San Juan- Las medidas económicas que aplicará en los próximos días el gobierno de Puerto Rico afectarán a los trabajadores, advirtió hoy el Frente Amplio de Solidaridad y Lucha (FASyL), que proyecta emprender una jornada de protestas.
El portavoz del FASyL, Luis Pedraza, anunció que el próximo 1 de julio, cuando entrará en vigor el nuevo presupuesto del gobierno que cuadran todavía las cámaras legislativas, se realizarán manifestaciones simultáneas en San Juan y la sureña ciudad Ponce, la segunda del país.
El propósito es denunciar la reducción de jornada laboral, el despido de empleados y la aprobación de medidas fiscales que afectarán a la clase trabajadora, dijo.
La segunda manifestación será en la norteña ciudad de Arecibo con el objetivo de denunciar la reducción de la jornada laboral de los empleados del gobierno municipal, que se encuentra en un estado económico precario.
Pedraza aseguró que el FASyL continuará el proceso de educación y movilización, al tiempo que diligencian procedimientos en los tribunales en contra la Ley 3 de Reforma en los Sistemas de Retiro, cuya constitucionalidad acaba de ratificar el Tribunal Supremo de Puerto Rico, y otras por considerar que afectan a los trabajadores.
"El presupuesto aprobado, en complemento con otras leyes y acciones del gobierno, va en contra de los intereses de la clase trabajadora", estableció el dirigente del FASyL.
Esa organización la integran el Programa Solidaridad Utier, la Federación Puertorriqueña de Trabajadores, la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), la Unión de Abogados de Servicios Legales y la Hermandad de Empleados de Salud, entre otros.
Las cámaras legislativas sancionaron un presupuesto de 9 mil 770 mil millones de dólares para el año fiscal 2013-2014, que todavía se encuentra en comité de conferencia para los toques finales antes de que vaya a la firma del gobernador Alejandro García, para que entre en vigor el 1 de julio próximo.
Este presupuesto conlleva la imposición de nuevas cargas impositivas de recaudos que, según Pedraza, las organizaciones patronales, los inversionistas y sus representantes han expresado que transferirán a la clase trabajadora de dos maneras: subiendo el precio de sus productos o reduciendo la nómina".
El portavoz del FASyL planteó que el Gobernador o la Asamblea Legislativa deben iniciar un proceso de investigación de "las malas decisiones y faltas de fiducia" de los administradores del Banco Gubernamental de Fomento y del Sistema de Retiro.
"Lucharemos por objetivos sociales, tales como seguridad alimentaria, la seguridad energética y mejores condiciones laborales. Diremos no a la privatización y sí a la protección ambiental", dijo el gremialista.