(San Juan, 5:00 p.m.) El pasado lunes 25 de enero de 2016, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, en unión a la Sociedad de Abogados de Puerto Rico, de la Ciudad de Nueva York, radicaron un escrito de amigo de la corte ante el Tribunal Supremo de los EE.UU. La intervención de ambas organizaciones de abogados, se hizo en el contexto del caso de Gobierno de Puerto Rico v. Franklin Trust y otros.
Este es el sonado caso de la Quiebra Criolla, donde el gobierno de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari para revisar las dos determinaciones adversas que recibió el caso tanto en la Corte de Distrito Federal para Puerto Rico y la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston. La posición asumida por el gobierno de Puerto Rico en todo momento ha sido que, dado que la isla fue excluída de la Ley de Quiebras Federal en el 1984, para propósitos de las instrumentalidades cuasi-públicas del gobierno, su único remedio es legislar un mecanismo local para sentirse amparada.
La postura del gobierno Puerto Rico entonces es defender lo único que tiene: a partir de la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la posibilidad de regular de forma ordena la crisis económica de la isla. Lo curioso es que, en esta ocasión, y de forma diferenciada en lo que se hizo en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, el cual tuvo vista judicial el pasado 13 de enero, la comparecencia del Colegio fue en apoyo a la postura del gobierno de la isla. Este detalle, es uno particular, pues en esta ocasión el Colegio de Abogados reconoció que efectivamente había que buscarle un remedio a la situación jurídico política a la cual ha sido expuesto el gobierno de la isla.
Dicho lo anterior, la postura del Colegio de Abogados y Abogadas, consistente a su vez con lo dicho en el caso de Pueblo v. Sánchez Valle, es que sólo se podrán resolver los problemas económicos, sociales y políticos de la isla, si media un proceso de descolonización amparado a los estándares del derecho internacional público. Este proceso conlleva la transferencia de poderes por vía de la libre determinación y seguido de una asamblea constitucional de estatus.
La posibilidad de que la condición colonial de Puerto Rico tenga movimiento, parece hoy una realidad. En principio tanto el caso de Pueblo v. Sánchez Valle como el de Puerto Rico v. Franklin and others, nos ofrecen la posibilidad de moer la situación política y económica de la isla. Lo curioso es que en este caso el de Franklin, uno que nos afecta económicamente, la única institución de la sociedad civil de Puerto Rico que participó lo fue el Colegio de Abogados y Abogadas.
Ahora, simplemente, hay que esperar. Lo importante es que, en esta ocasión, la postura adoptada por el Colegio, lo fue apoyando la petición del gobierno de Puerto Rico. El efecto real de esto, es apoyar al pueblo de Puerto Rico que es la parte que sufrirá más si vence el capital financiero que demando inicialmente en este caso. Pensemos.
Crédito foto: succo, www.pixabay.com, bajo licencia de dominio público.