Las protestas sociales en Ecuador

Agenda Caribeña
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altEl 19 de febrero de 2017 se efectuaron elecciones a la presidencia y vicepresidencia de la república en Ecuador. Debido a que ninguno de los candidatos a la presidencia obtuvo más del 40% de los votos, fue necesario convocar a una segunda vuelta.

En ella se enfrentaron por la agrupación “Alianza País” el candidato oficialista, Lenin Moreno, quien había fungido como Vicepresidente de Rafael Correa, y Guillermo Lasso de “Alianza por el Cambio”. En esta segunda vuelta electoral Moreno alcanzó el 51.6% de los votos mientras Lasso, obtuvo el 48.84%. A pesar de estos números finales donde resulta ganador Moreno, lo cierto es que Lasso obtuvo un avance en el número de votos obtenidos en esta segunda vuelta de más de un 20% respecto a la primera; mientras que Moreno obtuvo un aumento de poco menos de 11%. A Moreno le acompañó como candidato a la Vicepresidencia Jorge Glass, quien también había ocupado esa misma posición durante uno de los mandatos de Rafael Correa.

A la fecha del resultado de las anteriores elecciones de 2017, habíamos indicado que “Alianza País” se había erosionado como partido político de cara a dichas elecciones. Esto trajo como resultado un país profundamente dividido. Dijimos entonces que a pesar del desgaste de Alianza País, el peor de los escenarios hubiera sido perderlas con lo que hubiera significado el retroceso en las conquistas sociales producto de la Revolución Ciudadana impulsada por el presidente Rafael Correa y el regreso, de haber prevalecido Lasso, a las recetas neoliberales. Sin embargo, lo que no pudimos prever en aquel momento era que, con el triunfo de Lenin Moreno, el neoliberalismo también se impondría durante su nuevo gobierno.

En efecto, Moreno se ha comportado como un topo neoliberal dentro del gobierno de Rafael Correa que ahora deja ver su verdadera naturaleza. Descubriendo su verdadero rostro, apenas juramentado en su cargo, Moreno dirigió su ataque contra su propio compañero de papeleta, primero despojándolo mediante el Decreto Presidencial Núm. 100 de sus atribuciones constitucionales; y luego, procesándolo como un criminal corrupto. Nuestra advertencia formulada antes del resultado de las elecciones, a los fines de que sería algo en extremo negativo para la población de Ecuador que su gobierno regresara a los viejos tiempos donde las multinacionales y la oligarquía sometida a los intereses imperiales dominaran el escenario político, luego de más de dos años de gobierno de Lenin Moreno, ha resultado profética.

A la altura del mes de abril del presente año, denunciamos la decisión del gobierno de Moreno de retirarle la protección diplomática en la embajada de Ecuador en Londres a Julián Assange. Señalamos que, con tal acción por parte del gobierno ecuatoriano, se violentaba el derecho de asilo político conferido a Assange durante el gobierno de Rafael Correa, sino que quedaba desacreditaba la soberanía ecuatoriana al supeditar la misma a los designios y exigencias hechas desde Washington. Para entonces ya era evidente que Moreno había renegado del proyecto político de Alianza País que diera sostén a la Revolución ciudadana, adhiriéndose al proyecto neoliberal y depredador de los sectores oligárquicos en Ecuador. Más adelante pudimos observar cómo Moreno, primero cerraba la sede de UNASUR para luego hacer causa común con aquellos integrantes del denominado “Grupo de Lima”, hoy denominado PROSUR, sumándose de paso al coro a las políticas injerencistas de Washington sobre América Latina, particularmente contra la República Bolivariana de Venezuela.

El más reciente golpe del gobierno de Moreno contra su propio pueblo lo dio el pasado 1 de octubre, cuando hizo público la imposición a los ecuatorianos de nuevas medidas de choque neoliberal requeridas por el Fondo Monetario Internacional. Cuando examinamos las mismas, encontramos gran parecido con aquellas que desde el año 2009 se han venido imponiendo en Puerto Rico, sobre todo a partir de la famosa “medicina amarga” prescrita por el gobernador Luis Fortuño y ampliamente aplaudidas por los sectores empresariales y del capital bancario en nuestro país. Entre algunas de las medidas adoptadas en Ecuador se encuentran la eliminación de subsidios a los alimentos, incrementos en los precios de la gasolina y el diésel; la reducción en un 50% de los días de vacaciones de los empleados públicos; modificaciones de los derechos de los nuevos trabajadores en los contratos de empleo ocasionales reduciendo el 20% del valor de los salarios; el despido de empleados públicos, etc.

De acuerdo con Rafael Correa, en los dos años que ha ocupado la presidencia, Moreno “desfinanció al Estado adrede y sumió a 500 mil personas en la pobreza.” Señala que durante los 10 años que duró su gobierno, se dio una inversión en Ecuador de $100 mil millones limitándose, el crecimiento de la deuda pública en $14 mil millones. Moreno, sin embargo, en dos años de gobierno, ha hecho crecer la deuda pública ecuatoriana en $15 mil millones adicionales.

Las protestas sociales no se han hecho esperar. Decenas de miles de integrantes de las poblaciones originarias se han desplazado en marchas hacia Quito, la capital de Ecuador, denunciando el incremento en el precio del combustible. En sus protestas solicitan la dimisión de Lenin Moreno, mientras sectores políticos, incluyendo el propio Rafael Correa, reclaman la convocatoria a nuevas y anticipadas elecciones. Es dentro del marco de las protestas que el gobierno de Moreno aprovechó el momento para, sin justificación alguna, mover la sede de su gobierno a Guayaquil, sede del centro financiero del país.

El Fondo Monetario Internacional ha expresado su endoso a las políticas adoptadas por el gobierno de Moreno. Claro está, son políticas basadas en su propio recetario. Utilizando un lenguaje ya conocido en nuestro país, el FMI señala:

“Las reformas anunciadas…por el presidente Lenin Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana, y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo.”

Más aún, el FMI ha reconocido que “el gobierno también está trabajando en importantes reformas destinadas a apoyar la dolarización de Ecuador, como la reforma al Banco Central y el Código orgánico del presupuesto y planificación.”

Es claro que, en su apoyo al gobierno de Moreno, el FMI no hace otra cosa que proteger sus propios intereses. Hasta el pasado mes de agosto, Ecuador había recibido del FMI la suma de $2,113 millones. Se encuentra, además, en espera de recibir otros $2,511 millones, de los cuales $500 millones se recibirían a finales del año en curso. Simultáneamente con esta inyección económica, Ecuador ha anunciado su retiro de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), alegando la necesidad de asumir “los asuntos y retos internos” del país “relacionados con la sostenibilidad fiscal.”

Las protestas sociales que se han venido desarrollando adquieren cada vez un carácter más confrontacional entre los manifestantes y el gobierno de Lenin Moreno. En estos momentos, la protesta contra el incremento en el precio de los combustibles y en el paquete de medidas económicas de carácter neoliberal, se vinculan con el reclamo de renuncia del gobierno. Ante las movilizaciones de masas, Moreno ha decidido mover las funciones de gobierno, que hasta el desarrollo de las protestas tenían como centro la capital del país, Quito, a la ciudad de Guayaquil.

En Quito y otras ciudades, cientos de manifestantes han sido arrestados, mientras aumenta también el número de heridos y muertos en los enfrentamientos. En una alocución al país, el presidente Moreno acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro, al cual señaló como “sátrapa”, ser el responsable e instigador de lo que caracterizó como un “golpe de Estado” contra su gobierno. Señaló también la alegada complicidad de desde el territorio de Venezuela del ex presidente Rafael Correa y del ex canciller Ricardo Patiño Aroca.

De acuerdo con Jesús Gonzáles Pazos, en escrito publicado en ALAI América Latina el pasado 9 de octubre:

“Ecuador vuelve a entregarse al mejor postor a través de las medidas que una vez más impone el FMI (Fondo Monetario Internacional) a cambio de una ayuda para tratar de dar viabilidad a la maltrecha economía. Sin embargo, esa ayuda supone el automático mayor endeudamiento del país y la supeditación absoluta a las directrices dictadas por ese organismo internacional, abanderado del neoliberalismo más ortodoxo, con lo que esto supone de pérdida de soberanía. Organismo que sigue aplicando las mismas recetas que fracasaron estrepitosamente respecto a la mejora de las condiciones de vida de la población durante la década perdida; aunque también hay que tener en cuenta que esas medidas nunca pretendieron esto último sino el aumento de beneficios de las élites económicas locales y transnacionales. Este es el deja vu que explica el levantamiento popular en Ecuador, con un protagonismo recuperado del movimiento indígena que, como en los años 90 del siglo pasado, concentra fuerza y movilización gracias a la memoria corta que supone tener muy presente el empobrecimiento que las recetas neoliberales supusieron para un país con enormes recursos naturales y que, sobre todo, no quiere repetir la historia. Como ha señalado la profesora de la Universidad de Valencia Adoración Guamán los pueblos ecuatorianos se han encontrado con un “neoliberalismo por sorpresa”, traído por un presidente que gobierna en sentido totalmente contrario al programa que propuso en elecciones. Y esto por si solo explica la protesta social.

Ciertamente la propuesta neoliberal que hoy impulsa Lenin Moreno, no sólo constituye la antítesis de las posiciones que en el pasado sostuvo cuando fue funcionario del gobierno de Rafael Correa, sino también, del programa de gobierno con el cual en 2017 fue a las urnas.

Ese despertar de la conciencia del pueblo ecuatoriano, que en este momento se torna en impredecible saber hasta dónde llegará, es el mismo despertar que hoy se avizora en otras naciones de América Latina, aquellas donde se vive una lucha intensa frente al fracaso de la implantación del proyecto neoliberal.

En Ecuador todavía las cartas y las opciones no están claramente definidas. Lo que sí es cierto es que hay oposición y resistencia, y esa oposición y resistencia se está dando desde la calle.