Santo Domingo- El anuncio de una reforma fiscal en República Dominicana provocó inmediatas muestras de rechazo en este país caribeño, mientras muchos dudan de su capacidad para resolver el déficit existente hoy.
Tras presentar la propuesta hace dos días en una reunión con el Consejo Económico y Social, el presidente dominicano, Danilo Medina, reconoció que hablar de esta opción constituía un trago amargo.
Sin embargo, manifestó que las circunstancias del momento se imponen, y resulta necesario llevar adelante la medida en aras de disponer de nuevos fondos.
La realidad es dura, y se requiere del esfuerzo y sacrificio de todos con el fin de reencauzar el crecimiento y el desarrollo sostenido del país, aseveró.
Para cumplir los compromisos asumidos con el pueblo y mantener el crecimiento y dinamismo de la economía, subrayó Medina, el Gobierno y el sector privado deben apoyarse mutuamente.
Reiteró que quiere mejorar la calidad de vida de los dominicanos al ofrecer salud, seguridad, vejez digna, educación y competitividad; pero múltiples voces consideran que la reforma daña los intereses de los menos favorecidos.
La iniciativa está dirigida al consumo y los más afectados son los consumidores, no se ve una intención de reducir el gasto público, manifestó el presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Antonio Ramos.
Si se continúa gravando al consumidor dominicano, consideró, de esa misma manera "vamos a paralizar la economía de forma total", y las repercusiones serán una disminución de los ingresos.
Según reveló el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, el déficit fiscal de Dominicana se situó al cierre del mes pasado en 148 mil 564 millones de pesos, tres mil 795 millones de dólares.
Esa cantidad, precisó el titular, representa el 6,5 por ciento del Producto Interno Bruto de esta nación, donde se estima un crecimiento económico de 4,5 por ciento al finalizar 2012.
El Gobierno dominicano busca con la referida propuesta recaudar 53 mil millones de pesos, unos mil 349 millones de dólares, en los próximos tres años.
Con la iniciativa, que pasará ahora al Congreso, el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industriales aumentará de 16 a 18 por ciento, excepto en los productos de la canasta familiar y los servicios básicos.
También contempla incrementar la presión tributaria de 13 a 15 por ciento como había adelantado recientemente Montás.
Las bebidas alcohólicas serán gravadas de siete a 15 por ciento y se eliminará la exención del impuesto sobre la renta al doble sueldo y a quienes ganen por encima de 33 mil pesos, 843 dólares.
Paralelamente, está previsto aplicar un 10 por ciento a los servicios de telecomunicaciones y telecable, y un impuesto similar a los dividendos del sector de zonas francas.
Asimismo se creará un gravamen para la primera matriculación de los vehículos al 17 por ciento de su valor, y un recargo por emisión de dióxido de carbono por kilómetro, entre otras medidas.
Este propuesta es una estafa para la población pues estamos pagando los fondos que dilapidó el Gobierno del expresidente Leonel Fernández, apuntó el diputado Víctor Bisonó, del minoritario Partido Reformista Social Cristiano.
A juicio del presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, el proyecto es lesivo, dañino y perturbador, y constituye una estocada mortal a las ya difíciles condiciones de vida de los dominicanos.
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