El golpe de estado que vemos en la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico en  Pueblo v. Sánchez Valle tiene sus origines en la decisión que anula la colegiación compulsoria del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Rivera Schatz v. ELA (2014), privando a la Legislatura del poder de crear un colegio integrado. Allí, a fuerza de mollero judicial, el Tribunal anuló el poder que desde el 1932 la Legislatura históricamente había ejercitado sobre la colegiación. En su lugar expandió su propio poder inherente para usurpar un dominio público que anteriormente pertenecía al pueblo a través del proceso político. Así lo hizo, al igual que en Sánchez Valle: contrario a todo precedente, contrario a la historia de PR, a la trágala.
Rivera Schatz representó el inicio de un golpe de estado por una junta de jueces de corte cuasi-caudillista que abusaron del poder de revisión judicial para ejecutar una toma y construir su propia atalaya en la guerra civil boricua. Los antecedentes de este golpe se venían cuajando con premeditación hace algún tiempo. Tras el nombramiento del Juez Asociado Martínez Torres en el 2009 por el Gobernador Luis Fortuño, el Tribunal Supremo adquirió una mayoría pro-estadidad de 4-3. Estos 4 jueces, a su vez, le pidieron al Presidente del Senado Rivera Schatz, el aumento de jueces de 7 a 9. Tommy Rivera Schatz, presidente del Senado controlado por el PNP, rápidamente accedió y el Senado procede al nombramiento adicional de dos jueces pro-estadidad para formar mayoría 6-3, precisamente la que decretó la descolegiación y ahora nulificó el ELA.
El aumento en la composición del TSPR fue un acto que modificó la estructura constitucional de la judicatura de una manera alarmante e ilegítima. Por una petición de meramente 4 jueces un puñado de legisladores pro-estadistas reconfiguran la composición del Tribunal para agrandar su membresía a 9 jueces, tener bajo su bandera 6 de los 9, y apoderarse del Tribunal por una o más generaciones. En fin, un golpe ejecutado por 4 personasEsta burla del proceso democrático amplía, consolida y fija el poder anexionista por varios ciclos eleccionarios. Se logra casi una enmienda constitucional sobre las artimañas del proceso administrativo y parlamentario. . Como dice Bertolt Bretch, cuando fueron por el Colegio en Rivera Schatz nadie se quejó. Ahora en Sánchez Valle, vinieron por el resto. Rivera Schatz se convierte en Sánchez Valle y 6 personas tristes personas efectúan el repudio de la Ley 600, la anulación del ELA, y la subyugación de la isla a un mero reducto federal.
Las decisiones primero de Rivera Schatz y ahora de Sánchez Valle son alarmantes, hay que denunciarlas por lo que son: un golpe al estado de derecho jurídico establecido por proceso democráticos generacionales . Rivera Schatz fue el presagio del golpe; Sánchez Valle, es ya un burdo asalto al poder. Los intentos del PNP de apoderarse del Colegio y doblegarlo a favor de una dirección estadista nunca prosperaron; así que se permitió el establecimiento de una estructura política paralela. Sánchez Valle ahora lleva ese ejercicio de poder a su extremo autoritario: anula toda la historia constitucional de Puerto Rico a partir de 1952. En términos jurídicos, nos revierte a la Ley Foraker, quizás a la ocupación militar. Cuando la institución encargada de velar por nuestra democracia constitucional amplía su poder de manera antidemocrática y abusa de su función revisora para adueñarse de un dominio público que ha resistido el embate político hacia la estadidad, hemos llegado al fin de un estado de derecho legítimo.
Ahora, ¿que procede? Procede lo que indica la Declaración de Independencia de los EE.UU. de 1776: “cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, que persigue invariablemente el mismo objetivo, evidencia el designio de someter al pueblo a  un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.