Quizás no sea tan grande como la exclamación de Neil Armstrong al pisar la luna: «Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad». Pero la radicación de cargos contra el guardia municipal, Gabriel Rivera Pagán, y dos policías estatales, Raúl Rivero Ruiz y Joaquín Torres Cortina, y la aceptación de culpa de estos, es un paso significativo en busca de evitar el discrimen y el abuso de poder contra miembros de la comunidad dominicana en la Isla.
El caso se inició el pasado 7 de abril de 2015 cuando los tres agentes abordaron a Rey Reyes mientras cerraba el baúl de su carro en Las Lomas, Guaynabo y comenzaron a registrar su vehículo sin orden o justa causa, y luego lo subieron a la patrulla y lo llevaron a un área desconocida, donde lo dejaron tras robarle cerca de $1,000 en efectivo. Debido a que Reyes es un ciudadano dominicano, desde el inicio el caso cobró notoriedad como un abuso cuyo móvil es el discrimen étnico y, en todo momento, Reyes ha gozado del apoyo del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, liderado por su vocal presidente José Rodríguez.
Los tres policías estaban expuestos a cargos de secuestro, robo y allanamiento ilegal con pena de hasta 25 años de cárcel. Al aceptar su culpabilidad, el cargo de secuestro se redujo a tentativa de restricción a la libertad con agravante para una pena recomendada de cinco años de cárcel con el beneficio de la probatoria, y el cargo de robo se rebajó a un cargo de apropiación ilegal de $1,000 para una pena recomendada de tres años de prisión con derecho a la sentencia suspendida. El cargo de allanamiento ilegal permaneció inalterado. Los acusados también acordaron restituir $1,000 a la víctima Rey Reyes. El acuerdo no impide una acción civil en daños contra los tres funcionarios, que al momento están suspendidos de empleo y sueldo y con toda probabilidad sean despedidos de la Uniformada luego de declararse culpables.
El caso estuvo en la palestra pública debido a que es el primero en que se enjuician a miembros de la Policía estatal luego de que Puerto Rico entrara en un acuerdo con el Departamento de Justicia federal (USDOJ) para implantar una Reforma de la Policía. La Reforma emerge como respuesta negociada a una demanda iniciada por el Departamento de Justicia federal contra el Gobierno de Puerto Rico, luego de investigaciones sobre violaciones de derechos civiles en Puerto Rico, tanto de la ACLU en Puerto Rico, bajo el Lcdo. William Ramírez, y de la división de derechos civiles de Justicia federal, cuya investigación fue liderada por el Lcdo. Luis Saucedo. Las partes nombraron a Arnaldo Claudio para monitorear el cumplimiento de las estipulaciones de la Reforma, un amplio documento aprobado por el juez Gustavo Gelpi del Tribunal federal en Puerto Rico.
El Informe del USDOJ encontró cuantiosas violaciones de derechos civiles por la Policía en Puerto Rico, con relación al uso de fuerza excesiva contra ciudadanos particulares, ante manifestaciones de la sociedad civil, como en el caso de la huelga de la Universidad de Puerto Rico, y contra miembros de comunidades minoritarias, particularmente la comunidad dominicana. La Reforma representa un proyecto de amplia envergadura para modernizar la Policía y asegurar que el uso de fuerza de la Policía se efectúe de acuerdo a las salvaguardas constitucionales. El enjuiciamiento en este caso es un paso en la dirección correcta.
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