Tan reciente como la semana pasada se llevó a cabo una concurrida vista pública en la que se discutió el caso de la polémica incineradora en el pueblo de Arecibo, que sería operada por la compañía Energy Answers, ante representantes del Rural Utilities Service del Departamento de Agricultura federal. Dicha empresa está solicitando financiamiento federal mediante préstamo. En dicha reunión y de acuerdo a Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Antiincineración, ninguno de los ponentes se expresó a favor del proyecto. Incluso tanto la Federación de Alcaldes de Puerto Rico como la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico ofrecieron ponencias objetando el mismo.
Mientras los defensores de la incineradora expresan las ventajas de la misma tanto en el tema del manejo de desperdicios sólidos como en la creación de empleos, los opositores incluso recuerdan el caso de Vieques y la crisis medioambiental surgida por las prácticas de la Marina de Estados Unidos en dicha zona. No solo los detractores alegan que la ventaja económica es nula sino que defienden su derecho a la salud y a la protección de los recursos naturales.
Y aunque lo cierto es que históricamente no ha habido un buen control de los desperdicios sólidos en el País, no es menos cierto que ante la incineradora se está dejando atrás toda posibilidad de trabajar este asunto mediante la reutilización, el reciclaje y el desarrollo de composta, todos ellos maneras positivas para lidiar con la basura.
Por su parte, uno de los aspectos más preocupantes del proyecto propuesto es el tema de la salud de los ciudadanos. Según afirmaciones expresadas mediante comunicado de prensa, el profesor Osvaldo Rosario, especialista en química ambiental y asesor de la Coalición, conformada por más de 30 organizaciones, “Han sido precisamente los y las químicas quienes han descubierto y llamado la atención a la población sobre componentes sumamente tóxicos que se producen en esta quema y se emiten al aire y se concentran en las cenizas. Dioxinas, furanos, metales pesados y otros compuestos son de los más conocidos y que producen múltiples condiciones y enfermedades enteramente prevenibles si no se construyen estas máquinas”.
De otro lado, los efectos en el medio ambiente serían nefastos y la calidad del agua, el aire y la tierra se vería perjudicada.
Así las cosas, y ante la evidencia del peligro que representa la incineradora y la disposición de las cenizas, queda hacer un llamamiento al Gobierno y a las entidades concernientes para la detención de este proyecto. Se habla de intereses económicos. En entrevista, Conty expresó que esto sería un “negocio redondo” para Energy Answers, mientras que para los municipios, cuyos fondos se verían comprometidos para el mantenimiento de la incineradora, teniendo que pagar $36.05 por tonelada, sería devastador, al igual que para los ciudadanos.
No quiero pensar que una vez más el dinero primará antes que el bienestar de los ciudadanos y la conservación y la defensa de nuestros recursos naturales.
Foto: Suministrada por Prohibido Incinerar.org