(San Juan, 12m) Transparencia gubernamental es un concepto que se aplica a los gobiernos democráticos y consiste en la elaboración y cumplimiento de políticas públicas sobre libre acceso a la información del gobierno. Éstas disposiciones son aplicables a las tres ramas de gobierno.
La Cumbre Judicial Interamericana, es una organización de cooperación judicial de países iberoamericanos. Éstos comparten un origen común e intercambian información y promueven cambios positivos entre los sistemas judiciales de sus miembros. Puerto Rico es miembro pleno de esta organización. La misma consideró algunas definiciones de “transparencia” en una asamblea dedicada al respecto. Para adoptar un sistema transparente, no sólo en el poder judicial, si no en todo el sistema político, la CJI, recomendó en primera instancia, la creación de una política pública abierta a la divulgación de toda la información gubernamental en todos los procesos y en cualquier parte de ellos. Esta política pública deberá ser divulgada a toda la población del país. Se recomienda con prioridad que se utilice la mejor tecnología informática disponible. Con ésta política deberá crearse un sistema electrónico de información actualizado. Este sistema debe servir para divulgar toda la información gubernamental disponible. Para aquellas personas que por alguna razón no puedan acceder a medios electrónicos de información se les proveerá la misma de forma impresa a petición del interesado. La política de transparencia gubernamental en la toma de decisiones permitirá una mayor participación del pueblo en la gestión gubernamental, así como una mejor fiscalización. El establecimiento de esta política gubernamental de libre acceso a la información, deberá aplicarse a las tres ramas de gobierno: Poder ejecutivo, Poder judicial y Poder legislativo. La transparencia gubernamental contribuye a la formación de una ciudadanía más participativa en los asuntos gubernamentales y a una disminución de la corrupción gubernamental. La calidad de un buen gobierno puede medirse por sus ejecutorias, la rendición de cuenta y la transparencia de su información para uso público. La rendición de cuentas en el ámbito gubernamental supone el explicar sus acciones y aceptar la responsabilidad sobre las mismas. En Puerto Rico, hay que constantemente recurrir a los tribunales en un proceso costoso para obligar gobierno a compartir información generada con fondos públicos. Casos como estos van en contra de una política transparente y decisiones como ésta, además que ir contra la política pública y su legalidad, afecta gravemente al pueblo y a los legisladores en su toma de decisiones.
Para los legisladores, periodistas, y otros comunicadores sociales, la transparencia gubernamental le permitirá divulgar información más o menos “confiable” sobre el gobierno. Debe crearse un mecanismo legal acelerado para que en caso en que el gobierno no divulgue información gubernamental contenida en un documento, los ciudadanos puedan acceder al mismo rápidamente por la vía administrativa.
El hecho de que haya en un país una ley de libre acceso a información gubernamental, si se cumple mejorara la administración, teniendo como resultado un control democrático de rendición de cuentas. Estas leyes permitirán ampliar la democracia, minorizar la corrupción y fomentar la participación ciudadana en el gobierno. La participación de la sociedad civil en el establecimiento de leyes de libertad de acceso a la información ha sido fundamental para su aprobación en todas partes del mundo. Su cumplimiento está basado en una amplia vigilancia por parte de la sociedad. Esta vigilancia con sus correspondientes reclamos ayudan a sostener el sistema democrático.
Existe una organización con alcance mundial que tiene como principal objetivo acabar con la corrupción gubernamental. El nombre de esta organización es Transparencia Gubernamental y tiene su sede en Berlín aunque su alcance es a nivel mundial. Esta organización ha desarrollado un Índice de percepción de corrupción. Este método ofrece una idea de cómo perciben los habitantes de un país esta mala práctica gubernamental, la cual consiste en el uso de fondos públicos o información privilegiada para beneficio personal.
Como resultado de la aplicación de la transparencia en el sector público, se puede obtener más participación ciudadana, el fortalecimiento del sistema democrático y la rendición de cuentas a la sociedad. Todo esto contribuirá a lograr un buen gobierno.
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