(San Juan, 11:00 a.m.) El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán López, reclamó al liderazgo de la Legislatura de Puerto Rico, el gobernador Pedro R. Pierluisi y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que precisen al pueblo trabajador puertorriqueño cuáles serán las 50 leyes que se derogarán o enmendarán para hacer compatible el estado de derecho del país con el Plan de Ajuste Fiscal (PDA), bajo consideración de la jueza Laura Taylor Swain en el caso de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.
El dirigente sindical reclamó igualmente que se le explique al país el mecanismo mediante el cual se enmendará la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como también ha salido a relucir será necesario para poner en vigor el PDA.
“Estamos plenamente convencidos de la validez de nuestro reclamo pues nos genera una gran preocupación la cantidad de leyes que se pretende derogar o enmendar, sin que nadie, hasta el presente, nos haya dicho cómo esa masacre legislativa va a impactar al pueblo trabajador”, indicó Guzmán López.
El sindicalista manifestó que “la experiencia nos dice que la carga mayor de ese cambio en nuestro estado de derecho recaerá fundamentalmente sobre las espaldas del pueblo trabajador”.
“Hasta el presente no se han alterado en forma alguna las leyes que garantizan derechos o beneficios económicos para la clase patronal del país”, argumentó.
Otro reclamo que hace el presidente de la UGT, sindicato que agrupa a más de 10,000 trabajadores, es que se divulgue el método mediante el cual se propondrá realizar enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Hasta el presente se ha seguido un riguroso proceso para enmendar nuestra Constitución y se ha hecho con la más amplia participación de nuestro pueblo. Esperamos que en esta ocasión no se haga excepción en dicho proceso”, recalcó.
Guzmán López llamó la atención sobre estos cambios y se preguntó el porqué no fueron divulgados durante el proceso de consideración y aprobación del Proyecto de la Cámara 1003, que dio paso a la aprobación de la Ley 53 para viabilizar el PDA.
“Esta falta de transparencia pone en entredicho, tanto a los legisladores que aprobaron la medida como al gobernador Pierluisi que le estampó su firma; tanto si sabían de esta disposición y no lo informaron al pueblo, como si no lo estudiaron antes de emitir su voto aquellos que se expresaron afirmativamente sobre el mismo”, advirtió.
En ambos casos, a juicio del sindicalista, faltaron a su deber de informar al país y en el primer caso tendrían que dar explicaciones porque no hicieron público el hecho y en el segundo porque quedaría evidenciado que no estudiaron a profundidad el contenido de lo que les preparó la Junta de Supervisión Fiscal.
Guzmán López expresó su expectativa de que tanto la JSF, como los integrantes de la Legislatura y el Gobernador, no despachen este importante asunto haciendo un llamado a pasar la página.