Quedar sin trabajo en Puerto Rico era en muchas ocasiones un trabajo en sí mismo. Los ciudadanos que enfrentaban tal situación ingresaban a una espiral de búsqueda de servicios y alternativas que los llevaba de una agencia gubernamental a otra. Pero la situación se complicó con la mentalidad administrativa de quienes han llevado las riendas del País durante este cuatrienio. Y sucedió de esa forma porque el fin principal de estos ’políticos-empresarios’, que recetaban sin mutismo alguno su ‘medicina amarga’ era destruir el servicio público.
Resultado inmediato de esa estrategia de despidos masivos fue evidente en las agencias gubernamentales. Por un lado, la llamada Ley 7 causó una avalancha de personas necesitadas de servicios. Y por otro, los servidores públicos que sobrevivieron a la zafra de despidos vieron cuadruplicado su trabajo.
Entonces, si antes fue complejo, ahora el malestar aumentaba en magnitud exponencial entre los ciudadanos, ante las horas y horas que se debían esperar para recibir –con suerte- una cita. Ya lo siguiente sería pasar por un calvario similar el día asignado, sin que nadie pudiera asegurar que vería resultados del servicio solicitado. Sin duda alguna, quien pasa por situaciones como esas se siente desamparado.
Nombre cualquier agencia, en el amplio registro de servicios que ofrece el gobierno, y el cuadro es el mismo: menos oficinas, menos funcionarios públicos para atenderle, y más afectados por esa nueva ‘sensibilidad’ de los administradores de turno.
Lo que parecía no funcionar por ‘el mal servicio de los empleados públicos’, en realidad no funcionaba por un plan concertado de la ‘A’ a la ‘Z’. Después de ‘limpiar la casa’, es decir, reducir los empleados públicos con derechos adquiridos, y realizar otros ajustes automatizados aquí y allá, entonces todo estaría listo para vender la agencia de turno, o alquilarla a quemazón por décadas y décadas.
Lo cierto es que las agencias públicas que han pasado al control del sector privado, verán transformada su misión. Ya no se tratará de necesariamente ofrecerle a usted el servicio que necesita. El interés de esos nuevos administradores privados –cercanos de una u otra forma a los propios políticos que le facilitaron el negocio- será exclusivamente el lucro. Aquí nada se ha dado al azar. Todo estaba calculado: la mala fama hacia los servidores públicos, automatizar labores, promover la eliminación de derechos adquiridos tanto en la esfera pública como en la privada, ceder agencias necesarias y rentables…
Queda pendiente entonces re-evaluar y repensar la gestión gubernamental de manera que responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Para lograrlo hay que reformular las formas y maneras en que se subvencionan las campañas políticas. De lo contrario, la norma seguirá siendo que los empresarios –sean quienes sean- pasen factura por auspicio al funcionario electo. Y es así, por obra y gracia del binomio auspicio político-factura empresarial, que se ‘legisla’ y se hace ‘política pública’ en nuestro querido Puerto Rico.
Si esto parece algo difícil y no lo ha entendido hasta ahora, no se preocupe. En realidad no pasará mucho tiempo cuando usted, ya no como ciudadano y sí como cliente, sienta -de una u otra forma- lo que había detrás de los despidos masivos en el sector gubernamental.
Cuando cuente las pocas monedas en su bolsillo, si alguna, lo entenderá. Se lo aseguro.