(San Juan, 11:00 a.m.) El Departamento del Trabajo aprobó el nuevo reglamento que regirá los servicios de conciliación y arbitraje para el sector público y la empresa privada en la Isla, dio a conocer el secretario Carlos Rivera Santiago.
El nuevo Reglamento para el Orden Interino de los Servicios del Negociado de Conciliación y Arbitraje atiende áreas medulares para la solución de conflictos obrero-patronales que abarcan desde cómo se solicita el arbitraje y la mediación, la solicitud de procedimientos de arbitraje acelerado y hasta las facultades del árbitro, entre otros.
“El mundo laboral en Puerto Rico, al igual que en el mundo entero, enfrenta grandes cambios, retos y oportunidades. El nuevo reglamento se atempera a esta realidad, brindando herramientas valiosas para mantener la paz laboral y promover la solución de los conflictos obrero-patronales en beneficio de las partes, lo cual permite el mejoramiento social y económico de las empresas, las agencias públicas y los trabajadores de Puerto Rico”, afirmó el secretario.
Como parte de sus responsabilidades, la agencia ofrece servicios de conciliación, arbitraje y mediación.
El servicio de conciliación es el proceso mediante el cual las partes en conflicto obtienen una evaluación objetiva y razonada de personal especializado del Negociado de Conciliación y Arbitraje, pero no vinculante del conflicto en sus méritos.
La evaluación está basada en la información esencial, oral o escrita que las partes deben someter al conciliador designado al caso.
Mientras, el arbitraje es un procedimiento de naturaleza contractual mediante el cual un patrono, unión o representante de empleados someten ante un árbitro una o varias controversias.
En el caso de la mediación, se trata de la negociación directa de un conflicto entre las partes, en el cual un interventor neutral, llamado mediador, a petición de una o ambas partes, o por designación del director, procura prestarles asistencia para llegar a una solución mutuamente satisfactoria.
El nuevo reglamento entra en vigor el próximo 10 de diciembre, 30 días después de su aprobación.