Se mantiene en prisión al exprocurador de justicia dominicano

Justicia Social

(San Juan, 12:00 p.m.) La Primera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó el mantenimiento de la prisión preventiva que pesa contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, acusado de participar en un entramado de corrupción por distracción de fondos públicos que también involucra a 18 de sus excolaboradores imputados por supuesta asociación de malhechores, estafa contra el Estado y soborno.

Las juezas del tribunal colegiado Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, adoptaron la medida al rechazar un recurso de apelación del reo y acogieron la solicitud del Ministerio Público, cuyos representantes alegaron que Rodríguez debía permanecer preso porque representa peligro de fuga y podría contribuir a destruir evidencias de la investigación desarrolla en la denominada Operación Medusa.

Las magistradas indicaron que aunque cuando se le conoció la medida de coerción a Jean Alain se le violó su derecho de defensa material, esto no acarrea en la nulidad de la sentencia del juzgado de primera instancia que lo envío a prisión.

También se mantuvo la prisión preventiva contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de Tecnología de la Procuraduría General de la República. Ambos imputados están recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, ubicada en la ciudad de San Cristóbal, región Sur del país.

En la decisión a unanimidad, las juezas consideraron que la sentencia de primera instancia fue motivada, al punto de establecer que la gravedad de los hechos y la posibilidad de obstrucción del medio de prueba fue lo que motivó a imponer la prisión preventiva.

Los abogados del imputado dijeron que este fallo es incoherente y apelarán ante la Suprema Corte de Justicia.

Durante la audiencia del martes, al hacer uso de su defensa material, Jean Alain aseguró que está “privado de libertad sin haber cometido ningún delito” y que se le violaron sus derechos cuando la jueza Kenya Romero le impuso medida de coerción.

“Piénselo por favor un momento, por haber sido un funcionario o servidor público de alto nivel, por tener una familia y oficina, sin pruebas y mientras se investiga, debo ir a prisión. Así como lo escucharon, así de absurda es esa sentencia que hoy pedimos sea anulada”, expresó.

Calificó la sentencia que lo mantiene preso como “absurda”. 

Dijo que la fuerza destructiva de la mentira y de la persecución penal pueden calumniarle, violarle la presunción de inocencia y sin el documento obligatorio que manda la ley, que es una auditoría, enviarle a una prisión “mientras ellos investigan”.

El exprocurador fue detenido el 29 de junio pasado como parte de una operación del Ministerio Público que acusa al grupo de incurrir en la presunta coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delitos electrónicos y lavado de activos.

Según lo especificado en la orden judicial de allanamiento 0046, emitida por la jueza coordinadora interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero Severino,  Rodríguez habría distraído de manera ilegal la suma de RD$34,522,364 (607,196 dólares) a través de una alegada alteración de un contrato de Acuerdo de Custodia y Ocupación de Bien Inmueble sobre una casa decomisada en 2008 en el caso por narcotráfico en contra de Quirino Ernesto Paulino Castillo.

En tanto que, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) también lo señala dentro del entramado en que se pagaron RD$18,440,800 (unos 324,346 dólares) por servicios de talleres de capacitación de personal que, de acuerdo con el Ministerio Público, no cuentan con aval de que hayan sido realizados en las fechas consignadas.

Rodríguez encabezó las investigaciones sobre los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht admitió que pagó en el país para adjudicarse contratos millonarios por lo que incriminó de manera formal a seis de 14 personas que encaran un proceso penal.

Sin embargo, fue criticado porque dispuso el archivo definitivo -revocado recientemente por un juez- de ocho expedientes contra varios dirigentes del entonces oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).