(San Juan, 9:00 a.m.) En las últimas semanas, en la República Dominicana se han registrado varios asesinatos de mujeres, entre estas varias adolescentes, a manos de hombres celosos, crueles y despechados que luego de cometer los crímenes, algunos se han suicidado para evadir la prisión y un enjuiciamiento penal.
El más reciente caso ocurrió anoche cuando un individuo identificado como el electricista Danny Santana Núñez, de 42, mató a puñaladas a su pareja en el sector Villa Cristal, en Higüey, provincia La Altagracia, región oriental dominicana.
La agredida es María Altagracia del Rosario Frías, de 44 años. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la dama, con múltiples heridas de arma blanca y quemaduras con sustancia que se presume es “ácido del diablo”, que se utiliza para destapar fregaderos, inodoros y las bañeras.
Santana Núñez se suicidó ahorcándose en el baño de la residencia que compartían ambos, de acuerdo con el diagnóstico de un médico legista.
Según los reportes de los investigadores policiales, los cadáveres fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en San Pedro de Macorís para los estudios correspondientes.
María Altagracia del Rosario Frías es la tercera mujer que muere asesinada en poco más de 24 horas. Otras corrieron la misma suerte en circunstancias diferentes.
El domingo, en la comunidad Rancho Viejo Sabaneta, La Vega (norte), la adolescente María del Carmen Peguero Jiménez, de 17 años, fue ultimada por un hombre de 63 años, con quien tenía una relación tipificada por el Código del Menor (136-03) como violación sexual, en La Vega.
El victimario, Rafael Thevenín Almánzar, se quitó la vida de un tiro después de segar la vida de la adolescente.
El reporte preliminar de la Policía Nacional dice que el sexagenario había llegado recientemente desde los Estados Unidos y estaba compartiendo con la menor, pero que durante un alegado arranque de celos este le ocasionó una herida de bala que le provocó la muerte.
El mismo domingo fue hallado en la comunidad de Rancho Español, de la provincia Samaná (este), el cadáver de Judith Antonia Pérez De la Nuez con heridas de armas blancas que supuestamente se las produjo un pretendiente al que ella rechazó.
Según versiones, fue atacada por un sujeto solo identificado como Janieri, quien presuntamente fue visto por la madre de la víctima salir huyendo de su residencia tras atacarla.
Por igual, fue violada y luego asesinada la adolescente Perla Taveras, de 17 años, un crimen cometido por su padrastro Delion Santana Matos quien fue detenido por la Policía Nacional tras admitir el hecho.
Taveras fue hallada muerta y en estado de descomposición en unos matorrales a la margen del Río Isabela, Distrito Nacional tres días de ser declarada como desaparecida.
Estadísticas de feminicidios
Unas 357 mujeres han sido asesinadas durante los últimos cuatro años en el país, situación preocupante para diversos sectores de la sociedad dominicana. Esos datos son establecidos en un estudio “Feminicidios en República Dominicana durante 2018 y el primer semestre de 2019”, publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
Aunque existen dudas respecto a las cifras oficiales, y pese a las evidencias irrefutables, las autoridades persisten en maquillar las estadísticas de feminicidios. De enero a noviembre del 2019, un total de 66 mujeres fueron abatidas por sus parejas en arrebatos de celos o al fracasar el intento de una reconciliación.
La creencia del pueblo dominicano es que el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría General de la República subestiman el número de asesinadas.
Los registros periodísticos, como el que presenta el impreso local Diario Libre, revelan que 67 feminicidios ocurrieron de enero a noviembre de este año y entre el primero de abril y el 30 de septiembre del 2020, unas 23 mujeres adultas y cuatro menores perdieron la vida a manos de hombres para los cuales la ruptura o el rechazo desafía su predominio.
Entre las asesinadas figuran Ángela Moreta, Yazmín Polo, Yesica Cepeda Capella, Liliana Sánchez, Yenifer García López, Sorimar Rosmery Valenzuela Rodríguez, Anett Diversant. Verónica Mártires Joseph, Nayelin Estephany Margarin Medina, Jessica Michelle Medina, Esperanza Martínez, Glendy Esther Cedeño Gómez, Dahiana Durán Bonilla.
Además, Yoselin Núñez Núñez, Ana Isaura Pimentel, Melania de Castro, Paola Rojas Santana, Marlenny Muñoz Núñez, Yery Lachapel, Diorelis Valera Hinojosa, Andreina Nivar, Jade González, Nairoby Nathaly Pérez Reyes, Nidia Virginia Pérez García, Wanda Francisca Espinal y otras.
Organismos nacionales e internacionales advirtieron que la pandemia Covid-19 profundizaría la indefensión de las mujeres, obligadas a permanecer junto a sus agresores en el mismo espacio físico. Es precisamente lo que ha ocurrido.
En los primeros 46 días de las restricciones impuestas por el Poder Ejecutivo, es decir, entre mediados de marzo y principios de mayo, las mujeres depositaron 3,353 denuncias de violencia de género a través de la Línea Vida y de las 25 Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género de la Procuraduría General de República (PGR). A estas denuncias se unen 1,081 solicitudes de órdenes de protección y 1,124 órdenes de arresto.
En ese mismo período, las casas de acogida de mujeres en riesgo de violencia de género gestionadas por el Ministerio de la Mujer, recibieron a 112 damas y sus 217 hijos e hijas menores de 13 años. De ellos, 140 fueron niños y 77 niñas. La línea de ayuda, vinculada al 911, atendió un promedio de 22 llamadas cada día realizadas por mujeres en busca de información o protección.
Algunas de las afectadas sufrieron muertes crueles, como Sorimar Rosmery Valenzuela Rodríguez a quien su verdugo le destrozó la cabeza a golpes con un bate al que adicionó clavos para hacerlo aún más efectivo en su finalidad letal.
Se recuerda que el pasado 22 de septiembre, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para estudiar un plan de lucha contra la violencia machista, que en los últimos meses se ha esparcido como un virus en todo el territorio nacional dejando decenas de hijos huérfanos y angustias en los familiares de las víctimas, que se convierten en desamparados del Estado.