Zulma Fúster Troche [la fiscal del FEI derrotada] ha “guisado” todo el tiempo mientras hacía campaña política

Economia Solidaria

(San Juan, 1:00 p.m.) La fiscal Zulma Fúster Troche fue derrotada ayer en su intento desesperado de encontrar culpables de apropiación y uso indebido de fondos públicos, a dos personas dignas y respetadas en su comunidad: el Dr. Uroyoan Walker Ramos, pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico (2013 a 2016), y al Dr. Carlos Severino Valdez, pasado rector del Recinto de Rio Piedras (2014 a 2016).  Ella simplemente, fue derrotada por todas las contradicciones éticas y jurídicas que ella misma representa, y que no pudo defender como fiscal de la Oficina Panel del Fiscal Especial Independiente (conocido como el FEI).

Entre el 2012 y el 2019, La fiscal Fúster Troche recibió cerca de $614 mil dólares por sus servicios ante el FEI.  Durante el año 2019 al 2021 tiene contratos de sobre $150 mil dólares.  Es decir, ellas es una contratista independiente que vive del gobierno de Puerto Rico, y que ha logrado amasar una buena fortuna en ese período solo ante la oficina del FEI.

Mientras, la fiscal que en su cierre en el día de ayer llamó a los acusados, hoy hombres enteramente libres y absueltos por el juez Aldo González, corruptos y que son parte de los esquemas de impunidad que operan en la sociedad boricua. Mientras, Zulma, como le llaman los que la quieren en su partido, marchaba en el 2016 a favor de su partido, el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Hoy el exgobernador Alejandro García Padilla, tildó al FEI como una oficina que no sirve porque se dedica a perseguir políticamente a personas decentes.  Esto lo dice, pensando en el bochornoso caso de persecución política que dirigió la fiscal Fúster Troche.  Por lo tanto, ante la persecución política comandada por una activista del PNP, como lo es Fúster Troche, lo mínimo que uno puede decir es unirse a las palabras del exgobernador, y pedir justicia contra los funcionarios públicos, a quienes les guía la Ley de Ética Gubernamental, y quienes violan la ley, al ser activistas mientras se desempeñan como contratistas del gobierno. ¿No es esto un acto de corrupción?  Pensemos.