(San Juan, 12:00 p.m.) El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, el representante Orlando Aponte Rosario, reaccionó a la crisis de seguridad que se ha desatado en el país, donde hoy domingo el negociado de la Policía de Puerto Rico informó que ya tiene en récord 531 asesinatos este año, versus 461 del año pasado, lo que representa 70 adicionales.
“Aquella reducción en las cifras del crimen a causa del toque de queda y restricciones relacionadas a la pandemia del Covid-19 se esfumó. Hay que trazar nuevas estrategias, reorganizar en recurso humano y maximizar los equipos disponibles. Por supuesto que eso no es suficiente. Hay que crear o renovar acuerdos con grupos vecinales, deportivos y religiosos”, aseguró el legislador.
Destacó que “estamos en medio de una crisis de seguridad pública y estoy seguro que en la población hay deseo de cooperar, pero tiene que haber liderato desde La Fortaleza, el Departamento de Seguridad Pública y el Negociado de la Policía”.
Según los datos, la región policiaca de Caguas es la que muestra el aumento mayor en asesinatos, con 17 casos versus los 31 a esta fecha en 2020. A inicios de año, fue la región de Mayagüez la que había encabezado el aumento.
Actualmente, presenta un aumento de 8 asesinatos más que el año pasado. Mientras, la zona de San Juan ha observado un alza mayor recientemente y hasta ayer sábado tenía un aumento de 13 casos por encima de los 101 que tenía a la misma fecha en el 2020.
Para Aponte Rosario, es preocupante además los rumores de que haya nuevamente un evento de brazos caídos por parte de algunos miembros del Negociado de la Policía, como hubo el fin de semana del 31 de octubre.
De hecho, el pasado martes el gobernador Pedro R. Pierluisi llegó a culpar a un exagente de la Policía como el incitador del paro de brazos caídos, que llevó a que ese fin de semana de Halloween cerrara con 14 asesinatos, incluyendo el de un adolescente de 16 años en medio de un secuestro en el sonado caso del restaurante El Hipopótamo en Río Piedras.
“Aunque ciertamente el gobernador no lo identificó, dio a entender que se trata de Gabriel Hernández Ramos, un expolicía retirado que vive en New Jersey y autodenominado líder policial. El señalamiento principal de los agentes son las condiciones que tienen para su retiro. Exigen la implementación de la Ley 81 (Retiro Digno), a la cual se opone la Junta de Supervisión Fiscal”, añadió el representante.
Según el ordenamiento vigente, los policías que se ausentan a sus labores, pueden acogerse a una licencia por enfermedad durante tres días sin que se les requiera presentar un certificado médico.
“En todo este escenario que tenemos, es vital también actualizar los acuerdos que hay con las autoridades federales y examinar cómo se maneja la situación en otras jurisdicciones. Por ejemplo, en Los Ángeles, California, junto a otras ciudades de Estados Unidos, se sufre una ola de violencia que se ha extendido a lo largo de 18 meses, desde mayo de 2020 hasta este noviembre. Allí, los homicidios han aumentado un 16% y el asalto agravado un 23%”, expuso.
Aponte Rosario señaló además que trabajadores sociales consultados aseguran que la pandemia del Covid-19 ha jugado un gran papel en la explosión de la violencia.
“Cómo vamos a manejar esto, pues es un tema donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Por supuesto, en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes hemos estado trabajando varias medidas desde que asumí el escaño en enero pasado y estamos listos para evaluar nuevas ideas, conceptos y estrategias”, finalizó el representante por Orocovis, Villalba, Barranquitas y Coamo. INS