(San Juan, 12:00 p.m.) Hedge Clippers, el Centro para la Democracia Popular (CPD) y la Coalición PR No Se Vende publicaron una investigación que revela cómo los beneficiarios de la Ley 22, ahora Ley 60, identificaron una forma de evadir la poca responsabilidad impuesta sobre ellos, burlando el requisito de ofrecer un donativo anual de $10,000 a sin fines de lucro en Puerto Rico. Entre otras acciones, estos beneficiarios crean organizaciones que se benefician mutuamente de los donativos que prestan y utilizan las organizaciones sin fines de lucro que crean para adelantar cabildeo que defiende sus propios intereses, desligados de las necesidades sociales de Puerto Rico. El informe se enfoca en dos organizaciones fundadas y dirigidas por beneficiarios de la Ley 22. La primera, el Rain and Rose Fund, según indica en su página “existe para empoderar a los puertorriqueños de escasos recursos para que puedan salir de la pobreza”. De los casi $800,000 que recauda anualmente, esta organización donó apenas el 6% de sus fondos a organizaciones locales. En contraste, invierte más de $275,000 en la celebración de un cotizado torneo de golf en el que participan sectores pudientes. Por otra parte, el informe analiza el funcionamiento de 20/22 Foundation, una corporación sin fines de lucro con exención federal, cuya subsidiaria 20/22 Act Society le permite amplias acciones de cabildeo. Estas organizaciones benefician y promueven la preservación de beneficios por parte de quienes se sirven de la Ley 22. Este es el fin social que cumple esta organización y que mantiene en cumplimiento a los beneficiarios que forman parte de la misma, puesto que prestan cuotas de membresía y donativos que cumplen con lo requerido por la ley. Es importante señalar que esta organización no publica sus donantes y que debe al IRS la política de conflicto de interés y de balances económicos requerido a otras sin fines de lucro. “La campaña Not Your Tax Haven/Puerto Rico No se Vende, y las organizaciones locales que forman parte de la coalición, llevan ya tiempo denunciando los impactos negativos de la Ley 22/60, incluyendo el desplazamiento, alzas exorbitantes en el costo de vivienda, e impactos ambientales. Pero aún así es increíble ver como hasta el requisito de donaciones filantrópicas de la ley ha sido manipulado por los beneficiarios para su propio lucro. Como si no fuera suficiente que estos individuos están exentos de impuestos y que la ley no tiene ningún requisito de inversión, ni siquiera pueden donar a organizaciones filantrópicas locales sin aprovecharse de alguna manera. Cada día se vuelve más claro que la Ley 22/60 es un vehículo para el lucro de unos pocos, que nada tiene que ver con el bienestar de la gente de Puerto Rico.” denunció Julio Lopez Varona, Co-director de Campañas del Centro para la Democracia Popular. El informe es un instrumento de la campaña No Your Tax Haven, a través de la cual se busca denunciar la falta de transparencia gubernamental educar sobre el impacto económico y desplazamiento que llevan a pedir que se derogue la Ley 22 (actual Ley 60). El grupo busca además ejecutar una estrategia a nivel federal que involucre concientizar sobre el tema a nivel federal y propiciar acciones específicas del gobierno y sus instituciones, como por ejemplo una robusta fiscalización de los beneficiarios por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS).
