En la saga del caso de un joven puertorriqueño asesinado por otros dos jóvenes, también puertorriqueños, ayer se arreastó al segundo victimario, quien se encontraba a la fuga. Jordan Arroyo se encuentra hoy detenido por haber asesinado al joven Stefano Steenbakkers-Betancourt, y en donde participó el joven Alexis Amador Huggins - quien también se encuentra hoy detenido. Ambos arrestados se exponen, de ser hallados culpables a una potencial pena de muerte en los procesos que se ventilan ante el tribunal federal de los EE.UU en Puerto Rico.
Nos parece que dentro del sistema mediático y de prensa, el rol de los periodistas y sus mesas de redacción es dar la noticia y no crear la opinión pública en torno a un evento. En el momento actual, y en vías de un referendum constitucional que se avecina en Puerto Rico para el 19 de agosto de 2012, donde se restringen ciertos derechos de la constitución, no es posible fomentar noticiales que fuercen a tomar una posición u otra. En particular, porque en el referido referendum lo que está en juego es que se desea restringir el derecho absoluto a la fianza en casos de asesinatos, equiparando la condición de Puerto Rico a la del gobierno federal de los EE.UU.
Esta parte de la conversación es una que no se ha traido a la luz pública. Desde septiembre de 2010, el sistema de justicia criminal de Puerto Rico opera como un apéndice del gobierno federal de los EE.UU. En particular se federaliza todo caso de asesinato, en el cual los federales asumen jurisdicción y los acusados se enfrentan a un sistema mucho más estricto de manejo de su caso, incluyendo la ausencia total de fianza. Esta práctica se define como una de federalización, y en el caso de Puerto Rico tiene consecuencias negativas para la población.
Es a esto que nos referimos cuando decimos que se está autorizado a asesinar a los pobres y negros. Es decir, el proceso del sistema de justicia criminal, como en el resto del Caribe, de una forma u otra, termina criminalizando y procesando siempre a los más pobres. Estos en el caso de Puerto Rico, coinciden con ser a su vez negros. Si a esta población los exponemos a procesos de encarcelación prolongados; muertes violentas; o marginación social profunda; entonces lo que estamos promoviendo es un sistema de justicia criminal [federalizado] que criminaliza a los más pobres que suelen ser negros.