En Puerto Rico la Sociedad Civil y las organizaciones comunitarias han tomando conciencia sobre la necesidad de proteger el ambiente y los recursos naturales, la defensa de nuestro patrimonio costero y su apoderamiento para exigir una participación activa y efectiva en el proceso de planificación y en la toma de decisiones que habrán de afectar de una manera directa o indirecta el bienestar del país.
En Puerto Rico, el panorama de las áreas costeras se complica por el acelerado proceso de construcción de urbanizaciones unifamiliares en la zona. Muchas de estas infraestructuras se han propuesto como proyectos turísticos. Las tendencias de la ocupación del espacio y del desarrollo a partir de la década de los 60, han incrementado la presión sobre los sistemas naturales y ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades a riesgo naturales. Según datos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, para el 2050 se duplicará el suelo urbanizado en al zona costera, alcanzando el 44% de esa franja del territorio y en la zona noreste se espera que el impacto sea más dramático con 93% del totalidad del territorio urbanizado, todo ello a expensa de terrenos reforestados y próximos a terrenos de alto valor ecológicos.
Estamos observando un aumento en el nivel del mar y un consecuente aumento en la erosión de costas. Con el tiempo, este cambio climático se reflejará en inundaciones costeras que penetran más tierra adentro, arrasando más territorio. Se pronostica una pérdida 100 metros de playa finales de este siglo, lo cual implica la desaparición de prácticamente todas las playas de la isla. Mientras no se legisle favorablemente en dirección de tomar medidas para proteger nuestras costas, en poco tiempo las playas de Puerto Rico desaparecerán.
Plasmamos la preocupación, posición y compromiso sobre la necesidad imperante de lograr un desarrollo económico social y solidario que seriamente incluya la protección y el manejo adecuado de los recursos naturales.