El gobernador de Puerto Rico anunció que privatizará la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Eso sugerían algunos políticos del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) que son los adalides de la privatización de servicios esenciales en Puerto Rico. La teoría es que el gobierno es ineficiente y que la empresa privada lo hace mejor. Los costos para el pueblo no son tan importantes en esa ecuación ideológica porque se parte de la base de que los que ganan más sostienen a los que ganan menos. Los que trabajan no se verán tan afectados como los que no trabajan porque generan ingresos suficientes para costear cualquier aumento en costo a cambio de la eficiencia operacional.
En esa teoría hay profundos prejuicios de clase que pocos quieren aceptar, porque implica aceptar que ellos, los que trabajan en la economía formal, se sienten y son superiores a los que no trabajan oficialmente.
El gobernador y sus líderes legislativos siguen la ruta de la Junta de Control Fiscal. Pelean para las gradas y consienten tras bambalinas los dictados del modelo neoliberal, de austeridad y de privatización, que dicta la Junta. El poder federal actúa a través de la Junta para garantizar sus intereses en el territorio no incorporado que somos, tiene la meta de reducir costos sociales, pagar la deuda y regresar al camino de las ganancias para la empresa privada. Para ello, convencen al pueblo de que el fallo en administración ha sido de los puertorriqueños y sus gobiernos que venían a robar. La gente cree ese discurso y lo divulgan varios analistas del patio porque es “avant garde “, de avanzada y aceptable para las masas. Pero el argumento usado se inserta en la teoría desarrollara por Naomi Klein, bajo la cultura del shock.
El gobernador vende su propuesta asegurando eficiencia y menos costos. Argumenta que “Parte de los ingresos que se generen por la venta de los activos de la AEE se utilizarán, para capitalizar los fondos de retiro de los empleados. Los trabajadores tendrán participación y formarán parte de su transformación. Los abonados son “rehenes” de la AEE y tras la privatización “tendrás el poder de escoger entre varias opciones, la mejor que te sirva”, de acuerdo con un artículo periodístico.
Ese día, varios medios entrevistaron a personas que evidenciaban que estaban a favor de la privatización. Invariablemente se hacían eco del discurso de la obsolescencia de la Autoridad, de los costos de producir energía y de cómo la libre competencia abarataría costos. Lo mismo que la Junta de Control Fiscal, que “venía a traer eficiencia administrativa y evitar el robo de los políticos”.
La mayoría apoya ese discurso porque sabe de la frustración del pueblo por la de falta de luz y el costo de la gasolina para operar plantas y generadores de corriente. Lo dicen ahora; no darán cara cuando vengan aumentos de luz, se eliminen subsidios en los municipios, en residenciales y se prive al gobierno de la posibilidad de vender energía barata a las empresas que quieran establecerse y garanticen generar empleos si la energía de producción no es mucho más cara que ahora.
Dan la apariencia de imparcialidad, invitando a Ángel Jaramillo (UTIER), a ambientalistas y a algunos pocos que tienen datos para defender que el pueblo tenga en su poder el recurso de generar electricidad y estimular con ello el desarrollo.
El balance de información, desde la perspectiva estadística, es probablemente de ochenta a veinte a favor de la privatización. Eso es propaganda y manipulación de la opinión pública. Es lo que el pueblo tiene que combatir exigiendo datos precisos a quienes administran y legislan. Igual que el agua, los peajes, los costos de viajar en aeropuertos y otros servicios, la privatización es para ganancias del capital, no para servicio al pueblo.