Se ha tornado en un chiste jurídico, tipo lawfare brasileño el caso que lleva el Pueblo de Puerto Rico contra el pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico, Urayoan Walker y el pasado rector del recinto de Rio Piedras, Carlos Severino. Es un chiste, pues un caso que inició en el verano del 2016 al sol de hoy, sin pies ni cabeza, aun sigue postponiéndose, y todo indica que irá a juicio en abril del 2021, es decir cinco años después.
Se trata de una acusación infundada por parte de algunos profesores y profesoras de la Escuela de Derecho de la UPR RP, entre otros Carlos Díaz Olivo, Vivian Neptune, Luis R Rodríguez e Hiram Meléndez. Todos ellos “vieron” “escucharon” “les pareció” , y/o “les molestó”, que la presidencia de la UPR otorgara las becas presidenciales a personas que ellos entendían no se las merecían. Como abogados de derechos todos, a partir de una percepción personal, sin conocimiento de reglamentación alguna, en particular Carlos Díaz Olivo a través de su micrófono abierto en una estación de radio comercial, iniciaron un acto de persecución contra hombres, evidentemente, negros.
Este ángulo ha sido el menos estudiado. En el caso de Walker, descendiente del patriota afroboricua, Geraldo Walker de Loíza, Puerto Rico, la acusación va a que éste privilegió becados por mero capricho. En el caso de Carlos Severino, hombre evidentemente afrodescendiente, de origen humilde, hijo de migrantes dominicanos a Puerto Rico, la respuesta de los profesores y profesoras de derecho ha sido una abiertamente racista, pues en el caso de ellos y ellas, no existía fundamento alguno contra él, toda vez que el rector de Rio Piedras no determina la concesión de las becas. Las becas las concede la presidencia.
Y como parte de un caso de encargo y persecución, entre otras, por razones racista, yace el hecho que la propia Universidad de Puerto Rico, tuvo dos investigaciones en cuanto a este asunto. En la primera, caso conducido por tres abogados, se encontró que había habido irregularidades (2016). Luego hubo una segunda investigación que concluyó que en efecto no hubo ninguna violación de norma, regla o ley en el proceso de concesión de las becas. Esa investigación, que culminó en el 2018, la realizó la Lcda. Mercedes Otero de Bauermeister como examinadora externa, y su informe fue acogido íntegro tanto por la presidenta interina, Dra. Celeste Freytes, como por la Junta de Gobierno de la UPR, dando así por la terminada la situación para efectos de la UPR.
No obstante el informe exculpatorio, la administración del pasado incumbente Ricardo Rosselló, bajo el manto de la secretaria de justicia, Wanda Vázquez, persitió en llevar el caso y fomento un proceso de acoso y persecución contra Walker y Severino, a sabiendas de que no había caso, sobre todo, por un segundo informe que resultó ser exculpatorio. Esto también lo sabían los profesores y profesoras de derecho, Neptune, Díaz Olivo, Meléndez y Rodríguez. No obstante el ánimo de persecución continuó.
Contra ambos exfuncionarios pesan cargos por violación a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal. El proceso penal tuvo vista de seguimiento esta semana, y se pautó iniciar el juicio el 5 de abril del 2021. Es momento de oponernos al uso del derecho como instrumento de persecución política y de victimización racista. Pensemos.