Diversos sectores nacionales se han mostrado hoy contrarios a la propuesta tributaria acogida por el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que implica un incremento en el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
Al ceder a las presiones internas de los legisladores del oficialista Partido Popular Democrático (PPD), el mandatario desistió de momento de realizar una reforma tributaria y transó por un incremento en el IVU del siete a un 11,5 por ciento, con su extensión a servicios y bienes que antes no tributaban.
A pesar de esto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández, advirtió sobre la necesidad de recortes en el gasto público porque hay una insuficiencia fiscal de 650 millones de dólares.
El acuerdo alcanzado por el gobernador García Padilla con la Conferencia Legislativa del PPD -que hizo fracasar la reforma tributaria con un Impuesto al Valor Agregado de 16 por ciento y exención a la mayoría de los asalariados del país- permite elaborar un presupuesto balanceado para el nuevo año fiscal 2015-2016 que comienza el próximo 1 de julio.
Al incrementarse el IVU, un 10 por ciento corresponderá al gobierno central para paliar su insuficiencia de liquidez y cumplir con los acreedores, mientras que el 1,5 por ciento está destinado a los municipios, tal como está ahora.
Este cuatro por ciento de incremento será del negocio entre empresas y para servicios que soliciten los ciudadanos, los que en la actualidad están libres de gravámenes.
De los seis diputados oficialistas que rechazaron la reforma con el IVA, solo Carlos Vargas anticipó que no respaldará el nuevo proyecto de ley, lo que explicará en su momento en la sesión legislativa en que se discuta la reforma a la ley del IVU.
"Con el mayor grado de respeto hacia el gobernador y a los compañeros de ambos cuerpos legislativos, en esta ocasión no puedo acompañarlos en su decisión", dijo el legislador que emitirá un voto explicativo una vez se presente el proyecto y la medida baje a votación al hemiciclo.
Diversos sectores políticos y sindicales anticiparon su repudio a la propuesta que, de momento, se presenta como única salida para que el gobierno puertorriqueño cumpla con su deuda pública de 73 mil millones de dólares.