La reducción en el presupueso de $350 millones en dos años impuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha desencadenado una serie de reacciones de parte del estudiantado. Este último grupo ha iniciado una huelga en la UPR--al presente hay nueve recintos en huelga. Actualmente hay dos sectores que ponen en peligro la subsistencia de la Universidad de Puerto Rico (UPR): los estudiantes y la JSF. Tanto los estudiantes como la JSF pueden hacerle daño a la UPR a través de un mecanismo común--la pérdida de la acreditación. Los estudiantes van más adelantados en el proceso. Ya se perdieron las becas PELL y los fondos de investigación están en peligro.
Hay dos formas de lidiar con este problema para rescatar a la UPR. Se conoce que no es recomendable llevar dos frentes de guerra simultáneamente. Primero hay que lidiar con los estudiantes. Debemos evitar que en su impetuosidad éstos lastimen a la UPR. Los estudiantes hablan de diálogo, pero expresan intransigencia. Algunas de sus recomendaciones son muy sensatas como la auditoría de la deuda pública. La Administración de la UPR, rectores, profesores, empleados no docentes y la Junta de Gobierno deben emplazar al liderato estudiantil presentando una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que se abran los portones de la UPR. Para acelerar el proceso, el abogado demandante en representación de la UPR deberá solicitar la utilización del mecanismo de Certificación Intrajurisdiccional; de esta forma, el caso pasa directamente al Tribunal Supremo (TS). Esta es una medida extraordinaria que se utiliza para atender los casos que requieran una solución urgente o cuando el caso está revestido del más alto interés público por lo que deberá ser resuelto de forma expedita.
El TS en la huelga de 2010 dictaminó que los estudiantes no tienen derecho a la huelga, según se les reconoce a los obreros conforme a la Constitución de PR.
Los estudiantes sí tienen derecho a protestas organizadas según provisto por el derecho constitucional a la libertad de expresión y asociación. Indicó, además, el TS que la Administración de la UPR puede reglamentar el ejercicio de los derechos de expresión de la comunidad universitaria, para asegurarse de que las manifestaciones dentro del campus universitario no interrumpan el flujo normal de las tareas universitarias ni atentar contra los derechos de los individuos. La Administración Universitaria está en mejor posición que un tribunal para diseñar la política pública que adelanta sus objetivos pedagógicos. El cierre de la UPR por un período prolongado conllevará la pérdida de la acreditación de la instituciónpor parte de la Middle States Commission on Higher Education.
Por tanto, es responsabilidad de la Junta de Gobierno de la UPR mantener los portones de la institución abiertos y que la docencia e investigación no sean interrumpidos. Aunque parezca contradictorio, este litigio en contra de los estudiantes por parte de la Junta de Gobierno en efecto los protege para que no puedan ser acusados por la eventual pérdida de la acreditación de la UPR.
La segunda lucha será en contra de la JSF y deberá estar liderada por la Junta de Gobierno de la UPR con el apoyo masivo de profesores, estudiantes y personal exento no docente para impedir que los recortes millonarios excedan lo que la Junta Universitaria y la Junta de Gobierno de la UPR recomienden y evitar que la UPR colapse por falta de recursos económicos. Ninguno de los miembros de la JSF es egresado de la UPR, por lo que se pudiera inferir que no le tienen lealtad, amor ni cariño a la primera institución de enseñanza superior del país. Las funciones de la JSF no deben incluir en sus propósitos el fracaso del primer centro docente del país.
Si la UPR pierde la acreditación será principalmente por la falta de recursos económicos propiciada por la JSF. Subsiguientemente, otros programas como Medicina, Medicina Dental, Farmacia, Enfermería, Ingeniería, Salud Pública, etc., perderían su acreditación. Ya el Rector de Ciencias Médicas recibió una carta fechada 27 de marzo de 2017 de la Agencia Acreditadora Middle States Commission en la que le indican que la pérdida de recursos económicos podría tener repercusiones negativas en los programas de educación de la institución que él dirige. Esto equivaldría a un desastre total en la educación superior del país.
El pueblo de Puerto Rico, al igual que el Gobernador, tienen que respaldar a la Junta de Gobierno de la UPR y a todos los académicos para evitar el colapso de esa institución, patrimonio del pueblo de PR. No se presupone que la crisis fiscal que nos agobia justifique que la JSF y el Congreso norteamericano castiguen a nuestro país de esa forma tan atropellante. No podemos ser tan sumisos como pueblo.