Los retos que enfrentamos sobre el Covid 19 en nuestra nación tienen que ser analizados desde varias perspectivas y siguiendo principios de solidaridad y justicia para nuestras comunidades. Y sobre todo guiadas desde la protección del derecho humano fundamental que es el derecho a la vida.
Bajo ningún lente de análisis las gestiones de la administración colonial cumplen con el respeto a los derechos humanos de todas y todos y menos aún el derecho a la vida de los puertorriqueños.
No afirmamos esto de manera ligera. El toque de queda, la imposición de esa medida que no tiene nada de salubrista, ausente de la implementación de una serie de medidas como pruebas masivas, rastreo y monitoreo, desembocan que al día de hoy se refleja un incremento en las muertes, mayormente de nuestros adultos mayores, a causa del Covid 19.
Las acciones de esta administración colonial desde el saque han estado dirigida en dos direcciones principales: a) la creación de un clima de pánico y miedo, para crear una situación de histeria y así poder empujar y avanzar medidas neoliberales privatizadoras de los haberes del pueblo; b) utilizar la histeria y el miedo para canalizar los procesos de contratos para que guisen sus amigos y amigos del alma.
Dejemos claro que este virus nuevo, es bien contagioso. Dejemos claro que provoca en serios sectores de la población serias consecuencias de salud que pueden llegar a que una gran cantidad de estos y estas puedan perder la vida. No hay duda que si no se implementan las medidas necesarias se puede crear un caos en los servicios de salud, servicios de salud castrados en su capacidad de respuesta debido a la privatización de los mismos. Todo esto es una realidad objetiva.
Pero es también una realidad objetiva, que desde que impartió e impuso la primera orden ejecutiva, la esencia de dichas ordenes han sido medidas de represión, de coartar derechos del pueblo; de represión y políticas punitivas. Las campañas salubristas educativas son inexistentes. La creación de medidas de protección para trabajadores y trabajadoras ausentes. Es una realidad que nunca se ha establecido un sistema de rastreo y monitoreo que permita poder establecer los focos de infección y cortar las cadenas de trasmisión de infección del virus. Programas efectivos para manejar la entrada de personas por los puertos costeros y aéreos inexistentes. Atado todo esto que esta administración como otras, vieron, una nueva oportunidad para agenciarse millones y millones de dólares en contratos para acaparar y monopolizar los fondos con pruebas fatulas a los donantes del PNP.
Esta última orden ejecutiva nuevamente es represiva dentro de la colonia. La medida ciertamente es un clavo más en la política de esta administración colonial de implementar la cruel teoría de la inmunidad de la manada. Es la política de sálvese quien pueda. Y está disfrazada de apoyar la economía. Pero la realidad es que las medidas solo se dirigen a proteger a los grandes intereses foráneos. Aquí, los sectores de la economía formal e informal de pequeños negocios son los que están siendo dañados y atacados. Claramente se refleja en la prohibición de los “chinchorros.’ Estas medidas de cierre fueron y son diseñadas para destruir el sector económico que el pueblo controla y que son pilar fundamental de la economía de sobrevivencia de nuestro pueblo.
Toda esta orden está montada en la mentira de la irresponsabilidad de nuestra gente. Que es una mentira. La gran mayoría de nuestro pueblo, sabe que solo ellas y ellos se pueden proteger porque las acciones de esta administración colonial y de los EEUU como demostró María, desdeñan y desprecian al pueblo.
Solo desde la gestión solidaria y colectiva de nuestro pueblo podremos con solidaridad superar los retos que representa el Covisd-19 en nuestra nación. Y así los seguiremos haciendo.