“La seguridad constituye para nosotros la prioridad máxima”, escuché decir ayer a un funcionario de gobierno. Esa declaración, sin embargo, despertó mis recuerdos del pasado. Corrían los años 90 y mientras esperaba a que mi padre me recogiera después del colegio, atendía los titulares de las noticias. De repente, seguido de la palabra asesinato escuche, “las cosas han llegado al límite de nuestra paciencia”.
Hoy día, la situación es mucho mas seria. No por el alza en el crimen, ni la violencia en las muertes, sino por lo efímera de la respuesta social. La policía, los funcionarios públicos, los expertos en criminología, la opinión publicada, todos ofrecen a medias tintas un pésame con frases huecas que ni se aproximan a las causas del problema. “Este crimen demuestra que nuestra sociedad está en un estado de colapso y se ha rendido ante una actividad criminal incontrolada”. Y como bien aprendimos en el colegio, para solucionar un problema primero hay que identificar las causas.
La criminalización de la pobreza es solo una parte del problema. Más preocupante aún, es el fraccionamiento social. Estamos en un contexto en el que hacer las cosas bien no es rentable. El consumidor responsable paga más, el empresario responsable gana menos y el político valiente no dura tres días. En este escenario, los magnates de la droga en “los caseríos” se erigen en defensores de la gente humilde. Sin embargo, no lo son y lo que es peor, la alternativa que imponen (incluyendo un sacrosanto código de honor) sumerge a estos ciudadanos en la clandestinidad, la opacidad y en ultima instancia, en el ostracismo. La oportunidad de vida que ofrecen los magnates para “resolver” lo que el gobierno no resuelve, acarrea más problemas, más estigma y aísla a estos ciudadanos de sus instituciones democráticas de gobierno.
Sin estructura ni orden social, pero con un código de honor donde se protege “al local”, aunque no sea “legal”, se perpetua una conducta de animales de selva donde impera el sálvese quien pueda. Bajo ese mantra, también actúan los funcionarios electos, en total impunidad política. No podemos pretender construir un país manteniendo un discurso social para “los del residencial” y otro “para los políticos corruptos”, porque al final, es el país el que esta colapsado. El síndrome de la jungla nos toma como prisioneros; son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias de un gobierno inoperante y quien gobierna, es la inseguridad ciudadana y social.
Si bien es cierto que los asesinatos han aumentado desde que el país entró en recesión, otros delitos, también, se han disparado. Los asaltos armados a viviendas subieron, los atracos callejeros, los hurtos y las agresiones son frecuentes. Y la policía estima que el aumento continuará. Decía la doctora en criminología y principal forjadora de nuestro código penal Dora Nevares: “estamos ante una sociedad profundamente dividida y confundida en sus objetivos colectivos. Atender la criminalidad que sacude nuestra convivencia social es un asunto complejo que requiere de una agenda ciudadana, social y política, basada en datos empíricos y en la realidad social, económica y política de nuestro país”.
Nuestra sociedad padece de una severa enajenación mental transitoria y mientras, no asuma que debemos solidarizarnos como colectivo, echar el egoísmo individual a un lado y valorizar a la persona por lo que es y no por lo que tiene, continuaremos escuchando el tan odiado: Otro crimen atroz...