(San Juan, 9:00 a.m.) Por el aislamiento al que estamos forzados, no hablo a nombre del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico del cual soy portavoz. Estoy seguro que la mayoría de nuestros compañeros (as), aprobaría mis expresiones.
Lo que hacen con el líder de protestas cívicas, Giovanni Roberto, es una estrategia policiaca que busca crear un efecto que congele la protesta, la que está en curso y las que vienen. La idea de estos arrestos selectivos contra líderes, es intimidar y disuadir a sus seguidores y al pueblo que los respeta y coincide con ellos, aunque sea desde el encierro impuesto. Ese encierro, que en parte es por razones de salud legitimas, por otro lado ya parece que es también, para acallar la indignación y la resistencia contra un gobierno incompetente y opresor. Ninguna ley y orden ejecutiva, puede estar por encima de la Carta de Derechos, que aún con sus limitaciones para implementarla, garantiza la libertad de expresión, de asociación, el derecho a pedir reparación de agravios, y a informar al pueblo sobre la disidencia popular.
Aunque la legislatura avale sin vistas públicas, sin mayor análisis y sin apertura popular, que se conviertan en delitos los actos y expresiones que establece la orden ejecutiva, eso no cura los vicios de inconstitucionalidad, por vaguedad, por sobre amplitud y por violentar el principio de derecho penal, que se llama principio de legalidad (nulla pena sine lege). Ese principio establece que la conducta punible penalmente, tiene que estar claramente definida en una ley que el pueblo conozca y entienda en sus conceptos básicos. En esta circunstancia crítica, los jueces tienen que preservar el juramento que hicieron de respetar la Constitución y las leyes vigentes, incluyendo los precedentes, que aún consagran los principios que apunto.
Es claro y urgente que el Estado debe liberar a la brevedad posible a Giovanni Roberto, líder de los comedores sociales, maestro de profesión y dirigente de causas populares. El Estado representado por la policía que intervino, viene obligado a garantizar su integridad física y llevarlo a un magistrado, si la fiscalía no accede a liberarlo antes. Este es un derecho del arrestado, para que un juez con ánimo no prevenido, determine no causa por lo que son actuaciones legítimas y constitucionalmente protegidas. Mañana es primero de mayo, día de los trabajadores. Se había anunciado por varios sindicatos la convocatoria a protestas pacificas contra varias irregularidades de este gobierno, contra los trabajadores y los más necesitados de servicios básicos.
Este arresto nos hace pensar que lo que se pretende es un escarmiento general a los que planean expresarse, en las calles, aunque lo hagan desde sus vehículos, con mascarillas y sin obstaculizar tráfico ni actividad gubernamental alguna. De ahí la base para impugnar la orden ejecutiva por sobre amplitud y vaguedad, como muy bien anticipó el Juez del Tribunal Supremo, Hon. Rafael Martínez. Este abuso de poder y de la fuerza del Estado, no puede ni debe permitirse sin protestar y reclamar el respeto a los derechos constitucionales básicos de nuestro pueblo. Sigue vigente la frase rectora y como un presupuesto necesario para nuestro pueblo, “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”. Hagamos de las palabras un compromiso ético de acción. Contra la represión la intensificación de la protesta legítima.