En este ensayo voy a elaborar sobre el posible efecto que ha de tener la crisis económica que enfrenta Puerto Rico (PR) en la relación colonial que sufre desde 1898. Sostengo que la quiebra ha de sentenciar la existencia del ELA actual. Que debido a la rentabilidad negativa de la isla y a las limitaciones constitucionales y políticas que dominan la política de los Estados Unidos (EEUU), el Congreso federal estará obligado a eximir la isla de la Cláusula Territorial. El resultado será la terminación de la indignante situación territorial o colonial a la que está sometida la isla mediante unilateral entrega de soberanía.
«No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista.»
La sesión de diciembre de 2015 del Congreso federal, demostró clara y contundentemente la cruda condición colonial y de absoluta indefensión que sufre PR. En esta sesión, el Congreso federal quien es el “dueño y señor” constitucional del territorio de PR, virtualmente ignoró todos los reclamos del gobierno insular, así como el bienestar de los más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que residen en la isla. El reclamo de incluir las agencias de la isla en la Ley de Quiebras federal, como una vez lo tuvo, un privilegio que tienen todos los estados y territorios, que no le cuesta un centavo al erario federal, fue simplemente descartado. Un mecanismo que sería provechoso para todas las partes; aunque no resuelve el problema fundamental de la isla. Aún reconociendo que la isla enfrenta un tétrico panorama económico y social el Congreso decidió hacer absolutamente nada sobre el dilema de la isla y sus residentes, por el momento.
Por lo tanto, el sombrío panorama del inminente impago es uno de numerosas acciones de cobro y hasta el embargo del efectivo insular. Una complicada madeja de acciones judiciales de manera accidentada y sin procedimientos claros. Por el momento no habrá la tan necesaria reestructuración. Igualmente, los residentes de la isla enfrentan la cancelación de servicios gubernamentales, la quiebra de proveedores de servicios y un mayor desempleo. Sí, el empobrecimiento de toda una sociedad y sus habitantes; un panorama sencillamente aterrador. Condiciones que claramente complican las ya limitadas posibilidades de la isla para superar la creciente contracción económica. Una crisis económica que no se ha podido superar en más de una década, a pesar haber asumido una multi billonaria deuda en fútiles afanes de estimular la economía.
Sin embargo, hay que señalar que el Congreso actuó dentro de sus poderes plenipotenciarios sobre el territorio de PR según estipulado en la Cláusula Territorial de la Constitución estadounidense. Y, ¿qué es la Cláusula Territorial? Esta relativamente oscura sección está contenida en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución y lee de la siguiente forma; “El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Ninguna disposición de esta Constitución se interpretará en forma tal que pudiere perjudicar cualesquiera reclamaciones de los Estados Unidos o de algún estado en particular.” De esta sección se desprende toda la jurisprudencia estadounidense hacia sus territorios, incluido el territorio de PR y emanan casi todas las políticas federales hacia la isla, según se establecieron en aquellos Casos Insulares de principios del siglo XX. En un momento donde la expansión territorial de los EEUU los lleva a adquirir territorios ultramarinos, estos casos o jurisprudencia atendían el dilema de si la Constitución seguía la bandera. Unos precedentes aún vigentes y que determinaron que los derechos constitucionales no son automáticamente extendidos a los territorios, que solo la incorporación como parte de la nación garantiza los derechos constitucionales.
Reconociendo que políticamente PR está en una relación territorial según los estadounidenses, pero justamente considerada como colonial por toda la comunidad internacional, es prudente conocer algo sobre los territorios administrados por los Estados Unidos bajo la Cláusula Territorial, que son un total de dieciséis-(16). Estos son los territorios no incorporados por los EEUU, aquellos que pertenecen pero no son parte de los EEUU, según estipulado en los Casos Insulares. Los territorios poblados están constituidos por las siguientes islas o archipiélagos; Guam, Islas Vírgenes, Marianas del Norte, Samoa y Puerto Rico. También existen otras nueve-(9) pequeñas islas o atolones pero sin poblaciones activas. Comparando la extensión territorial de los territorios con PR, el área combinada de los demás territorios poblados es de 1,577 Km2 y PR posee 9,104 Km2. La población combinada de esos territorios no excede los 300,000 habitantes, mientras PR tiene unos 3, 500, 000. Económicamente en 2013 se estimó que estos tenían un producto nacional bruto combinado de $10.33B y que el de PR en unos $61.46B, esto según el “CIA World Facebook”.
Para ampliar sobre la relación entre los EEUU y PR tenemos que comenzar discutiendo algunos aspectos previos a la invasión de 1898, particularmente los económicos. Entonces PR era una provincia española de ultramar y brevemente fue su primera autonomía, los puertorriqueños eran ciudadanos y nacionales españoles con plena representación en las Cortes de España, el parlamento español. En aquella fecha, ya los EEUU era el primer mercado comercial de la isla, que entonces poseía una pujante economía. La población de PR en 1800 se estimaba en 200,000 habitantes y para el 1898 había incrementado a 950,000; un crecimiento poblacional alentado por una constante inmigración así como aumentos en la natalidad y la expectativa de vida. Estadística que es un elocuente testimonio de las bondades relativas que entonces ofrecía la Provincia de PR. Adicionalmente, a finales del siglo XIX los EEUU en dos ocasiones ofreció a España el comprar a Cuba y PR, ofertas que fueron rechazadas.
Pero, movidos por el deseo de expansión y el mercado del azúcar que ofrecía Cuba y sin ningún otro motivo, los EEUU desata la Guerra Hispanoamericana. Con esta acción bélica los EEUU toman las provincias españolas en ultramar de Filipinas, Cuba y PR. Historiadores indican que hubo una variedad de intereses que incidieron sobre la decisión final de invadir a PR. Entre estos tenemos; acabar de expulsar a España de su presencia en las Américas, el controlar el acceso al Caribe por los planes de desarrollar un canal en Centroamérica, asegurar una estación carbonera para la Marina de Guerra y el lucrativo mercado que ya ofrecía la isla, particularmente la caña de azúcar. En fin, la entones Provincia de PR fue invadida por los beneficios económicos y estratégicos que ofrecía.
Ninguna nación invade territorio alguno para el beneficio los invadidos, muy al contrario a los exagerados mitos populares. El objetivo de invadir PR era uno monetario y estratégico. Y tal sido el proceder de los EEUU hacia la isla desde la misma invasión, situación que poco ha cambiado desde entonces.
No tardó mucho para que la antes próspera Isla de PR pasara a ser un mercado cautivo al beneficio de intereses comerciales de los EEUU. Bastó un poco más de un año para que comenzaran las emigraciones de famélicos puertorriqueños hacia el extranjero como la República Dominicana, Hawái y Nueva York. Un fenómeno de emigración que la sociedad puertorriqueña no había experimentado antes. La imposición de las tarifas y aranceles del Acta Dingley fueron desastrosas para la economía local. Inicialmente fueron los intereses agrícolas del azúcar que movieron la isla al monocultivo con sus privaciones alimenticias, mientras se restringía el comercio con otras naciones y se establecieron arbitrarias cuotas para la exportación de azúcar refinada a los EEUU. El resultado neto fue escasez de trabajo, el empobrecimiento del sector agrícola, desplazamiento de artesanos y comerciantes, la falta de alimentos y pocas oportunidades de desarrollo para la población de la isla. Para el 1900 con el Acta Foraker se devaluó el Peso de Puerto Rico en 40% de su valor real, lo que fue devastador para la economía local. Finalmente en 1917 se establece el Acta Jones, la que contenía la mayoría de las restricciones hoy vigentes sobre las Leyes de Cabotaje que aún hoy sofocan las exportaciones de la isla. Tampoco podemos olvidar en 1950 la creación de la Ley 600 del Congreso que en 1952 estableció el actual Estado Libre Asociado o ELA. Una entre tantas leyes orgánicas congresionales, es básicamente un arreglo político mediante el cual los residentes del territorio administrarían el mismo, con intervención mínima por parte del Congreso federal. Entonces se abría favorablemente a la producción local el mercado estadounidense que entonces era una enorme economía en plena expansión mientras mediaba la Guerra Fría. Sin embargo el fundamento de este arreglo era la repatriación de ganancias y los beneficios del mercado cautivo de la isla. Según cambia el mundo la isla pasó de ser agrícola a una manufactura de mano de obra barata; industria de la aguja, electrónicos, petroquímicas, farmacéutica y médicos. Pero todo según el beneficio de los grandes consorcios estadounidenses, la perenne prioridad sobre PR.
La realidad del mercado cautivo de los EEUU no ha cambiado significativamente desde la invasión. Reconociendo los cambios geopolíticos del siglo XX, la importancia estratégica y militar de PR ha mermado para los EEUU. Basta ver como hoy no existe ni una instalación militar activa en la isla. Ciertamente en el 2015 la importancia militar de la isla y el componente de la Guerra Fría, siendo Cuba el último vestigio, hoy aparentan ser irrelevantes. Comercialmente, los intereses estadounidenses que hoy se lucran del mercado cautivo que ofrece PR son; las industrias asociadas a las marinas mercantes, los grandes consorcios de industrias agrícolas, las gigantes cadenas de venta al detal y el muy preponderante mercado de la deuda municipal. Sin embargo, la tétrica realidad y pobres prospectos económicos de la isla atentan contra los privilegios que hoy obtienen esas empresas. Con una decreciente población, una economía marcadamente contraída, menos puestos de trabajo y la poca competitividad económica de la isla, el beneficio económico de estas empresas está comprometido. La caída en la demanda agregada de la isla ha mermado. Basta ver como una de las empresas de transporte marítimo que sirven la isla ya abandonó este cautivo mercado.
Es importante reiterar que desde el 1898 el interés principal de los EEUU sobre PR ha sido uno casi estrictamente económico, el rendimiento del territorio o la colonia. Como ejemplo de esa realidad vemos como recientemente los mal habidos $229,000,000 ($229 millones) de aquel indebido reintegro a Doral tuvo mucho más impacto y atención en el Congreso y los círculos del poder en Washington DC que la voluntad democrática de los puertorriqueños en aquel Plebiscito de 2012. Entonces, ¿cuál será el impacto de unos $73, 000,000,000 o $73 billones?
Brevemente voy a tratar sobre el mercado de bonos y particularmente sobre el mercado de deuda municipal de los EEUU. El mercado de bonos es el mecanismo donde se vende deuda. En este los emisores de la deuda hacen un préstamo de dinero a los acreedores. Estos acreedores devengan intereses y la eventual devolución del principal en la fecha del vencimiento del bono. En estos mercados los bonos, o los títulos de deuda, se venden en el mercado primario, que es deuda nueva o recientemente emitida; Es el mercado secundario donde un inversionista compra o vende deuda previamente emitida. Comúnmente la deuda se utiliza para el financiamiento público.
El mercado de bonos es al menos el doble del tamaño del mercado de valores o acciones de los EEUU y se distribuye en; corporativo, gubernamental, hipotecario y el municipal, que es donde está centrada la deuda de PR. En el mercado de deuda municipal, el que realmente afecta a PR, participan gobiernos estatales, los territorios y sus agencias, ciudades, condados, utilidades públicas, infraestructuras públicas (carreteras, puertos, aeropuertos), desarrollos públicos, distritos especiales, etc. En fin, gran cantidad de los constituyentes del Congreso federal. Aunque la participación de PR no excede el 2% de ese mercado, la cantidad es sustancial.
Entre los actores de ese mercado que tienen influencia significativa en el Congreso, primero están los acreedores institucionales estadounidenses, que una vez atraídos por lo que una vez fue una sólida y triplemente exenta inversión compararon su deuda en los mercados primarios. Muchas de esas inversiones están repartidas en compañías de seguros, planes de retiro y en inversiones bancarias. Este grupo de inversionistas es extremadamente influyente en el Congreso así como en los círculos financieros estadounidenses. En el segundo plano, y debido a la obvia debilidad que la economía local comenzó a exhibir a partir del cierre gubernamental de 2006, comienzan a aparecer los fondos de cobertura, los buitres o “hedge funds”. Estos actores operan asumiendo un gran riesgo al comprar la deuda de empresas o naciones en problemas financieros. Comparan a gran descuento en el mercado secundario de deuda con la esperanza de cobrar lo más cercano al valor original de la deuda. Normalmente recurren a acciones judiciales y/o a presiones políticas para recuperar el valor original de la deuda y así lograr ganancias astronómicas sin consideración alguna para con los emisores de la deuda. Son estos los aparentes responsables del cabildeo congresional para socavar los esfuerzos del Gobierno de PR en obtener alguna protección de la Ley de Quiebras federal; obviamente, un desorganizado proceso en los tribunales les ofrece más posibilidades de ganancias. El tercero pero no tan mencionado actor en el drama de la deuda de PR son los aseguradores de la deuda, los llamados “monolines”; firmas dedicadas únicamente a asegurar las emisiones de obligaciones municipales. Aunque son un pequeño grupo de firmas las que dominan este mercado, son sumamente influyentes en el mercado de deuda municipal donde participan todas las demás jurisdicciones federales que los mismos congresistas representan. Basta ver la reciente influencia de estas en la reestructuración de la AEE. Como toda compañía de seguros, estas firmas procuran no desembolsar sobre las pólizas que suscribieron. El cuarto grupo son los fondos mutuos que venden sus productos a prácticamente todo el universo de inversionistas en los mercados financieros de los EEUU. Hay que recalcar que todos estos grupos tienen cabilderos e inversionistas en las campañas políticas y/o son los constituyentes de los congresistas. Por lo que sus reclamos son adecuadamente atendidos en el Congreso.
Observando los eventos recientes, una vez se desate la secuela de impagos a los acreedores estadounidenses, seguramente el Congreso legislará una Junta de Control Fiscal para la isla, mecanismo similar al que utilizaron con Washington DC. Tales fueron las propuestas de Cámara y Senado federal que no fueron consideradas en diciembre de 2015. Una propuesta Junta con la prioridad de garantizar el pago de la deuda y con virtuales facultades omnímodas sobre las finanzas de PR. Suceso que dará al traste con más de 117 años de lucha de los puertorriqueños por obtener algo de autonomía gubernamental, sin mencionar la terminación del mito de la “autonomía fiscal” del ELA. Pero más allá de los austeras medidas y el daño al limitado autogobierno que hoy tiene la isla, esta Junta tendrá la facultad de hacer recomendaciones muy particulares. El proyecto senatorial en su sección 432 lee; “...(3) making recommendations to the President for submission to Congress on changes to this title or other Federal laws or other actions of the Federal Government that would assist the Commonwealth government in complying with an approved financial plan and budget.” Mientras que el proyecto cameral en la sección 205 contiene estipulaciones similares.
Tales detalles contenidos en ambos proyectos, entre otros tantos, no han sido discutidos en los medios de PR. Sin embargo, ya indican una expectativa congresional de hacer cambios prospectivos a nivel federal en la relación entre PR y los EEUU. Resulta que la actual crisis fiscal de la isla es solo un síntoma del problema real de una incontenible contracción económica que ha sufrido la isla por más de una década. Por consiguiente, no le tomará mucho tiempo a los miembros de la Junta concluir que el problema fundamental de la isla es el colapso estructural de su economía. Que es una economía que dejo de ser competitiva al operar bajo una camisa de fuerza colonial en un mundo globalizado. Que el elevado pago de la deuda, junto a la creciente contracción económica y la fuga poblacional sentencian las posibilidades económicas de la isla. Que no es posible lograr crecimiento económico simplemente ajustando los gastos o aumentando ingresos como inicialmente tratará de hacer esa Junta. Que la isla es una jurisdicción condenada a subsidiar ciertos intereses comerciales en los EEUU. Que es un triste mercado cautivo dentro de la Cláusula Territorial. Que es solo una fuente para la multi billonaria repatriación de ganancias. Que está atada a la Marina Mercante más cara e ineficiente del mundo, incapaz de establecer tratados comerciales, sin autonomía fiscal real, circunscrita a las leyes del comercio ínter-estatal sin ser un estado, mendigando incentivos ajustados a intereses estadounidenses sin consideración para el bienestar de la isla y mendigando programas de asistencia social de cuestionables beneficios para la sociedad, entre otras tantas limitaciones y adversas consecuencias.
En resumidas cuentas, no es posible generar riqueza y bienestar de manera competitiva dentro de las limitaciones que impone la Cláusula Territorial sobre PR. Que por consiguiente la isla no puede pagar las deudas que ha incurrido y que no hay esperanzas de recuperación dentro de la relación actual. Esencialmente, que la Colonia de PR dejó de ser rentable para los intereses comerciales y financieros de los EEUU. Y sin alteraciones a la presente relación colonial, ¿qué posibilidad tienen políticas de austeridad que implantará esa Junta para activar la economía de la isla?
Resulta que políticamente es casi imposible el expandir el horizonte de posibilidades económicas para PR dentro de una relación con los EEUU. Primero la Constitución solo reconoce estados, territorios, naciones indias e internacionalmente las naciones extranjeras. Las posibilidades de enmiendas constitucionales para acomodar tratos territoriales especiales con PR son nulas. Tal fue el hoy fracasado intento con la creación del ELA; una vetusta relación colonial creada dentro de la Guerra Fría y que pronto cumple 65 años, por lo que casi cualifica el seguro social. Adicionalmente no es posible el otorgarle a un mero territorio privilegios que no ostentan los estados de la Unión. Por ejemplo, eximir a PR del Acta Jones implicaría hacer lo mismo para Alaska y Hawai que sufren de esa misma limitación comercial, pero que beneficia a ciertos influyentes estados portuarios como California, Florida y Nueva Jersey con sus industrias navales que se lucran de esos mercados cautivos. El permitir a PR entablar tratados comerciales internacionales implicaría un privilegio vedado a los demás estados, lo que trastocaría la Unión. Estos eventos crearían conflictos mayores para la unidad y armonía dentro de la Unión de los estados. En resumidas cuentas, el ordenamiento territorial y político de los EEUU no ofrece el espacio necesario para expandir la actual relación territorial de la isla. Lo que niega las posibilidades que la isla pueda superar su crisis económica y ni hablar de la capacidad de pago de las deudas con los acreedores.
Mientras el impago se desarrolle, las disputas judiciales se extenderán y la economía de la isla continuará su colapso. Por consiguiente el Congreso, como dueño y señor constitucional del territorio, tendrá que lidiar con las innumerables presiones políticas. Por ejemplo; acreedores institucionales exigiendo una pronta solución a para limitar sus pérdidas, aseguradores procurando no pagar sus pólizas, jurisdicciones estatales y municipales procurando proteger el mercado de deuda municipal, el ejecutivo federal presionando al Congreso por su inacción ante la crisis de la isla y sus ciudadanos, la comunidad internacional reclamando sobre el honor de los EEUU ante el colapso de un territorio el cual no han sabido administrar ni ayudar satisfactoriamente, estados y condados preocupados ante la cantidad de emigrantes boricuas en sus jurisdicciones, inversionistas preocupados con algún colapso del mercado de bonos y los fondos de cobertura procurando legislación que les garantice sus ganancias mientras acuden a los tribunales exigiendo que el Congreso asuma su responsabilidad fiscal. Precisamente este último punto es el que ha levantado el ex Gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Este señala un grado de responsabilidad congresional con la deuda de PR: que siendo constitucionalmente responsable de un territorio que no posee soberanía, el Congreso federal es responsable. Y quizás este fue el cálculo político y económico que hicieron los fondos de cobertura cuando adquirieron la deuda de PR.
Bien, ante este posible panorama, las opciones políticas del Congreso son limitadas. Estimo que la solución políticamente correcta y deseable será el eximir a Puerto Rico de la Cláusula Territorial, luego de negociar que el Tesoro federal asuma la deuda de la isla. ¿Y qué tiene que ver el Tesoro federal en todo esto? Pues obviamente la deuda de PR o el beneficio económico que esta representa. Sostengo que en algún trueque entre legislativo y ejecutivo, el Tesoro federal asumirá la deuda y posiblemente pagando menos de los $73B, ya que la asumiría a descuento. Esta acción servirá para garantizar el capital de los acreedores estadounidenses, protegerá el mercado de deuda municipal, como también eximirá al Congreso y sus miembros de toda una cantidad de presiones políticas, y quizás hasta judiciales. Efectivamente, con esta exclusión el Congreso haría con PR como una vez hizo un tal Poncio Pilatos. Para PR, este evento significaría la cesación de un enorme gravamen sobre las futuras generaciones de puertorriqueños. Pero más aún, abrirá la puerta al mundo de la soberanía. Soberanía que es requisito sine qua non para el éxito de cualquier país, aunque no garantiza ese éxito.
¿Será esta una alternativa aceptable para los acreedores estadounidenses? Con toda probabilidad, ya que así se les garantiza su inversión. Y es que estos no están en el negocio de especular con las exiguas posibilidades del éxito de un territorio ni con la administración del mismo o de sus agencias. Como ejemplo tenemos la reestructuración de la AEE que posee una operación de generación energética rentable. Sin embargo, no han habido procesos legales para embargar esas plantas. Y sobre el Congreso, ya en 1950 este otorgo la administración colonial a los residentes del territorio. Por lo tanto, la relación territorial de PR no es una de control político, es fundamentalmente monetaria.
Habrán notado que en mi análisis no he considerado la voluntad política de los puertorriqueños, los residentes del territorio. Y es que la voluntad del pueblo es y ha sido irrelevante para el Congreso y todo el aparato político de los EEUU desde el 1898. Postura que fue legitimada en los Casos Insulares, donde se establece que el Congreso puede discriminar contra los residentes de los territorios, una realidad netamente colonial. Igualmente, no he considerado la posibilidad de una anexión. Resulta que el primer paso para la anexión es la incorporación de PR como un territorio incorporado y esto conlleva impuestos federales sobre la isla. Acto que compromete la triple exención contributiva sobre los intereses de la deuda; una proposición totalmente inaceptable para todos los acreedores de la deuda. Y tal incorporación en nada altera los pobres prospectos económicos del territorio para pagar sus deudas ya que tendrá que pagar contribuciones adicionales y sin representación política alguna. Basta ver la exigua acogida que han tenido todos y cada uno de los proyectos de anexión o incorporación de la isla allá en los EEUU. Obviamente, no hay que considerar lo inexistente, me refiero al “pacto bilateral”.
Posiblemente la ruta de la soberanía para PR ya está trazada en los círculos del poder estadounidense, tal vez un “fait accompli”. No es razonable considerar como meras casualidades que súbitamente tantos eventos se hayan alineado contra la actual relación colonial como lo son; la crisis fiscal, la negación de mecanismos de quiebras, ausencia de rescates financieros, la latente imposición de una Junta fiscal que efectivamente desmantela el régimen colonial actual, simultáneos procesos judiciales en el Supremo federal de relevancia y que inciden sobre la relación territorial, un contundente pronunciamiento presidencial, así como las comentadas revisiones en las relaciones territoriales, entre otros. Y es razonable asumir que el cálculo federal procura en PR una jurisdicción exitosa. Ciertamente para nadie es deseable un territorio fallido, el único destino posible dentro de la Cláusula Territorial. Resulta que una próspera jurisdicción les ofrece posibilidades de un creciente mercado dentro del entorno geográfico, económico y hasta doméstico de los EEUU; esto al considerar los millones de puertorriqueños que hoy allí viven y han vivido. Y solo la soberanía ofrece tal oportunidad. Como dicen muchos, “win-win situation”.
Sin embargo, esta experiencia de súbita y casi unilateral soberanía implica claros retos para los puertorriqueños. El primero y quizás más importante es el romper con la psicología del colonizado a la que hemos sido sometidos por más de un siglo. No somos un pueblo de vagos, mendigos e incompetentes. De hecho, durante toda nuestra historia hemos sido un pueblo muy trabajador y productivo. Ninguna otra razón justifica la presente relación colonial, “ninguna nación tiene una colonia para ayudarla”, eso es un absurdo. Las colonias no se mantienen, por el contrario, ellas mantienen a otros. El segundo reto es nuestro terrible juicio electoral, el poder superar el destructivo hábito de avalar electoralmente la mediocre casta política que ha controlado nuestro destino por más de medio siglo. Repitiendo este craso error de juicio, las posibilidades de éxito son nulas; bien sea como república, estado federado o colonia en sus diferentes manifestaciones. Es imprescindible procurar un liderato político con visión y valentía para reconocer el momento, ya que esta crisis es solo una oportunidad. Ciertamente el ideológicamente quebrado liderato político actual falla en reconocer la realidad que vive la isla. Así como tampoco son capaces de comprender el proceder y las prioridades del aparato político federal, luego de más de un siglo de coloniaje. No podemos confiar en los que siempre nos han mentido y fallado.
Tengo que reconocer que es imposible pronosticar el futuro con certeza, que solo hago un posible estimado razonable. Igualmente acepto que la complicada madeja de relaciones e intereses económicos que inciden sobre la isla es difícil de comprender claramente y que no es posible abundar sobre todos los aspectos que afectan la relación política colonial de PR. Así mismo, que los eventos políticos pueden cambiar radicalmente. Lo innegable es que la presente relación colonial de PR ya no es aceptable, conveniente, deseable ni sustentable para virtualmente ninguno de los principales actores y afectados por la condición política de la isla. Que pronto el Congreso sentirá la presión de la crisis fiscal de la isla y que el espacio político dentro de los EEUU para sobrellevar la crisis es sumamente limitado. Por lo que la presente relación política de PR ha de cambiar y solo tiene un derrotero según la realidad política, económica, territorial e histórica de la misma relación colonial.
Concluyo, este inminente cambio de estatus no es un reto ni una amenaza. Por el contrario, es una gran oportunidad para todos.
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