Conferencia del Episcopado Dominicano cuestiona a los políticos de su país

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(San Juan, 11:00 a.m.) La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) exhortó a la población a ejercer el derecho cívico y moral, de participar en las elecciones y apoyar propuestas que fomenten una verdadera agenda nacional, con políticos honestos, al concurrir a las urnas para escoger a las nuevas autoridades municipales, presidencial y legislativa agendas para este domingo y el 19 de mayo correspondiente al período  2024-2028.

En un mensaje emitido con motivo del 180º aniversario de la Independencia Nacional, titulado “Tiempos de esperanza y responsabilidad”, la cúpula de obispos de la Iglesia en la República Dominicana condenó la práctica de algunos políticos de considerar a ciudadanos en situación de marginación como “medios para alcanzar y mantener el poder”.

En un documento suministrado a los medios nacionales, la entidad reiteró rechazo a la tradicional acción de corrupción manifestada en la “compra y venta de cédulas, una práctica deleznable que evade responsabilidades y permanece impune”.

Resalta que la Junta Central Electoral (JCE) “merece nuestro respaldo y el apoyo de todos los dominicanos”; asimismo, exhorta “prevenir las dolorosas experiencias de anteriores procesos electorales conflictivos que han perturbado el orden político, social y económico, así como la paz y progreso del país”.

El manifiesto de los sacerdotes católicos surge cinco días previó a celebrarse, el próximo domingo, las elecciones municipales para escoger a 158 alcaldes, 1,164 regidores, 235 directores, 735 vocales y otros  funcionarios.

Estas votaciones, en las que participarán más de ocho millones de ciudadanos, tienen un enfoque importante, ya que se efectuarán cuatro meses antes de los comicios generales, en las que se renovarán tanto el poder ejecutivo como el legislativo.

Al referirse a los candidatos, los religiosos animan a evitar las campañas sucias, basadas en la intriga y la calumnia, así como el derroche de recursos, ya que “el uso excesivo de publicidad pudiera reflejar debilidad y desesperación de los aspirantes a cargos públicos que buscan ganar atención más por ruido que por méritos propios o la calidad de sus programas”.

En ese mismo orden, explican que “se requieren candidatos líderes, con sobriedad, educación, sensatez, capacidad de gobernar, autenticidad y transparencia, así como candidatos creíbles que planifiquen, aúnen esfuerzos de los sectores público y privado, motiven la participación ciudadana, para ejecutar proyectos que promuevan el desarrollo de todas las provincias”.

Sobre los retos para las próximas autoridades, los prelados señalan la necesidad de fortalecer la familia, facilitando el acceso a viviendas dignas con servicios básicos; el respeto a la vida en todas las situaciones y etapas de su desarrollo; mayor atención a la salud, incluida la salud mental; y fortalecer el Consejo Nacional de Educación para definir políticas educativas sostenibles.

A los desafíos, agregan integrar la educación vial, hacer cumplir las normas de tráfico; cuidar el medio ambiente, con la gestión adecuada de residuos, la promoción de la importancia del ahorro del agua y una intensa campaña de reforestación de las cuencas hidrográficas; crear oportunidades para retener el talento joven y una comisión independiente que revise la situación jurídica de las bancas de apuestas; y la necesidad de un Pacto Social entre todas las fuerzas del país.

LAS PROTESTAS

En recientes semanas, el escenario electoral ha sido empañado por manifestaciones de diversos grupos que estarían financiados por la oposición política, entre estos profesionales, que demandan del Poder Ejecutivo cumplir con algunas reclamaciones reivindicativas.

Los casos resaltantes son la protesta montada por pensionados militares y policías frente a la sede de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, adscrita al Ministerio de Hacienda. Los antiguos uniformados reclaman seguro, indemnización y aumento en las jubilaciones. Durante la demostración, resultaron heridas cuatro personas tras ser enfrentados por tropas anti motines de la Policía Nacional.

El Poder Ejecutivo acusa a sectores políticos adversarios de estar detrás de esos movimientos, aún cuando la actual gestión está “cumpliendo, como no lo hicieron otros”.

“El gobierno considera extraño la protesta de hoy se llevará a cabo dos semanas después de que se le comunicara al líder de la protesta que se estaban procesando los pagos. También extraña que horas después de la protesta, un exjefe de la Policía (Rafael Guillermo Guzmán Fermín), hoy dirigente del Partido Fuerza del Pueblo, emitiera un tweet condenando al Gobierno y anunciado un castigo electoral en su contra por supuestamente no cumplir con los pensionados”, precisa en un comunicado.

El escrito indica que actualmente el Ministerio de Hacienda trabaja para el pago de los años 2022-2023, en favor de unos 2,500 pensionados.

Otra demostración de insatisfacción la realizaron abogados-notarios públicos que acusan a la Procuraduría General de la República de adeudarles más de 100 millones de pesos dominicanos (1,7 millones de dólares).

Sin embargo, la Procuraduría afirmó que no le retiene fondos a ninguna entidad y dijo al respecto que cumple con sus obligaciones. Aclaró que todos los meses hace entrega de los fondos correspondientes al Colegio Dominicano de Notarios (Codenot) como corresponde y lo contempla la Ley 140-15 y según los acuerdos establecidos por las partes sobre los pagos por certificación de firmas de notarios.

Indicó que el alegado monto que el gremio alega que le adeuda, “es una falacia, debido a que ese argumento está sustentado sobre la base de supuestos, sin ningún fundamento, dejando de lado acuerdos interinstitucionales suscritos con la Procuraduría en el año 2005 sobre el cobro de los servicios que ofrece la Procuraduría a la ciudadanía”.

Se agregan otras manifestaciones en algunas provincias de la región norte del país, como Navarrete, Esperanza, San Francisco de Macorís, Moca, promovidas por las denominadas organizaciones populares que reclaman al gobierno cumplir varias reivindicaciones sociales, entre estas arreglo de calles, construcción de acueductos, aulas escolares, aumentos de salarios a los maestros y otras.