San Juan- La deuda pública de 72 mil millones de dólares de Puerto Rico está destinada a esclavizar al pueblo al ser impagable, afirmó ayer la organización Todos Somos Pueblos.
El portavoz del colectivo social, el sacerdote Pedro Ortiz, instó al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) a acoger las propuestas de la sociedad civil que incluyen una auditoría para determinar la legitimidad de la deuda, en vísperas de que se anuncie un plan de ajuste fiscal a cinco años.
"Solicitamos al gobierno que reconozca la profunda crisis en la que nos han metido y levantemos nuestra casa común, que es Puerto Rico, sobre el fundamento de la verdad, la justicia, la paz, la honradez y el trabajo digno", expresó Ortiz en un conversatorio con sindicalistas, maestros y religiosos, entre otros.
El sacerdote católico afirmó que eso únicamente se conseguirá si el gobierno puertorriqueño atiende las propuestas justas de las comunidades y de las organizaciones que "conocen la realidad que nos atropella cada día".
"Advertimos que cada día crecerá más nuestra solidaridad para transformar al país; no claudicaremos y, con respeto y capacidad de lucha, creceremos a pesar de los detractores", destacó.
Las manifestaciones se producen en momentos en que el gobierno enfrenta una incapacidad fiscal para para pagar los intereses y parte del principal de los débitos de 72 mil millones de dólares.
"No perdamos tiempo, esa deuda está diseñada para que no se pueda pagar, (esa) es la manera de mantenernos esclavizados", argumentó Ortiz.
El secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, anunció que el próximo martes se divulgará el Plan de Ajuste Fiscal a cinco años para entrar en un proceso de negociación con los bonistas, por lo que se espera la implantación de mayores sacrificios para los trabajadores.
Por tal razón, Ortiz planteó que las organizaciones sociales impulsarán en estos días distintas iniciativas para alertar al pueblo acerca de las maniobras antidemocráticas de agentes del gobierno del ELA con respecto a la crisis fiscal y social por la que atraviesa esta isla del Caribe de 3,5 millones de habitantes.
Anticipó que entre las medidas perjudiciales está la reforma laboral dirigida a restar derechos a los trabajadores y el establecimiento de un incinerador en el municipio de Arecibo, para favorecer grandes intereses económicos en perjuicio de la salud de las comunidades del área norte del país.
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