(San Juan, 11:00 p.m.) Mucho se ha hablado en Puerto Rico y en otros países de la enorme deuda pública externa e interna, que padece la colonia de Puerto Rico. La misma alcanza la cifra astronómica de setenta y dos millones de dólares, para un país cuyo presupuesto es de poco más de nueve mil millones de dólares anuales. Han sido numerosos los economistas, planificadores económicos, analistas financieros, auditores, contadores, sindicatos, cabilderos y otros profesionales que han sometidos sus opiniones al gobernador Alejandro García Padilla, y a la Asamblea Legislativa, sobre como manejar esta crisis.
Estados Unidos se ha hecho “el chivo loco” en esta situación, que ha paralizado las actividades económicas de inversión pública en Puerto Rico. En el Congreso de Estados Unidos se han celebrado varias audiencias (Hearings) sobre este escabroso y preocupante tema. Estas audiencias han sido aprovechadas por los bonistas y representantes de los Fondos Buitres que prestaron dinero a Puerto Rico, para paralizar cualquier alternativa que pueda aprobar el Congreso a favor de Puerto Rico. Debemos recordar que estos bonistas son grandes donantes de dinero a los principales partidos políticos: Republicano y Demócrata. Por otro lado, el gobierno de Puerto Rico ha sido incapaz de crear posibles soluciones a la crisis. Sólo buscan una enmienda a la ley de quiebra federal, para que la misma incluya a Puerto Rico y sus Corporaciones Públicas. Estas Corporaciones Públicas, (Autoridad Acueductos y Alcantarillado, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de los Puertos, etc.) desperdician varios millones de dinero al año y hace mucho tiempo que operan con déficit. Tal como se han inclinados los republicanos en el Congreso, ellos prefieren que se nombre una Junta Federal de Control Fiscal. Un organismo de esta naturaleza, daría al traste con la “cacareada” autonomía fiscal del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Algunos juristas han dicho que retarían la validez de esta Junta, pero olvidan que el Congreso puede legislar todo lo que quiera sobre Puerto Rico porque es el Soberano.
Una junta de esta naturaleza, resaltaría la situación colonial de Puerto Rico, la cual ha sido reconocida hasta por el presidente Barack Obama. Tal parece que el gobernador de la colonia, quien actúa como representante de Estados Unidos en Puerto Rico y su desprestigiado Partido Popular Democrático, serán derrotados en este empeño. Como siempre, en este y otros casos han ido a suplicar al Congreso “de rodillas.” El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla y su administración, incluyendo a la rama legislativa, han impuesto muchas contribuciones al pueblo de Puerto Rico. Esta abusiva carga contributiva ha sido en parte la responsable del actual éxodo poblacional, que solamente ha sido menor a la emigración de los puertorriqueños durante las décadas de los cuarenta y cincuenta. La misma está causando graves problemas pues se está reduciendo la base contributiva. También se ha creando un déficit de profesionales, en áreas tan importantes como la Medicina y en algunas materias de Educación. Algunos miembros del Partido Republicano del Senado de Estados Unidos (la mayoría en dicho cuerpo), han señalado que como Puerto Rico no se sabe administrar, hay que crear un organismo de control que responda al gobierno federal. Muchos legisladores de Puerto Rico han manifestado su repudio a la creación de una Junta Federal de Control Fiscal. El representante Luis Vega Ramos, envió reclamos a la jefatura del Comité de lo Jurídico del Senado federal en la reciente audiencia de la deuda de Puerto Rico, en la que califica esa junta como “antidemocrática”. Por otra parte, Jorge Colberg exsecretario general del Partido Popular Democrático (PPD), afirmó que bajo ninguna circunstancia se puede aceptar una legislación del Congreso que pretenda despojar a los puertorriqueños de los “derechos adquiridos.” Los Presidentes de las dos Cámaras legislativas, licenciados Jaime Perelló Borrás y Eduardo Bathia Gautier, asumieron posiciones ambivalentes sobre este asunto. Solamente los independentistas hemos repudiado la imposición de esta Junta, la cual consideramos como un acto imperialista. La misma podría revocar cualquier decisión financiera llevada a cabo por el gobernador, la Asamblea Legislativa y la Rama judicial. La imposición de una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico, sería un acto burdo de imperialismo de parte de Estados Unidos.
El pueblo de Puerto Rico debe estar muy atento para repudiar un cuerpo de esta naturaleza, ya que sería un retroceso político, un acto imperialista sobre la colonia y una salida para que Estados Unidos no asuma su responsabilidad fiscal de la parte que le corresponde en esta debacle económica de Puerto Rico.
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