Parto de la premisa que los puertorriqueños sí hemos ejercido soberanía, individual e independiente, a la que emana del Congreso de EE. UU., en un sinnúmero de actos trascendentales. La misma, sin embargo, siempre ha estado limitada por el andamiaje colonial imperante desde 1898. Lo que ocurrió en la década de 1950 fue, para mal, una reorganización más que una refundación: seguimos atados a los poderes plenarios del Congreso según el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución estadounidense como un territorio no incorporado que pertenece, pero no es parte de la federación norteamericana.
Esa limitación es lo que genera decisiones como la del juez Martínez en su opinión mayoritaria en el caso Pueblo v. Sánchez Valle, resuelto el viernes pasado y que revoca el precedente establecido en Pueblo v. Castro García, 120 DPR 740 (1980).
Al así hacerlo, se establece que el estado puertorriqueño no posee una soberanía distinta a la del Congreso Federal y, por consiguiente, las leyes criminales, tanto de nuestra autoría como la federal provienen del mismo soberano: el pueblo estadounidense a través de sus representantes en el Congreso.
La decisión de Martínez será partidista en su posicionamiento ideológico, pero retrata, para pesar de muchos, una realidad inescapable: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El Estado Libre Asociado ha ganado su supuesta soberanía comparable a la federada (para casos prácticos solamente) a base de precedentes de la Corte Suprema (Casos Insulares) y de los Circuitos de Apelaciones federales.
Nuestro Tribunal Supremo se ha encargado de replicar dicha doctrina, creada por interpretaciones de jueces que el pueblo puertorriqueño no intervino en su nombramiento, desprestigiando más aún esa postura que, contra viento y marea, la jueza Rodríguez también por imperativo ideológico partidista rehúsa dejar expirar.
Una conclusión inmediata y sensata de este golpe del Supremo es que, a pesar de la dureza del planteamiento jurídico de Martínez, el Pueblo está discutiendo la realidad política del País y, como ha articulado largamente el independentismo -y solo muy recientemente el anexionismo-, el mal llamado “déficit colonial” afecta todo los órdenes de la vida diaria de los puertorriqueños. Hoy, en Pueblo v. Sánchez Valle, lo observamos en el plano de derechos medulares constitucionales, pero, en la calle y todos los días, lo vemos ante el incremento de precios, más impuestos y una calidad de vida que empeora.
El juez Martínez nos ha hecho ver la realidad tal cual es. No concurro con su posicionamiento partidista, pero entiendo que hizo lo correcto no tan solo en derecho, sino moralmente, para adelantar el resquebrajamiento del andamiaje colonial que nos impide el desarrollo pleno bajo nuestra soberanía.
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