Es un tipo de situación difícil, cuando el estado, ya sea amparado por la constitución o por los criterios de aquellos en el poder, levante o suspende las garantías constitucionales que protegen a la población. Se requiere de un momento de mucha inestabilidad para que un estado levante esta condición. En el caso de Puerto Rico, no se ha proclamado un estado excepción, lo cual ni se encuentra sancionado por la constitución del país. Ahora bien, ante la ola de criminalidad que el estado alega, se vienen dando una serie de cambios en el estado de derecho que de facto constituyen un estado de excepción. Ojo con los falsos profetas: las estadísticas en torno a la criminalidad alegan que estamos viviendo una baja, aunque el estado justifica todas sus acciones invocando que estamos en una situación de mucha inestabilidad.
Lo problemático, en el caso de Puerto Rico, es que el verano ha sido uno donde se han concentrado todos los esfuerzos por crear un momento cultural donde se alegue y se justifique cualquier acción para atajar el problema de la criminalidad. Ante esto, no es posible hablar más desde lógicas racionales – por el contrario, todo pasa por la emotividad y de paso se toman medidas repentinas que no resuelven mucho y que causan problemas mucho más profundos.
Desde esta lógica, llegando a la última quincena del verano, y adentrándonos en lo profundo del mes de julio, hay que rechazar muchas de las medidas que está proponiendo el gobierno para atajar el problema de la criminalidad. Las mismas lo que hacen es reducir los derechos fundamentales del pueblo, aún resguardado por la constitución.