. Ninguno de esos poderes los tiene Puerto Rico ahora mismo. De ahí que una de las raíces de nuestros problemas es la ausencia de soberanía y se hace necesario fundar un estado nacional.
Según los partes de prensa antes indicados hay acreedores también cabildeando en el Congreso para que el efecto de la enmienda a la Ley de Quiebras sea prospectivo.
Con ello se cerrarían las puertas del Congreso a Puerto Rico de manera sutil. Y el País ya no tendría el mecanismo de quiebras para que puedan reestructurar las deudas públicas impagables que ahora tienen varias corporaciones públicas y algunos entes municipales. La enmienda no contempla incluir al ELA territorial con derecho a procesos de quiebra. Por tanto, aún aprobada la enmienda con carácter retroactivo, ni la deuda Constitucional ni la extra constitucional podría ser objeto de procesos de quiebra. Con la enmienda prospectiva, y una deuda impagable, que no se podrá reestructurar de manera favorable ni borrar por el mecanismo de quiebras: ¿quién le presta a Puerto Rico?
A estos neoliberales enemigos de los mejores intereses del País no les importa el sufrimiento de las mayorías. Fueron los autores de la Ley 7 que facilitó el despido de 30,000 trabajadores públicos, así como de la ley que ha permitido a millonarios venir a nuestro suelo a quedarse con nuestras riquezas a precio de quemazón y sin pagar prácticamente tributos por sus operaciones en Puerto Rico. Son sirvientes del capital más rapaz del neoliberalismo.
Por eso la oposición de sectores del partido estadista a la reforma contributiva, y la reciente alegación de Romero Barceló de que se les debe imponer contribuciones a estos pioneros millonarios y que prefiere que estos sean los que se vayan a que emigren los nuestros, e incluso la aparición de una carta del exgobernador Luis Fortuño para favorecer la enmienda ante el Congreso, es pura hipocresía y oportunismo. Fue Romero Barceló y Pedro Rosselló quienes cabildearon para la terminación de las 936 y fue Luis Fortuño quien aprobó la ley de privilegios para atraer los pioneros millonarios inversionistas y la Ley 7 para despidos empujada por los mismos bonistas.
De ahí que el País necesite un nuevo liderato político capaz de diseñar e instrumentar de manera democrática un programa de salvación nacional, solidario, democrático y antineoliberal. Que comienza por rechazar la deuda pública impagable y odiosa, que hoy se come $4,800 millones anuales de los recaudos en pago de intereses, y que comienza con enfrentar al Congreso en sus cortes mediante pleitos de clases de boricuas agraviados para que asuma su pago por ser el causante y el responsable de la deuda odiosa. Del Congreso aprobar la enmienda a la ley de quiebras sometida ante su consideración será un gesto menor, que aunque positivo, no borra su responsabilidad por la monumental deuda existente. Si no la aprueba, añade pruebas a su historial de negligencia y abandono del territorio.
Y asimismo ese nuevo liderato instrumente la reglamentación y medicación, por parte del Estado, del uso de todas las drogas adictivas, desmantele el aparato militar-penal que se traga un presupuesto directo e indirecto de cerca de $3,000 millones anuales y lo sustituya por un sistema salubrista. Ello disminuirá la migración promedio anual de 50 mil boricuas, que en los últimos diez años ha causado pérdida anuales cercanas a las cifras anteriores. Y si añadimos el derecho al voto de la diáspora al eliminar el requisito del domicilio para su voto de la ley electoral, añadimos la fuerza de recursos de toda índole de 5 millones de compatriotas que hoy se les mantiene balcanizados, fragmentados, discriminados. Y se fortalece la nación de 8 millones de ciudadanos que son los únicos dueños de Puerto Rico, de sus playas y elementos comunes.
De esa manera sobrarán recaudos. Y no sobrarán para ser robados por la corrupción sino para ser usados en planes universales de bienestar social: planes de salud, pensiones y maternidad y educación gratuitos y universales. Si ese nuevo liderato así lo hace, cualquier sistema de tributos eficiente, con IVA o sin IVA, podrá ser confiable, transparente y respaldado por la población como parte de un nuevo pacto social.
Las protestas que se están intentando cuajar, aunque reflejan una división lamentable de los grupos progresistas, me parece que sirven de aprendizaje y punto de partida para ir forjando un consenso de que hay que ir a la raíz de los problemas que generan el estado crítico de Puerto Rico.
Por eso, cuando el frenesí de todos los sectores amaine, la realidad continuará golpeando implacablemente. Y habrá que ir a la raíz de esos grandes problemas que destrozan nuestro país. La ausencia de soberanía para desarrollar una economía sustentable, la deuda pública responsabilidad del Congreso y establecer un sistema salubrista para enfrentar el flagelo de la esclavitud adictiva. Solo entonces se podrá instrumentar planes universales de bienestar social porque habrá fondos disponibles para ello.
Esperamos con paciencia para que los sectores más comprometidos y honestos que afanosamente buscan impartir hoy su energía a la protesta generalizada local, reenfoquen su visión.
Referencias:
http://www.americanbanker.com/bankthink/puerto-rico-bankruptcy-bill-would-change-rules-on-creditors-midstream-1072896-1.html
http://www.noticel.com/noticia/172728/abrumadora-mayoria-apoya-la-quiebra-para-p-r-ante-el-congreso-documentos.html
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