Los Derechos Humanos en su aniversario 74

En el caso de las ex colonias británicas, en 1789 de adoptan las

primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos de

América, a las cuales se le ha dado el nombre a nivel popular como

“carta de derechos de la Constitución”; el segundo, la “Declaración de

los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea

Nacional Constituyente de Francia, del 26 de agosto de 1789. Es

realmente con aquellas dos declaraciones que comienza a plantearse,

históricamente hablando, la vigencia de los derechos civiles y humanos

en la edad moderna.

Las primeras 10 enmiendas a la Constitución de los Estados

Unidos establecieron, entre otros derechos: que el Congreso no

legislaría el establecimiento de una religión o la prohibición al libre

ejercicio de éstas; ni impondrá obstáculos a la libertad de expresión,

prensa, reunión pacífica o petición de reparación de agravios; el

derecho del pueblo a poseer armas; el derecho a la seguridad de los

ciudadanos respecto a sus personas, domicilios y papeles y la

protección contra incautaciones y cateos arbitrarios; el derecho a que

las acusaciones que conlleven la pena de muerte o que imputen delito

infame, se procesarán a través de un Gran Jurado compuesto por

ciudadanos; el derecho de todo acusado de delito a un juicio público y

por jurado; que todo delito tiene que haber sido determinado previo a

una acusación; el derecho de todo acusado a presentar testigos a su

favor y a la confrontación con los testigos de cargo; el derecho a una

representación legal; el derecho a que a una persona acusada de delito

no se le fijen fianzas ni multas excesivas, ni penas crueles o desusadas;

y la reserva de los ciudadanos a ejercer otros derechos que también

son prerrogativas del pueblo.

En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano

en Francia por su parte, dispuso que todos los seres humanos nacían

libres e iguales en derechos y que las distinciones sociales sólo pueden

fundarse en la utilidad común. La Declaración proclamó, además como

derechos fundamentales de toda persona, la libertad, la propiedad, la

seguridad y la resistencia a la opresión. Esta Declaración también

proclama que la fuente de la soberanía reside en la nación y que no hay

cuerpo ni ley que no emane de ella. Define la libertad como todo aquello

que no perjudique a los demás, indicando que los límites pueden ser

establecidos por Ley. Sin embargo, el documento indica que nada que

no esté prohibido por ley puede ser impedido. Señala que nadie puede

ser arrestado, acusado o detenido, salvo en los casos determinados por

Ley.

Esta Declaración dispone, también que las penas deben ser

estrictas y necesarias y que no puede haber castigo si no hay una ley

previa que establezca el delito. También establece la presunción de

inocencia de todo acusado; que nadie debe ser incomodado por

opiniones, incluyendo las religiosas, siempre que no perturben el orden

público. Afirma, además, la libre comunicación de pensamiento y

opiniones, así como el derecho a la expresión hablada e impresa; y el

derecho de toda persona a no ser privado de la propiedad sin una

necesidad y sin indemnización.

Es a partir de estas primeras Declaraciones que surge la primera

generación de derechos humanos y ciudadanos, los cuales con el paso

de los años comienzan a desarrollarse hasta llegar a los derechos que

hoy conocemos como derechos humanos.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de

diciembre de 1948, promulgada por la Organización de las Naciones

Unidas, abre paso a la segunda generación de derechos. A través de

ella, se comienzan a cimentar a nivel internacional los derechos

humanos, económicos y políticos de todos los que habitamos este

mundo. En ella se consignan los siguientes derechos: la igualdad y

dignidad de toda persona al nacer; la prohibición del discrimen por raza,

color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole;

y el discrimen por origen nacional o social, posición económica, de

nacimiento o de cualquier otra condición. Estos derechos o estas

prohibiciones son de aplicación independientemente la condición

política, jurídica o internacional de un territorio en particular. En

consecuencia, tales derechos deben ser también reconocidos en los

territorios y colonias ya sean cedidos en fideicomiso o administrados

directamente por otros países.

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948

consigna, además, el derecho de cada individuo a la vida, a la libertad

y seguridad de su persona; el rechazo a todo tipo de esclavitud o

servidumbre; la prohibición contra la tortura y castigos crueles,

inhumanos o degradantes; el reconocimiento de la personalidad jurídica

en cada ser humano; la igual protección de las leyes; el derecho de toda

persona a tener acceso a los tribunales para reivindicar la violación de

sus derechos fundamentales, reconocidos por su Constitución o por

Ley; a no ser detenido, encarcelado ni desterrado arbitrariamente; el

derecho a la presunción de inocencia mientras no se pruebe la

culpabilidad; y a no ser condenado por actos que no fueran previamente

determinados por las leyes como delitos antes de su comisión.

La Declaración también reconoce que nadie será objeto de

injerencias arbitrarias en su vida privada, la de su familia, domicilio o su

correspondencia; así como la protección de la honra y la reputación de

cada persona. Reconoce el derecho de toda persona a circular

libremente en su país y a elegir su lugar de residencia en el territorio de

un Estado, teniendo también el derecho a salir y regresar a su propio

país. Se dispone que toda persona tiene el derecho a procurar asilo, a

tener una nacionalidad (entendiendo por ello a una ciudadanía) y a no

ser privado arbitrariamente de la misma, reconociendo también de paso,

el derecho al cambio de nacionalidad.

La Declaración reconoce el derecho de toda persona en edad

núbil a que, sin restricción alguna, pueda casarse y formar familia, ello

a partir del pleno consentimiento de los contrayentes, y el derecho a la

protección de la familia por parte del Estado. Se reconoce el derecho a

la propiedad individual y colectiva, así como que ninguna persona será

privada de la misma en forma arbitraria. La Declaración expresa

también el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de

conciencia y de religión, así como del derecho a manifestarla, tanto en

el plano individual como colectivo.

Se reconoce también el derecho de toda persona a la libertad de

opinión y expresión y a no ser molestados como resultado de su

ejercicio; el derecho a investigar y recibir información, como también el

derecho de reunión y asociación pacíficas. Señala que toda persona

tiene el derecho de participar directamente, o a través de representantes

escogidos por ellos, en el gobierno de su país y el acceso en

condiciones de igualdad, a las funciones públicas.

Conforme a lo señalado en el documento, la voluntad de pueblo

es la fuente del poder público, expresado en elecciones auténticas, por

medio del sufragio universal y el voto secreto.

En el plano económico y social, la Declaración establece que toda

persona tiene el derecho a la seguridad social; a obtener mediante el

esfuerzo y la cooperación internacional, tomando en consideración los

recursos del Estado, la satisfacción de los derechos económicos,

sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo

de su personalidad.

En materia laboral, la Declaración reconoce el trabajo como un

derecho; y el derecho de toda persona a su libre elección y a

condiciones equitativas en el mismo. La Declaración reconoce también

el derecho a la protección social de la persona en situaciones en que

confronta desempleo. El documento rechaza todo tipo de discriminación

en materia de salario por trabajo igual; el derecho a una retribución

equitativa y satisfactoria que le asegure a su familia una existencia

conforme a la dignidad humana; el derecho a la sindicalización y el

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a su persona y su

familia la salud, el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; el derecho a un

seguro en el desempleo, la enfermedad, la invalidez, la vejez, la viudez

y en casos de pérdida de medios de subsistencia.

En el texto de la Declaración se consigna también el derecho a

cuidados en la maternidad e infancia y a asistencias especiales,

independientemente los hijos hayan sido procreados o no en

matrimonio. También establece como derecho la educación gratuita y

obligatoria a nivel elemental y que la misma propenda al pleno

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a

los derechos humanos y libertades fundamentales.

Contradictoriamente, a pesar de que gran parte de estos derechos

sociales y económicos fueron incluidos en la Sección 20 del Artículo II

de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; el

Congreso de los Estados Unidos y el Presidente de dicho país, entre

otros aspectos de la Constitución aprobada por los/as

puertorriqueños/as, rechazaron los mismos, requiriendo la eliminación

de la referida Sección como condición para la aprobación de la

Constitución del ELA. La premisa utilizada para tal exigencia fue esas

protecciones eran medidas de naturaleza socialista, incompatibles con

el sistema de gobierno y económico de Estados Unidos, ello a pesar de

que los Estados Unidos años antes había suscrito precisamente la

Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948.

Las propuestas de cambios impuestos a la Constitución aprobada

por los integrantes de la Asamblea Constitucional de parte del

presidente y del Congreso de los Estados Unidos fueron sometidas

posteriormente a la consideración el pueblo de Puerto Rico en

referéndum y bajo la amenaza velada de no aprobar la Constitución si

no se incorporaban tales cambios, las demandas fueron eliminadas o

añadidas según fuera el caso como ocurrió con el Artículo VII, del texto

de Constitución aprobada en 1952. La sección añadida al Artículo VII

en su sección 3 es la que consigna que cualquier cambio futuro a la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no podrá alterar

la forma republicana de gobierno, la Carta de Derechos, deberá ser

compatible con la Constitución de los Estados Unidos, con la Ley de

Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 de los

Estados Unidos de 1950.

Mediante la referencia a la Constitución de los Estados Unidos se

reafirman los poderes del Congreso bajo la Cláusula Territorial de su

Constitución (Artículo IV, Sección 3); y bajo lo dispuesto en la Ley de

Relaciones Federales con Puerto Rico, se perpetúan importantes

disposiciones sobrevivientes del proceso constitucional de 1952 y que

se arrastran y perpetúan desde la Ley Foraker de 1900 y la Ley Jones

de 1917.

La Declaración afirma también, el derecho de toda persona a la

protección de los intereses morales y materiales en la producción

científica, literaria o artística, así como la promoción de un orden social

e internacional donde estos derechos y libertades se hicieran efectivos.

Una tercera generación de derechos humanos, esta vez

colectivos, surge a raíz de la aprobación en las Naciones Unidas de los

Pactos Internacionales sobre de Derechos Políticos, Económicos,

Sociales y Culturales durante la década de 1960, en vigor desde el año

1976, uno de los cuales, el de Derechos Civiles y Políticos, fue ratificado

por los Estados Unidos en 1992. En él se afirma que todos los pueblos

tienen el derecho a la libre determinación y que en virtud de ella,

“establecen libremente su condición política y proveen asimismo para

su desarrollo económico, social y cultural”. Para alcanzar tales objetivos,

los pueblos “pueden disponer de sus riquezas y recursos naturales, sin

perjuicio de sus obligaciones que derivan de la cooperación económica

internacional basada en el principio del beneficio recíproco”. Indica

también que aquellos Estados que administran territorios no autónomos

y territorios en fideicomiso, promoverán el derecho a la libre

determinación y respetarán este derecho de conformidad con las

disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Mediante la Resolución 1514 (XV) de 1960 por la Asamblea

General de la ONU, se consigna que la “sujeción de los pueblos a una

subyugación, dominación y explotación extranjera constituye una

denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la

Carta de las Naciones Unidas y compromete la paz.” Este derecho a la

libre determinación se extiende, además, a aquellos territorios, como es

el caso de Puerto Rico, que aún no hayan alcanzado su independencia.

Por su parte la Resolución de las Naciones Unidas 1541 (XV), también

aprobada en 1960, consigna los derechos colectivos de los pueblos en

sus arreglos descolonizadores con las anteriores potencias

administradoras bajo las modalidades de independencia, libre

asociación e integración.

Más recientemente se ha desarrollado una cuarta generación de

derechos humanos. Entre ellos se incluye el derecho de toda persona

al disfrute del aire, del agua, de la energía eléctrica, la preservación de

la tierra, la naturaleza y el medio ambiente, y todo un conjunto de

derechos adicionales dirigidos a preservar el mundo en el que vivimos

para el disfrute de generaciones presentes y futuras.

Para otras voces, ya se encuentra en camino la identificación de

una quinta generación, ello a partir de las luchas amplias libradas por

los movimientos sociales en torno a los derechos de la mujer, el

reconocimiento de la equidad de género, el derecho de todo ser humano

a la selección o cambio de género, los derechos de la comunidad

LGBTTQ+, y otros derechos individuales y colectivos que día a día,

desde diferentes espacios de lucha y resistencia, se afirman.

Para todos los que participamos de movimientos políticos y

sociales, no sólo es importante el reconocimiento de este conjunto de

derechos desde una perspectiva histórica, sino también su reafirmación

y defensa frente a todo tipo de intento, venga de donde venga, de

revertir los mismos.

Al hacer nuestra afirmación, es necesario incluir no sólo su

desarrollo, sino también incluir como parte de una misma ecuación, el

necesario enfrentamiento de todos y todas, particularmente del pueblo

trabajador, frente a políticas económicas como el neoliberalismo y las

políticas imperiales que a diario conspiran, atentando o impidiendo, el

pleno ejercicio y disfrute de la preservación de la independencia y la

soberanía nacional de nuestros respectivos países.