Réplicas de la Ley 7

Justicia Social

Cual si fuera un terremoto, la isla de Puerto Rico continúa viviendo las réplicas ó en buen castellano “aftershocks” de la nefasta Ley 7. La situación financiera de los Sistemas de Retiro de Empleados Públicos del Gobierno de Puerto Rico se ha deteriorado en años recientes producto, en gran medida del mal manejo de sus administraciones y el despido de 30,000 empleados públicos que aportaban al sistema. Retiro tiene un déficit actuarial de $25,000 millones –que es 7 veces el presupuesto –, lo que significa que el gobierno podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2022.

En el presente de esos 30,000 empleados públicos despedidos por la Ley 7 en el 2009, muchos están entre la espada y la pared económicamente, muchos han tenido que renunciar a sus pensiones diferidas para poder retirar sus aportaciones y cumplir con sus obligaciones familiares. La burocracia o el Sistema de Retiro dilatan y le hace difícil a los despedidos para la devolución de sus ahorros. El Retiro a cuenta gota le solicita documentos y les presionan que si no tienes los documentos solicitados su expediente será cerrado. Esto ocasiona que tengan que comenzar el proceso de nuevo cuando no están en manos del cesanteado la entrega de esos documentos, sino de la agencia que lo despidió.

En el 2010 el gobierno todavía estaba llamando a los empleados cesanteados para indicarles que sus documentos se habían vencidos y tuvieron que reponer todos los documentos y les solicitaron documentos adicionales para poder liquidar sueldos, beneficios, ahorros de Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) y aportaciones de Sistemas de Retiros. Mientras, millones de dólares se gastaron en supuestos servicios de apoyo que no crearon empleo ni mejoraron la condición socioeconómica de los perjudicados.

El gobierno despidió en el 2009 y liquidó sueldos, vacaciones, enfermedad, horas extras estatales y federales en el 2011. Si los despedidos tenían préstamos activos con Retiro en el 2009, los mismos continuaron acumulando intereses mientras se completaba la liquidación. El gobierno liquidado la deuda, puso al día las aportaciones del empleado a Retiro y entregó en algunos caso cheques de liquidación de 0, dinero que más costó la tinta con que se imprimió el cheque.

Si usted tenía algún ahorro en la AEELA y usted solicitaba el retiro de sus ahorros de la Asociación, los ahorros pasaban a su deuda en el Retiro. Pero cuando usted pasaba por el Retiro a ver el efecto de esta transacción usted descubría que esta transacción no redujo la deuda en retiro por el contrario la deuda continuaba subiendo.

El despedido entrega al Sistema de Retiro todos los documentos solicitados pero no se detienen los intereses por el préstamo sino que cuando se llama o vas a Retiro le dicen que sus solicitud está en estudio en una oficina, y que pasará a otra y en este son, pasan varios meses.

Hoy 2012 muchos de los despedidos por la Ley 7 están en la miseria económica sin una jubilación decente, un futuro poco halagador y con las aguas hasta el cuello. Las obligaciones familiares siguen acumulándose y esperando por lo que sobre, si sobra algo de sus aportaciones al Sistema de Retiro.