En Puerto Rico una mujer tiene derecho a practicarse un aborto, no porque se decidiera localmente, sino porque la corte suprema de EU así lo determinó. Por causa de la relación política particular que tiene PR con EU, las determinaciones de la corte suprema de ese país aplican a PR.
Este año la corte suprema de EU estará considerando la constitucionalidad federal del Acta de Defensa del Matrimonio, DOMA por sus siglas en inglés. Se considerará además la constitucionalidad de la Proposición 8 del estado de California que impone una prohibición en los matrimonios. Las decisiones que se tomen tendrán un significativo impacto en las leyes de matrimonio a lo largo de la nación, Puerto Rico incluido.
El Acta de Defensa del Matrimonio, DOMA, aprobada por el congreso y firmada por el presidente Clinton en el 1996, prohíbe el reconocimiento a nivel federal de los matrimonios del mismo sexo. Cortes de apelación de primer y segundo circuito han derogado provisiones de la ley que niega beneficios federales, como los del seguro social o la posibilidad de llenar impuestos federales en conjunto, a las parejas del mismo sexo legalmente casadas. A causa de estas decisiones de las cortes , DOMA ha sido declarada inconstitucional en algunas regiones del país pero no en otras. Le toca ahora a la corte suprema revisar las decisiones del segundo circuito.
La corte considerará también la Proposición 8 de California. Esta fue una iniciativa presentada a los votantes en el 2008, para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La proposición fue presentada luego que la corte suprema de California otorgará el derecho de matrimonio a personas del mismo sexo, colocando a los votantes del estado en la incómoda posición de quitar derechos otorgados por la corte. Luego de aprobada, una corte federal declaró que la proposición era inconstitucional.
Se espera que el alto foro escuche los argumentos de ambos casos en marzo y emita una decisión para el verano.
Al aceptar el caso de la Prop. 8, la corte se ha otorgado la oportunidad de decidir en los asuntos fundamentales de si las parejas del mismo sexo tiene el derecho para casarse. La decisión puede extender los derechos de matrimonio a parejas del mismo sexo a lo ancho de la nación. Sin embargo, dado las circunstancias únicas del caso, en el cual derechos fueron quitados después de que fueran concedidos por la corte suprema del estado, su decisión pudiese solo aplicar a California.
Por otro lado, la corte pudiese no decidir sobre el derecho a matrimonio. Uno de los aspectos a considerar por la corte será si los proponentes de la Prop. 8 tienen algún estatus ante la corte. Si deciden que no, el caso sería enviado de vuelta a las cortes de menor nivel para ser defendido de forma apropiada. Pero dado que las partes que se supone defiendan la Prop. 8, que son el gobernador de California y el fiscal general, se inclinan a no defenderla, es posible que la decisión de la corte menor en favor de los matrimonios del mismo sexo prevalezca.
A pesar de que este último escenario pudiese no tener necesariamente un impacto a nivel nacional, continuaría siendo una victoria significativa para los activistas de derechos LGBT.
A nivel de EU la opinión pública parece estar inclinándose a la aceptación del matrimonio del mismo sexo. En el 2011, la firma de sondeos públicos Gallup, encontró que por primera vez una mayoría de estadounidenses lo apoyaba. El día de las elecciones, los residentes de tres estados aprobaron con su voto iniciativas permitiendo a personas del mismo sexo casarse. Esta es la primera vez que los votantes aprueban iniciativas a favor, en lugar de en contra del matrimonio igualitario. Sin embargo, el asunto está aún lejos de resolverse. Sólo 9 estados más el Distrito de Columbia ha aceptado el matrimonio de personas del mismo frente a 39 que lo prohíben.
A nivel de Puerto Rico existe una clara y militante oposición de sectores religiosos y conservadores en contra conceder el derecho al matrimonio a personas del mismo sexo. Estos sectores intentan que la discusión gire en torno a temas de familia y tradiciones. Entendemos que estos argumentos carecen de justificación válida, aún así pueden encontrar eco a nivel legislativo de parte de políticos conservadores y de carreristas políticos que solo miran las manifestaciones para apoyar las causas de los que más llevan. Sin embargo, a nivel de las cortes federales la discusión gira en torno a si es constitucional negarle a las personas del mismo sexo el derecho al matrimonio, el cual permitido a heterosexuales.
Dentro de este escenario, si la corte Suprema de EU decide que es inconstitucional prohibir que las personas del mismo sexo se casen, no importa las manifestaciones que realicen los grupos opositores, ni los discursos oportunistas que digan los carreristas políticos; será una realidad: !Podremos casarnos!