(San Juan, 1:00 p.m.) Cuando Raphy Pina salió culpable la semana pasada de un caso federal, apercibimos que se trataba de una cruzada de parte del gobierno de controlar la industria de la música urbana, en particular el reguetón. Ojo, se trata de la principal industria nacional de exportación de servicios hoy, en la cual hemos demostrado que movemos varios miles de millones de dólares y no dependemos de nadie en los EE.UU. Por lo tanto, Raphy Pina es el comienzo.
Ahora bien, si uno se la pone fácil, entonces pasan otras cosas. El domingo hubo un concierto en un residencial, sin permiso alguno, el cual aparentemente fue organizado por Farruko. En el mismo participaron muchos artistas entre otros, Rauw Alejandro y Rosalía. Pues bien, alguien pagó por la música, por los policías que controlaban el acceso, por los baños privados, a los artistas.
Todo esto se realizó sin la intervención del estado ni del capital corporativo. Esto fue un evento muy costoso. ¿El dinero de la producción, limpio o sucio? ¿Los inversionistas, gente legítima o gente del bajo mundo? No sabemos, lo que aparenta hoy, es que van a acusar a alguien, tanto en el plano federal como estatal, por este evento, lo cual sigue “hiriendo” a la industria de la música urbana.
Nos parece que la cruzada no se va a detener hasta que finalice la total destrucción del género, sus exponentes y sus empresarios y empresarias. El tratamiento es abiertamente discriminatorio. ¿Alguien sabe si se acuso a Travis Scott por los 11 muertos de su concierto en Texas? Por decir lo mínimo, el tratamiento a los boricuas es discriminatorio. Pensemos.