No al nuevo Código Civil

“No hubo vistas en el Senado, no hubo un proceso de consulta y el Senado enmendó gran parte del trabajo de la Cámara. Entonces, cuando se va a aprobar la gobernadora pide tiempo y lo único que habíamos conocido es que pidió tiempo”, agregó, mientras indicó que prácticamente todo se paralizó desde mediados de marzo a causa de la emergencia de COVID-19.

Román Espada reconoció que no existe certeza alguna sobre el contenido de las enmiendas que se podrían introducir antes de que la medida se lleve a votación y que es necesario que la gobernadora Wanda Vázquez revele los cambios que propone, independientemente de si son acogidas o no en el Senado.”

Para Esther Vicente, profesora universitaria de Derecho y ex integrante de la Comisión de Derechos Civiles, la emergencia provocada por COVID-19, entre otras cosas, imposibilita que personas interesadas en el tema del Código Civil participen adecuadamente de la elaboración de la pieza. “La Fortaleza no debe firmar ningún proyecto que no sea transparente. La gobernadora ha dicho que implantaría una política pública de transparencia y en esto no ha sido así”, dijo.

“Hemos tenido muy poco acceso a la información relacionada con el proceso de reforma del Código Civil, que es un instrumento sumamente importante para la sociedad y se debe atemperar a los tiempos. A nivel social ha habido muchísimos cambios y se deben reflejar. No debe ser solo recoger la mirada de un sector conservador que no necesariamente respeta los derechos humanos de todas las personas.”

Por su parte la exprocuradora de las Mujeres y también profesora universitaria, María Dolores Fernós dice que “pretender aprobar el Código Civil en el Senado el próximo lunes es un “atropello”.

“Es un atropello que en un momento tan crítico se pretenda aprobar una revisión al Código Civil que altera derechos fundamentales. Es inconcebible que no se hagan públicos los cambios que han anunciado sobre los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos de la comunidad LGBTTIQ+. No es aceptable, para un país democrático, que se pretenda legislar a oscuras del pueblo”, aseveró.

Por su parte, Ricardo González, pasado presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, División del Caribe, insistió en que los cambios introducidos al Código Civil tienen que basarse “en la mejor evidencia social y científica posible del Siglo 21”.

“Nos preocupa grandemente que, en la parte de familia, no se atienden gran parte de las preocupaciones que hemos esbozado. Tenemos preocupación particularmente con la figura del nasciturus, ya que en algunas jurisdicciones se pone la vida del no nacido al nivel de la madre, lo cual representaría un cambio enorme en la jurisprudencia que sostiene que la vida de la madre va primero y se protege su derecho a decidir sobre su propio cuerpo”, dijo.

El portavoz de Puerto Rico para Tod@s, Pedro Julio Serrano, exigió que se revelen las últimas enmiendas al documento, particularmente las que tienen que ver con el derecho a introducir cambios en el certificado de nacimiento de las personas trans.

“Ya en el pasado este gobierno, tras derrotar los proyectos de libertad religiosa y de terapias de conversión, los volvieron a presentar. Nos trataron de coger de lo que no somos como hacen con los suyos. Es imperativo que se muestren las enmiendas desde hoy para que el pueblo sepa cuál es el proyecto final que votará el Senado. Exigimos que ningún derecho adquirido, como el aborto, el matrimonio, la adopción y el cambio de certificado de nacimiento, sea alterado o eliminado de nuestro estado de derecho”.

De no ser enmendado para reconocer de manera explícita los derechos de las personas transgénero, el Código Civil propuesto podría ser impugnado en los tribunales por su lenguaje confuso en torno a los cambios permitidos en un certificado de nacimiento.

Aunque el proyecto de ley reconoce que todo ser humano tiene derecho a un nombre, de la forma en que se interpreta el proyecto de ley se requiere que personas transgénero reciban auxilio judicial para que el Registro Demográfico haga una modificación al margen de su inscripción original del sexo. Sin embargo, este trámite va en contra de la determinación de la juez federal Carmen Consuelo Cerezo en el caso Arroyo v. Rosello.

Con esa decisión comunicada en el 2018, las personas solo necesitan una recomendación de un facultativo médico y un sello de $20 para tramitar reasignaciones de sexo o género, para lo que el Departamento de Salud emitió una orden de cumplimiento y el Registro Demográfico adoptó una carta normativa.

“En el Código Civil nuevo, establece en el lenguaje, que causa confusión, que cualquier persona que vaya a hacer un cambio de género, necesita pasar por un juez. Se puede interpretar que es para hacer cualquier cambio de género. Lambda Legal sometió una carta a la Gobernadora [Wanda Vázquez Garced] que, de aprobarse el Código Civil, se iban a llevar ante el Tribunal Federal por desacato, por incumplimiento con Arroyo v Rosselló”, señaló Alberto Valentín, abogado y director del Consejo Asesor LGBTQIA+ de La Fortaleza.

Como es una medida en poder del Senado, son los integrantes de este cuerpo legislativo quienes deben introducir enmiendas a estos fines —que ya se han discutido, según Valentín— en el hemiciclo. De ser enmendado, el proyecto de ley debe regresar a la Cámara de Representantes, como cuerpo de origen, para que se decida si se concurre o no con los cambios.

“En la pieza legislativa de mayor trascendencia para las relaciones y negocios jurídicos entre ciudadanos como el Código Civil, reiteramos que es nuestro norte el velar porque se garanticen y no se vulneren los derechos que actualmente cobijan a distintos sectores de la población. Una vez el mismo esté para nuestra consideración, lo evaluaremos con la seriedad, rigurosidad y conciencia social que el mismo requiere”, expresó La Gobernadora Wanda Vázquez Garced.

La postura de la Primera Ejecutiva es similar a la que esbozó en una ponencia sobre el proyecto de ley que sometió en el 2018 mientras se desempeñaba como Secretaria del Departamento de Justicia.

En ese documento, subrayó la importancia de proteger los derechos fundamentales reconocidos y velar porque las disposiciones tengan viabilidad jurídica.

El Código Civil propuesto ha sido objetado por múltiples organizaciones, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas inglés), Puerto Rico para Tod@s, Taller Salud, el Colegio de Abogados y Abogadas y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), entre otros.

El consenso de las denuncias públicas de las múltiples organizaciones, además de afectar los derechos de las personas transgénero, apunta a que la discusión del proyecto de ley ha sido atropellada, sin transparencia al no celebrarse vistas públicas y cuya votación se daría en medio de una pandemia.

Esta fue una de CABE, que a través de su portavoz Carmen Milagros Vélez Vega, añadió que “la comunidad LGBTTIQ+ está de luto, bajo acecho y en peligro ante los asesinatos de cinco personas trans en menos de dos meses” en el 2020.

En los pasados 15 meses, han asesinado a diez personas de la comunidad LGBTTIQ+. A saber: Kevin Fret, Alexa Negrón Luciano, Serena Angelique Velázquez, Layla Peláez, Emilio Colón, Penélope Díaz, Javier Morales, Carlos Robin Morales, Yampi Méndez y Luis Díaz.

Debemos resaltar que una búsqueda a las 589 páginas del texto revela que no existe mención a personas del mismo sexo, personas intersexuales, transgénero o transexuales. En su lugar, el Código Civil propuesto habla de “personas naturales” y lo define como que “todo ser humano es persona natural”.

Es por eso que, cuando se hace referencia al matrimonio, la medida establece que “el matrimonio es entre dos personas naturales”, lo que apunta a que se reconoce el derecho de las personas del mismo sexo de contraer nupcias.

Otro cambio que surge del entrillado publicado por el Senado es la eliminación de la capacidad jurídica al ser concebido pero no nacido, también llamado “nasciturus”, aunque la exposición de motivos afirma que se le reconoce “la condición de persona en todo aquello que le sea favorable, siempre que nazca con vida”.

Las inclusión del “nasciturus” fue sugerida por Puerto Rico por la Familia —que agrupa organizaciones religiosas y civiles—, entidad que en una ponencia presentada ante la Cámara de Representantes en el 2018 defendió a este “niño por nacer” como persona jurídica.

La posición de este y otros grupos considerados como conservadores es que la vida humana existe desde la concepción y el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, “según su sexo de nacimiento”.

En el Código Civil propuesto, se dispone que “si el concebido nace muerto se reputa no haber existido jamás”, que también fue objetado por Puerto Rico por la Familia por entenderlo una inconsistencia.

En otros aspectos, grupos como Taller Salud denunciaron que el Código Civil propuesto elimina la disposición del “hogar seguro”, que aseguraba vivienda a padres custodios en casos de separación, además de que se modifica la política pública respecto a la venta de bienes públicos y existe una violación a la separación de Iglesia y Estado.

Frente al bombardeo de críticas a su gestión respecto a este asunto, la gobernadora Wanda Vázquez Garced insiste en que no permitirá que se "vulneren derechos" como resultado de la evaluación del Código Civil.

"En la pieza legislativa de mayor trascendencia para las relaciones y negocios jurídicos entre ciudadanos como el Código Civil, reiteramos que es nuestro norte el velar porque se garanticen y no se vulneren los derechos que actualmente cobijan a distintos sectores de la población. Una vez el mismo esté para nuestra consideración, lo evaluaremos con la seriedad, rigurosidad y conciencia social que el mismo requiere", sostuvo Vázquez en declaraciones escritas.

Múltiples organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas inglés) han clamado porque no se apruebe el lunes en la Cámara alta el Código Civil por la alegada falta de transparencia y de participación ciudadana que ha rodeado la evaluación de la medida. También se han expresado Puerto Rico para Tod@s, el Colegio de Abogados y Abogadas y el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad que también han reclamado porque se celebren vistas públicas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, indicó, ayer, que el cuerpo legislativo que dirige concurriría con la versión del Código Civil que apruebe el Senado el lunes, siempre y cuando no se incluyan enmiendas no acordadas.

El Senado, precisamente, se dispone a aprobar la legislación, un proyecto que emana de la Cámara Baja. El portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, ha dicho que anticipa una sola enmienda en el hemiciclo y que busca clarificar que el estado de derecho de Roe Vs. Wade, la jurisprudencia federal que le reconoce a la mujer el derecho a terminar un embarazo, no se afecta con el nuevo Código.

Méndez ha insistido en que la versión del Código que salió de la Cámara ya reconoce ese derecho jurisprudencial.

Hoy el periódico El Nuevo Dia asume una posición oficial al respecto del Código por vía de su editorial que incluyo a continuación:

“El Código Civil requiere objetividad y ponderación

La intención del Senado de aprovechar la emergencia de la pandemia del COVID-19 para aprobar un nuevo Código Civil, sin dar oportunidad de participación amplia, en particular de sectores potencialmente afectados, mina los principios representativos que deben cobijar tan importante documento. Ese proceder legislativo sería una afrenta a nuestro sistema democrático.

El Código Civil no debe estar sujeto a manipulaciones arbitrarias convenientes para sectores particulares. Puesto que rige las relaciones de todos los ciudadanos, debe garantizar un balance de intereses justo, alcanzado mediante un proceso objetivo y sosegado de análisis y diálogo.

Para eso debió servir el periodo transcurrido desde que el Senado pospuso la votación a principios de marzo a solicitud de la gobernadora Wanda Vázquez. Someter la propuesta de Código Civil a una ponderación participativa ayuda a que refleje la evolución del reconocimiento de derechos a la que ha llegado la sociedad en este siglo 21 y las transformaciones tecnológicas y científicas que repercuten en las dinámicas de convivencia humana.

La asamblea legislativa ha debido atender en los pasados dos meses las deficiencias del documento señaladas por expertos, entre ellas, la carencia de argumentación que explique y justifique las enmiendas propuestas. El tracto del análisis legislativo es necesario para guiar con claridad a los tribunales cuando tengan que pasar juicio sobre un conflicto. Dejar este documento medular de la sociedad a interpretaciones subjetivas y, por lo tanto, acomodaticias, puede abrir puertas a la violación de derechos.

De la misma forma que la legislatura ha sido capaz de realizar vistas, con las precauciones debidas que impone la emergencia de salud pública, ha podido aprovechar los dos meses transcurridos en llevar a cabo las vistas públicas que se ha rehusado efectuar antes. Aprobar el Código sin dar participación, en igualdad de condiciones, para sectores que han sido tradicionalmente excluidos, tiene el potencial de producir un estado de derecho desigual y peligroso.

Coincidimos con la gobernadora en la importancia de velar por que la pieza legislativa de mayor trascendencia para las relaciones y los negocios jurídicos entre ciudadanos, garantice y no vulnere los derechos ciudadanos.

Entre los sectores que han levantado banderas sobre posibles atentados del proyecto contra sus derechos, se encuentran organizaciones defensoras de los derechos civiles, de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTT.

Sus reclamos deben ser atendidos, particularmente, ante la ola de violencia machista contra estas dos poblaciones. Solo en los primeros dos meses del año, hasta principios de marzo, la Policía había recibido casi 1,400 querellas de agresiones domésticas contra mujeres. Tres féminas han sido asesinadas en lo que va de año. Por otra parte, diez personas LBGTT habían sido asesinadas en menos de dos años, cinco de ellas, transexuales en apenas dos meses.

La violencia contra estas poblaciones incrementa en la medida en que el Estado desatiende los reclamos de protección de sus derechos, y fomenta con sus acciones o inacciones el clima de exclusión, abuso e intolerancia.

Las emergencias de los años recientes por los huracanes, terremotos y la pandemia han demostrado que las divisiones sociales hacen al país más vulnerable. En cambio, la unidad, sin otra consideración que el respeto y la solidaridad, ha sido fórmula inequívoca para superar los grandes desafíos. Estas experiencias deberían servir a los legisladores como algunas de las grandes lecciones del cuatrienio. La ambición electoral no puede ser excusa para imponer un proyecto deficiente que deje a Puerto Rico más dividido.

Al solicitar el aplazamiento de la votación senatorial en marzo, la gobernadora Vázquez sostuvo que el Código Civil no debe afectar derechos adquiridos ni estar en conflicto con la jurisprudencia vigente. El Departamento de Justicia ya había expresado reparos sobre el lenguaje del proyecto. Ambas posturas deben atenderse. Por otro lado, el necesario proceso de revisar el Código Civil ha tomado veinte años y ha costado a los constituyentes $10 millones. Imponer una nueva carta de derechos incompleta y viciada, sin consulta ni consentimiento amplio, echaría por la borda los esfuerzos y fondos invertidos.

En el proceso de emprender su postergada recuperación, Puerto Rico necesita un Código Civil que refleje las aspiraciones de unidad, justicia y respeto de todos sus ciudadanos.”

Ponderar es la palabra clave: las consecuencias de una decisión parcializada y discriminatoria sería un claro desprecio a nuestras libertades.