II. El cambio de soberanía de 1898
El 10 de diciembre de 1898 se firma el Tratado de París, el cual puso fin a las hostilidades entre Estados Unidos y el Reino de España, conocidas como la Guerra Hispanoamericana, o más correctamente, la Guerra Hispano–Cubana–Americana. En ella España pierde sus posesiones en el Océano Atlántico, Cuba y Puerto Rico; y en el Océano Pacífico, las Islas del archipiélago de Filipinas y Guam. El proceso de ratificación del Tratado de París concluyó el 11 de abril de 1899, cuando el mismo fuera proclamado en Washington por los vencedores en la guerra, el Gobierno de Estados Unidos de América.
Conforme a su artículo primero, el reino de España renunció ¨todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba¨. De acuerdo con lo dispuesto en su artículo segundo, ¨España cede a los Estados Unidos la
Isla de Puerto Rico y las demás que ahora están bajo su soberanía en las Indias Occidentales, y la Isla de Guam en el Archipiélago de las Marianas o Ladrones”. Finalmente, en virtud de su artículo tercero, España cedió a Estados Unidos ¨el archipiélago conocido por las Islas Filipinas”.
El Artículo noveno, párrafo segundo de dicho Tratado, dispuso que los ¨derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos se determinarán por el Congreso”.
Previo al inicio de las hostilidades entre ambos, el 25 de noviembre de 1897, mediante decreto de la reina regente en España María Cristina, y con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta, se promulgó para las islas de Cuba y Puerto Rico la ¨Carta Autonómica¨. Esta fue publicada en la Gaceta Oficial durante los días 16, 17 y 18 de diciembre de 1897. En virtud de esta, se dotó a Puerto Rico de un gobierno y administración propios, compuesto por un Parlamento Insular dividido en dos cámaras y un Gobernador General representante del Reino. El Parlamento Insular estaba compuesto por dos cámaras, una denominada Cámara de Representantes y la otra, denominada Consejo de Administración. Igualmente, la Carta Autonómica dispuso para la organización de los gobiernos municipales y sus competencias. De conformidad con su artículo 1, reconociendo la personalidad jurídica de Puerto Rico, España dispuso que el gobierno y la administración de la Isla de Puerto Rico se regiría, en adelante, con arreglo a las disposiciones contenidas en dicho documento.
El 25 de enero de 1898 el buque de guerra estadounidense USS Maine, contrario a las prácticas seguidas por los estados políticos para ese entonces, había fondeado sin aviso previo en la bahía de La Habana. En respuesta a esta acción, el Gobierno español hizo lo propio, colocando un buque de guerra, el crucero Vizcaya, en la bahía de Nueva York. Estando anclado en bahía de La Habana el USS Maine, mientras la mayor parte de su oficialidad se encontraba en tierra disfrutando de un homenaje rendido en su honor por las autoridades españolas, el 15 de febrero el buque estadounidense sufrió en su interior una gran explosión que causó la muerte de 256 de sus efectivos y precipitó el estado de guerra entre los dos países.
Si bien se indica que la guerra dio comienzo el 25 de abril de 1898, lo cierto es que ya desde el 20 de abril, Estados Unidos había dado un ¨ultimátum¨ demandando de España que abandonara la Isla de Cuba. Tal exigencia anticipaba el inicio de las hostilidades entre ambos países.
Aunque comúnmente se ha afirmado que la Guerra se extiende a Puerto Rico con la Invasión efectuada el 25 de julio de 1898, la realidad es que las operaciones militares comienzan el día 12 de mayo, cuando la Escuadra Naval del Almirante Sampson abre fuego sobre la ciudad de San Juan. La flota naval estadounidense contaba con una capacidad de fuego compuesta por 164 cañones. Contra la capital se efectuaron 1,362 disparos de artillería, que fueron repelidos por las pocas baterías de costa, las cuales totalizaban 28 piezas de artillería, ubicadas en los fuertes de El Morro y San Cristóbal desde donde efectuaron, en respuesta, 441 disparos.
Ya desde el 21 de abril de 1898 el General Manuel Macías Casado, gobernador y capitán general de Puerto Rico bajo la Carta Autonómica, había suspendido las garantías individuales conferidas por la Carta. Puerto Rico vivía un estado de guerra. Desde el 10 de mayo la Isla había sido sometida a un bloqueo naval. La invasión por tierra ocurrida, a partir del 25 de julio, así como las operaciones militares, se prolongaron hasta el día 13 de agosto, fecha en que se firmó el Protocolo de Armisticio entre España y Estados Unidos. El último contingente español en suelo puertorriqueño saldrá de Puerto Rico el día 23 de octubre de 1898 (14).
III. El debate en torno a ilegalidad del Tratado de París en su aplicación a Puerto Rico
El 2 de agosto de 1898, en momentos en que en Nueva York se procedía con la disolución de la Sección Puerto Rico del Partido Revolucionario Cubano, Eugenio María de Hostos (independentista) junto con Julio Henna (anexionista) y Manuel Zeno Gandía (autonomista), fundan la Liga de Patriotas (15) en un esfuerzo supremo por salvar la patria de una anexión forzada. En un discurso presentado en Nueva York el día 1 de septiembre de 1898 Hostos indicaba:
¨En Estados Unidos no hay autoridad, ni fuerza, ni poder ni voluntad que sea capaz de imponer a un pueblo la vergüenza de una anexión llevada a cabo por la violencia de las armas, ni que urda contra la civilización más completa que hay actualmente entre los hombres, la ignominia de emplear la conquista para domeñar las almas”. (16)
Desde el primer momento de su firma, patriotas puertorriqueños colocaron en entredicho la legalidad del Tratado de París sobre Puerto Rico. Entre los primeros en cuestionar tal legalidad se encontró Eugenio María de Hostos, quien decía que dicha guerra, al no ser hecha por Puerto Rico, ni contra Puerto Rico, ni con el concurso de Puerto Rico, privaba a España de la facultad para disponer a su antojo de nosotros mediante la cesión de nuestro país y sus habitantes a Estados Unidos. Señalaba que España no podía ¨ceder a Puerto Rico como se cede una cosa ya que Puerto rico tenía personalidad propia¨.
Previo a la guerra, Puerto Rico contaba y así lo reconocía la propia Carta Autonómica de 1897, de personalidad jurídica propia. Hostos insistía en que una cesión resultante de una conquista mediante la guerra, no solo era nula, sino además contraria a la tradición jurídica del pueblo de Estados Unidos. En consecuencia, urgía que Puerto Rico por iniciativa propia designara quiénes, en su nombre serían los delegados que a nombre del país, reclamaran de Estados Unidos el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Para Hostos, lo negociado entre el Reino de España y Estados Unidos no podía obligar a Puerto Rico por ser ¨un tratado de paz hecho en París sin conocimiento ni aquiescencia de Puerto Rico¨. Para Hostos, el Tratado en sí mismo colocaba en entredicho la imposición de un gobierno militar sin consentimiento de los gobernados, lo que en su juicio era también contrario con las instituciones de Gobierno de Estados Unidos.
Señalaba que el Gobierno de Estados Unidos estaba obligado a reconocer la personalidad jurídica de Puerto Rico y sobre la base de tal reconocimiento, permitirle al pueblo puertorriqueño expresar libremente su voluntad respecto a su destino político. Consideraba igualmente, que la imposición de un gobierno militar era abominable a la dignidad de los puertorriqueños, señalando de paso que ¨una anexión incondicional sería forzada: una anexión forzada, es una agresión criminal".
La tesis de Hostos, denunciando la ilegalidad de la cesión de Puerto Rico, tomó un nuevo impulso en su discurso en 1900 cuando Estados Unidos, luego de un gobierno militar que duró dos años, impuso sobre Puerto Rico un gobierno civil en virtud de la Ley Foraker. Decía Hostos en aquel momento que dicha legislación no hacía otra cosa ¨que dar fuerza de ley y apariencias de procedimiento constitucional al hecho de la sujeción de Puerto Rico por la fuerza a los Estados Unidos”. (17)
Muerto Hostos en 1903, este mismo razonamiento fue elaborado y desarrollado por Enrique López Díaz (18) en su ensayo El liberalismo o razón cívica: actitud americana, situación puertorriqueña. López Díaz, a la vez que denuncia la ilegalidad y nulidad del Tratado de París, sostenía la tesis de que Puerto Rico es una ¨nación intervenida¨. Más adelante, José de Diego, siendo presidente de la Cámara de Delegados constituida a raíz de la Ley Foraker, cuestionó una nueva ley orgánica aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 1917 que impuso la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, conocida como Ley Jones. De Diego propuso que para las elecciones de 1920 se realizara una consulta plebiscitaria en la cual los puertorriqueños optaran por un status donde escogiéramos entre la independencia y la integración como un estado dentro de la Unión. Para entonces, la independencia era la alternativa más favorecida por los puertorriqueños entre las tres opciones históricas en las cuales se debatía nuestro pueblo desde el siglo anterior. De Diego consideraba que ninguna de las dos leyes orgánicas aprobadas por el Congreso de Estados Unidos se habían inspirado en la voluntad del pueblo puertorriqueño.
El tema de la nulidad el Tratado de París fue una vez más retomado a partir de la década de 1920 por Pedro Albizu Campos (19). Indicando que dicho Tratado no podía obligar a Puerto Rico, argumentando que España no tenía como tal la facultad para realizar tal cesión, ni Estados Unidos el derecho a exigir la entrega de Puerto Rico. Para Albizu Campos, ¨los puertorriqueños constituíamos una nacionalidad definida y reconocida por la misma España y por todo estado civilizado en el momento en que se celebró dicho tratado¨. Desde entonces, el tema de la ilegalidad del Tratado de París y el carácter interventor de la presencia de Estados Unidos en Puerto Rico, subyace y permea todo discurso independentista en Puerto Rico.
14 Rivero, Ángel: Crónica de la Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico (1971)
15 Auffant Vázquez, Vivian: La Liga de Patriotas (2012)
16 De Hostos, Eugenio María: Obras Completas, Tomo V, Madre Isla (1969)
17 De Hostos, Eugenio María: Mi opinión sobre la Ley Foraker, Obras Completas, Tomo V, Madre Isla (1969)
18 López Díaz, Enrique: El liberalismo o razón cívica: actitud americana, situación puertorriqueña (1908)
19 Albizu Campos, Pedro: Obras Escogidas, recopilación hecha por Benjamín Torres, Tomo I (1975)
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