(Ciudad Panamá, 10:00 a.m.) Sobre los cuestionamientos en torno al ejercicio del Periodismo desatado por las publicaciones que alertaron sobre la realización de fiestas clandestinas durante la cuarentena con la participación de altos funcionarios públicos, es justo poner en primer lugar de este debate, la situación de permanente violación de derechos que viven las periodistas y los periodistas que trabajan en las empresas difusoras de información masiva en Panamá.
Si bien es cierto que hace unas décadas vienen perdiendo la batalla los contenidos culturales, educativos, la información documentada y el diálogo social, ético y participativo en todos los canales de la comunicación social, bajo la imposición caprichosa de los contenidos que aluden a las emociones primitivas y superficiales de todo ser humano, esto no es excusa para la violación de los derechos laborales y desprofesionalización de los y las periodistas que trabajan en la industria que produce y difunde informacionalismos masivos en Panamá, contenidos tropezados que han moldeado las percepciones para el surgimiento de estos personajillos influenciadores de masas humanas, a quienes el Estado les paga jugosos salarios provenientes de los impuestos de un pueblo fríamente amansado con esos contenidos sensacionalistas de baja complejidad.
Por lo tanto, no se puede pasar por alto que estas industrias anticulturales que calcificaron las mentes a la crítica social, son las parteras de las y los influenciadores emplanillados hoy en el Gobierno y las mismas que no permiten organizarse a los trabajadores y trabajadoras de sus emporios de informacionalismos estériles.
Ante los hechos del momento, no es posible dudar que la búsqueda y difusión de información de interés público, en especial sobre el obligatorio respeto de las leyes por los funcionarios públicos, es un derecho humano de todas las personas y que de la misma manera que no existe censura previa, existe responsabilidad posterior cuando se cae en el arrebato de difundir información falsa o que se viole la dignidad humana.
En este momento de crisis social profunda, cuando la información de calidad es una necesidad vital y un derecho fundamental, la sociedad panameña no puede dejar de debatir lo realmente importante que está por encima del debatillo actual disputado por la difusión de información en la que se ven afectados algunos malos funcionarios del Estado por el ejercicio del derecho humano a la comunicación y esto es la necesidad de darle un contrapeso a los y las periodistas trabajadoras y trabajadores frente a la industria de la comunicación social en Panamá, quienes no tienen ningún derecho laboral efectivo más allá que presentarse a trabajar todos los días y cobrar su salario, sin derecho a organizarse para defender sus derechos, lo cual es también un derecho humano fundamental que repercute en la calidad de los contenidos informativos que digerimos todos los días consciente o inconscientemente y que determinan la forma de pensar de la sociedad panameña.
Frente al momento radical que vive la sociedad, es tiempo de imponer la solidadridad y comprometerse con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación social en Panamá y dirigir el debate de la comunicación hacia el respeto de sus derechos humanos y laborales.