(San Juan, 1:00 p.m.) Anoche asesinaron en Cayey al joven prospecto de pelota, tanto en las liga de los EE.UU. como en la Doble A de Puerto Rico, Lucas Aod Torres Vázquez. Este joven había tenido encontronazos con la ley, pero todos sus amigos, algunos de ellos coacusados junto a él en el 2023, habían sido asesinados. Faltaba él. También se lo llevaron.
Puerto Rico se ha convertido en un narcoestado. Un indicador son los asesinatos asociados al llamado bajo mundo, o trasiego de drogas. Otro indicador es el aporte económico de las drogas ilegales a la Economía formal. En Puerto Rico se piensa que se habla de un 22 a 25 por ciento de la economía a partir de dinero generado por drogas ilegales. Ahora bien, un indicador directo o indirecto de un narcoestado, es lo relacionado a la corrupción gubernamental. Esa que participa en actividades directas o asociadas a la narcoeconomía.
En días recientes el FBI arrestó a un policía estatal que llevaba 15 años en la policía, como un buen ciudadano, trabajando en el aeropuerto. Allí le deben de haber apodado el “portero” pues garantizaba que el equipaje entraba a los EE.UU. con drogas provenientes de Puerto Rico. Un genio de lo turbio. Pero este arresto se dio, a horas que cuatro carteros, empleados federales, fueran arrestados por el FBI por haber hecho trucos con los votos adelantados en una elección especial de la Comisión Estatal de Elecciones en el 2022. Estos carteros, como el policía, tenían valor económico ante sus postores. Fueron todos comprados.
Ese es el problema del narcoestado. Qué acaba todo el mundo siendo comprado, o asesinado, por los promoventes de procesos de acumulación asociados a la narcotráfico. Es simplemente otro producto adicional del colonialismo. A fin de cuentas, quienes controlan nuestras fronteras son los federales. A fin de cuentas. Pensemos.