El juicio contra un hombre que presuntamente participó en una conspiración para asesinar a su compañera porque ésta era una informante del Negociado Antidrogas de los Estados Unidos, comenzó esta semana en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El caso es de especial importancia porque el hombre: Edison Burgos Montes, podría ser sentenciado a morir si sale culpable.
El cadáver de Madelyn Semidey Morales nunca apareció, pero a Burgos Montes, quien era investigado por narcotráfico, se le arrestó cuando estaba lavando el carro en el que presuntamente se había transportado el cadáver de la informante. El ADN proveniente de una mancha de sangre de la occisa en el baúl del automóvil es la principal evidencia en contra del acusado por cargos de asesinato relacionados al narcotráfico. Este ADN compaginó un 99.9 por ciento con el de ella. De acuerdo a la ley federal, si la fiscalía lo pide, un veredicto inicial de culpabilidad conllevaría a un segundo procedimiento en que un jurado determinaría la aplicación de la pena de muerte. En Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos, la pena de muerte está prohibida, pero sólo en aquellos casos criminales que se ventilan en las cortes de Puerto Rico. En las cortes de Estados Unidos se permite la otorgación de esta pena en casos de asesinato que ocurren en relación con el cometimiento de un delito prohibido por ley federal.
Hace unos años un juez federal para el distrito de Puerto Rico decidió que la prohibición a la pena de muerte en Puerto Rico aplicaba también a los casos criminales en el Tribunal Federal. La decisión fue revocada en un tribunal de apelaciones federal. Desde los años 1930 no se ejecuta a nadie en Puerto Rico, y aunque han sido pocos los casos en que la fiscalía federal ha buscado a esta pena, estos han ocasionado gran interés entre la ciudadanía, y hasta demostraciones de júbilo cuando los jurados votan en contra de aplicar la pena. En los casos en que los jurados voten en contra de la pena de muerte, las guías federales dictan que la sentencia debe de ser de reclusión por vida.
Estos pocos casos se convierten en campos de batalla sobre materias como la moralidad y la relación de los Estados Unidos y Puerto Rico. Hay muchos puertorriqueños que se oponen a la pena de muerte, entre otras cosas, porque creen que la Isla debe de tener algún poder para decidir cuales leyes federales aplican a Puerto Rico y cuáles no. Hay además otros que creen que los Estados Unidos no debe tener ninguna injerencia sobre la Isla, y aún entre aquellos que quieren que la Isla sea un estado de los Estados Unidos hay unos reparos filosóficos y morales. Por otra parte, ha habido un crecimiento vertiginoso en el crimen en Puerto Rico, y los números de asesinatos no dejan de asombrar, y hay quien está pendiente a ver si este cuadro conllevaría a que un jurado compuesto de 12 puertorriqueños vote a favor de imponer la pena de muerte.