Durante el juicio de residenciamiento del Presidente Donald J. Trump el Senado norteamericano estableció la dudosa decisión, de imposible aplicación, de celebrar un juicio sin testigos y documentos pertinentes al caso.
El juicio es presidido por el Hon. Juez John Roberts, Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Juez Roberts fue recomendado por el presidente George W. Bush al Tribunal Supremo en el 2005. Fue confirmado en votación de 13 a 5 por el Comité de lo Jurídico del Senado. Es curioso que Chuck Shummer, Joe Biden, y Dianne Feinstein se opusieron a su nombramiento. Esos políticos aún están activos en la política de Estados Unidos. Durante el proceso de confirmación el Juez Roberts indicó-- los jueces son como los árbitros, no hacen las reglas sino que las aplican, nadie va a un partido a ver al árbitro. Ese comentario posteriormente ha sido interpretado como incorrecto ya que en ocasiones los jueces imponen sus puntos de vista y no lo que está en la Constitución. El presidente Trump ha criticado las actuaciones del Noveno Circuito de Apelaciones y le señaló al Juez Roberts que él tenía jueces de Obama. El Juez Roberts le contestó que los jueces no son de Obama, Bush, Clinton ni de Trump. Trump estuvo molesto con el Juez Roberts pues éste emitió el voto decisivo que impidió se eliminara el Obamacare. Su participación ha sido la de un espectador, con muy poca participación- un árbitro que no ha cantado las jugadas. Su participación se ha limitado a amonestar los gerentes demócratas y a un abogado del Presidente pues su comportamiento no era el adecuado. Luego de varios días en la que los gerentes de la Cámara de Representantes presentaron su alegatos, el viernes por la tarde se llevó a votación si se permitía se citaran testigos y documentos para continuar el juicio. El resultado en votación estrictamente partidista fue de 51 en contra y 49 a favor. Otras cuatro enmiendas para citar por subpoena a los testigos fueron derrotadas. El propio Juez Roberts expresó que no le correspondía él citar testigos por encima de la voluntad del Senado. El defensor del Presidente Trump McConnell sometió las fechas para la votación final que será el miércoles 5 de febrero de 2020. Se da por sentado que el Presidente Trump será exonerado de las acusaciones que pesaban en su contra. El Senado ha desaprovechado la oportunidad de hacer prevalecer la separación de los poderes en una democracia, entregaron ese poder al ejecutivo. Un juicio sin testigos es una farsa, una burla a la justicia. Tanto el Senado como el Juez presidente hicieron el ridículo. La Constitución está correcta, los que la aplican no.
Diez años atrás la Corte Suprema Federal decidió el caso Citizens United permitiendo la existencia y participación en la política de los súper PAC’s (Political Action Committees) y la utilización de fondos secretos de billonarios o del extranjero. Se perdió la confianza en el gobierno y creció la percepción de que Washington era un pantano de dinero político que alimentó las posibilidades de la elección de Trump.
La inacción del Senado y del Presidente del Tribunal Supremo promueven que el Presidente se convierta en un rey o en un dictador.
Todavía le queda al Tribunal Supremo el mecanismo de revisión judicial establecido en el caso Marbury v Madison en el 1803 por el juez John Marshall donde se establece la supremacía de la Constitución norteamericana. Ese mecanismo le permite al Tribunal Supremo revisar las leyes, tratados y convenios que hace el Congreso para determinar si son o no constitucionales. La decisión tomada por el gran jurado (Senado) sin testigos y documentos no puede ser aceptada como correcta. Compete al Tribunal Supremo corregir ese entuerto y preservar la separación de poderes que es la base de la democracia de Estados Unidos.