La Policía de Puerto Rico insiste en mantener secreta la cantidad e identidad de las personas a las que esa agencia les ha provocado la muerte por uso de fuerza policial en este año 2021.
En dos entregas consecutivas a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en Kilometro 0, Inc. v. Pesquera, la Policía insiste en entregar en blanco el documento donde se supone revele la información básica de las personas que han muerto por uso de fuerza policial este año, así como aquellas que han recibido heridas graves o mutilaciones.
“Nos preocupa sobremanera que la Policía insista en mantener en secreto aquellos casos que le hayan costado la vida a ciudadanos o ciudadanas. Donde no hay transparencia y rendición de cuentas, no puede haber democracia”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización que monitorea el uso de fuerza del Estado. “La Policía de Puerto Rico es el cuerpo que ejerce la fuerza a nombre del Estado y, por tanto, tiene un enorme poder sobre nuestras vidas e integridad física. Por lo mismo, tiene la responsabilidad de revelarnos cómo utiliza la fuerza contra la ciudadanía y qué personas han muerto o resultado gravemente heridas en ese proceso. Esconder esa información a la prensa y a la ciudadanía es antidemocrático y una forma de violencia que este país no tiene por qué tolerar”.
En los últimos años, la Policía había estado comunicando mediante partes de prensa la identidad de las personas muertas por el uso de fuerza de sus agentes y las circunstancias en que ocurrían los incidentes. Según la documentación de Kilómetro Cero, en 2018 hubo 13 muertes por uso de fuerza policial; en 2019* hubo 13 más; en 2020* se registraron 10 y en 2021 tan solo se ha registrado una reciente en la prensa, la de Will Joel López Rodríguez, el 19 de noviembre.
No obstante, la imagen de la tabla de muertes, heridas graves y mutilaciones que acompaña este comunicado, y que la Policía entregó a Kilómetro Cero el 9 de diciembre de 2021, aparece en blanco. Sin embargo, la organización cívica ha identificado al menos diez instancias este año en las cuales, según la prensa, han resultado heridas unas 12 personas por uso de fuerza policial. Por lo tanto, mínimamente las personas heridas de gravedad debían figurar en la tabla.
La organización advirtió que sus abogados, los Lcdos. Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, llevarán estos planteamientos al juez Anthony Cuevas que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo.
“Pero esto no se trata únicamente de Kilómetro Cero”, dijo El Dr. Luis Avilés, director de investigaciones de Km0: “Es algo que implica a toda persona que resida en Puerto Rico; a los familiares de esas víctimas fatales del uso de fuerza, a toda la ciudadanía que se preocupa por hacer valer nuestros derechos fundamentales y nuestra aspiración colectiva a vivir en una democracia. Hacemos un llamado a que la Policía de Puerto Rico revele de una vez la información que ha tenido escondida durante todo el año. Y si resulta ser que ninguna otra persona aparte de Will Joel López Rodríguez ha muerto en 2021 por uso de fuerza policial, que lo certifiquen bajo juramento para poder hacer el análisis pertinente”.
Al ordenar la divulgación de los Informes de Uso de Fuerza que preparan los agentes del Negociado de la Policía, el Tribunal Supremo advirtió al Estado que su gestión debe estar “sometida al más estricto escrutinio público, sólo limitado por intereses apremiantes de confidencialidad y no por la conveniencia, el capricho y el deseo de no divulgar información que afecte su imagen pública”.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia que: “Es una paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la Policía sean más honestos reportando los incidentes de uso de la fuerza condicionando tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretismo. Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la Reforma de la Policía".
La acción legal original de Kilómetro Cero contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico de Puerto Rico tenía el propósito de vindicar el derecho fundamental de la organización sin fines de lucro al acceso a la información, después de que las agencias habían ignorado y negado una serie de solicitudes de información que Kilómetro Cero ha realizado desde 2018.
El acceso a la información ha sido reconocido en Puerto Rico como un derecho humano y constitucional de rango fundamental como evidencian las decisiones en los casos Bhatia Gautier v. Rosselló Nevares, 2017 TSPR 173; Trans Ad PR v. Junta Subastas, 174 DPR 56, 67 (2008); Colón Cabrera v. Caribbean Petroleum, 170 DPR 582, 590 (2007); Ortiz v. Dir. Adm. Tribunales, 152 DPR 161, 175 (2000); Soto v. Srio. Justicia, 112 DPR 477 (1982). Este derecho emana de los derechos de libertad de expresión, prensa y asociación expresamente dispuestos en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El derecho de acceso a la información pública es también reconocido en varios tratados internacionales como un derecho humano fundamental, que “posee un carácter facilitador del ejercicio de otros derechos humanos, es decir, el acceso a la información es, en muchos casos, imprescindible para que las personas puedan hacer efectivos otros derechos”. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la información, violencia contra las mujeres y la administración de la justicia en las Américas (27 de marzo de 2015), en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/acceso-informacion.pdf”.
Kilómetro Cero es una organización sin fines de lucro que aspira a un Puerto Rico donde el Estado proteja la vida humana, las libertades y la dignidad en la búsqueda de la seguridad pública, para una sociedad más democrática y justa.