Pocos entienden a profundidad lo que implica que Puerto Rico se acerque a un periodo disfuncional en su economía y en la estructura de gobierno. No existe realmente algo que justifique que se califique de crisis lo que vivimos, pero parece que nos acercamos a ello. Crisis es el punto más alto de deterioro, cuando casi nada funciona y las grandes masas carecen de lo elemental en servicios de salud, alimentación, vivienda y empleo. Estar en una verdadera crisis es similar al periodo especial que vivió Cuba en la década de los años noventa cuando se recrudeció el bloqueo con la ley Helms Burton. En esa época había que viajar en bicicleta varias millas para conseguir un huevo y garantizar proteína a los niños pequeños, según me lo cuentan amigos cubanos. La economía paralela no ha permitido que aquí se llegue aún al punto crítico de carecer de lo esencial para garantizar calidad de vida a los puertorriqueños. Ese punto de subdesarrollo puede llegar si efectivamente no tomamos las medidas adecuadas para estimular empleo, aumentar la producción agrícola y redirigir la deuda, reclamando los poderes necesarios para desarrollar un modelo de crecimiento económico sostenible.
En el Comité de descolonización en la ONU vimos un consenso que no se menciona ni trabaja adecuadamente en Puerto Rico. La inmensa mayoría de los ponentes reclamó que se nos liberen las manos como gobierno para poder legislar procesos de quiebra para corporaciones públicas y semipúblicas. Se reclamó que se nos releve de la ley de cabotaje para abaratar costos y evitar procesos que encarecen la transportación marítima, con lo cual se dificulta la exportación con ganancia y la importación con ahorros. Allí habían sectores estadistas, autonomistas e independentistas, hablando en un clima de camaradería y respeto mutuo. ¿Por qué lo que ocurre en Nueva York no puede ocurrir en Puerto Rico sin que nadie acuse a nadie de que se vendió o cedió sus principios?
No debemos culpar a la víctima, que es Puerto Rico, de lo que nos impone y causa el victimario, que es Estados Unidos. Ellos son los que prohíben que legislemos sobre la quiebra local, a través de un tribunal federal, que existe en Puerto Rico para asegurar los intereses federales. En nuestra Constitución se impuso la obligación de pagar la deuda externa primero que atender las necesidades de educación, salud, empleo seguridad y vivienda. Wall Street tiene vínculos fuertes con el Fondo Monetario Internacional que nos da la receta de menos salario, menos bono de navidad, menos costos de producción energética para privatizar y más recortes de presupuesto, que es lo mismo que forzar despidos de empleados públicos.
La Junta que nombró el Gobernador con gente de su partido debe ampliarse para que haya economistas de diversas tendencias ideológicas, tales como Carlos Colón de Armas, Edwin Irizarry Mora, José Alameda, Alfredo González, y así evitar que los burócratas del partido se ahoguen en medio de sus responsabilidades legislativas y los procesos de escuchar lo que dicen primariamente en Washington, que es lo que ha ocurrido con ellos hasta el momento. En tiempos de estrechez económica y posibilidad de impago, salvo que se reestructure la deuda, las propuestas deben venir de economistas serios y libres, no de políticos que tendrán el instinto de velar por su sobrevivencia y la de su partido. Esa junta pluralista y multipartidista debe generar una propuesta de consenso que atienda la crisis estructural, y solicitar al Presidente Obama una reunión urgente, encabezada por el Gobernador de Puerto Rico, para atender el problema colonial que es la matriz de la disfuncionalidad económica y de la crisis gubernamental.
El modelo se agotó y los que busquen preservarlo acentuarán la crisis de gobernabilidad que provoca ese agotamiento estructural del Estado Libre Asociado. Por ello es imperativo que quien ejerce la soberanía, atienda el reclamo de Puerto Rico y propicie la búsqueda de soluciones puertorriqueñas a problemas puertorriqueños.
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