(San Juan, 1:00 p.m.) El pasado martes 28 de septiembre, el pasado presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, radicó una demanda contra la institución por despido injustificado, sentencia declaratoria y daños. Fue despedido el pasado 2 de julio de 2021, y ahora radicó una demanda. En principio es una demanda, común, por despido injustificado. Lo que cambia el panorama, es las continuas alegaciones de presiones indebidas de funcionarios dentro de la Junta de Gobierno de la UPR, así como desde la fortaleza. ¿En serio?
Resulta, según indica la demanda, la cual debemos dar por veraz toda ves que hay una firma de un abogado llamado Enrique Peral quien la firma en la Corte del Distrito Federal para Puerto Rico, que personas dentro de la Junta de Gobierno de la UPR así como desde Fortaleza de forma consistente y sistemática hicieron llamadas al entonces presidente Haddock para beneficiar a un “amigo del alma” con un contrato o beneficio. ¿En serio, y no abren una investigación a esta alegación?
Es un caso delicado contra la ya delicada y muy frágil UPR, el cual no avala en nada al futuro positivo de la institución. En particular, luego del nefasto pleito político dirigido por la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI), a través de la fiscal-abogada de práctica privada, Zulma Fuster, el cual culminó, luego de cinco años y una inversión estimada de $1 millón de dólares, en la total absolución de los dos acusados [toda vez que se trató de un caso de persecución política]: Uroyoan Walker Ramos, pasado presidente antes que Haddock, y Carlos Severino Valdez, pasado rector del Recinto de Rio Piedras. Por lo tanto, uno esperaría alguna reacción oficial de parte del Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para informar si se habrá de investigar este asunto.
En la demanda se le imputa al pasado presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, consistentemente ponerle presión al presidente Haddock para beneficiar personas dentro de la estructura de la UPR que eran parte de Partido Nuevo Progresista. También se le imputa a Omar Marrero, hoy secretario interino del Departamento de Estado, y aún a la espera de ser nominado.
La demanda aún le imputa a otros dos miembros de la junta, de hacer otros actos indebidos, pero la alegación contra Alomar y Marrero, son muy delicadas por la descripción que se hace en el documento. La pregunta que uno se debe de hacer, es si Omar Marreo actuó solo, o a pedido del gobernador de turno, Pedro Pierluisi. Igual se pregunta uno sobre Walter Alomar. La pregunta de rigor, es si esto requiere una investigación de la oficina del FEI. Lo mínimo es trato igual, para Omar Marrero y Walter Alomar, como trataron a Uroyoan Walker Ramos y Carlos Severino Valdez. Trato igual. Pensemos.