Lo último que se supo de Edward Snowden es que tal vez esté en Rusia aunque no ha entrado al territorio nacional de este país, lo cual podría significar que esté en tránsito en un aeropuerto ruso. De cualquier forma, el presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que el contratista-espía de 29 años está en libertad de viajar a donde quiera y si por casualidad entra a territorio nacional ruso, su gobierno no lo va a extraditar a los Estados Unidos, donde se le enjuiciaría por revelar secretos nacionales. Es como seguir el desarrollo de un novelón de intriga internacional.
Con este trasfondo, uno pensaría que el pueblo norteamericano estuviese escandalizado que uno de los suyos revelase supuestos secretos de Estado. El hecho de que muchos consideren esta como otra historia periodística más demuestra la ignorancia sobre los métodos y el alcance de la colección de información sobre su propia población por parte del Estado. Después de todo, dirán, aparte del ataque en el maratón de Boston, que hasta ahora luce ser obra independiente limitada a dos jóvenes, no ha ocurrido ningún acto terrorista de mayor índole en la nación norteamericana desde los ataques del 9/11. Sondeos llevados a cabo en los Estados Unidos muestran que los norteamericanos están divididos en cuanto al asunto de espionaje de su propio gobierno. El Gobierno norteamericano le dice a su población que no se preocupe, que los blancos de tales operaciones de espionaje son extranjeros. ¿O queremos otro ataque de Al-Qaeda en suelo norteamericano? Esto, no obvia la gran controversia que se suscita cuando en una democracia el Estado espía a su propia gente. De rigor está decir que la anuencia por parte de la población de permitir que se intercepten comunicaciones de millones de personas tiene que emanar de un consentimiento informado y no una fe ciega de que “Big Brother” siempre sabe lo que es mejor para sus ciudadanos.
Snowden cuando trabajó para la firma Booz Allen Hamilton, una firma que vende sus servicios de coleccionar data, reveló en documentos publicados en los diarios The Guardian y The Washington Post que en un proceso cerrado, un tribunal le ordenó a la compañía de telecomunicaciones Verizon que proveyese la “metadata”, que indica la duración y puntos de origen y recibo de las llamadas que hacían sus suscriptores. También se reveló que el Gobierno usó un programa conocido como PRISM, a través del cual tuvo acceso a comunicaciones electrónicas y archivos provenientes de redes tales como Google, Apple y Facebook. Nada de esto es necesariamente ilegal, nos explican las autoridades. Por ley, el Gobierno norteamericano le otorga poderes amplios a sus agencias de ley y orden y espionaje. Todo se hace, en teoría, bajo la cercana supervisión del Congreso estadounidense. Sobre este escrutinio ni los congresistas más locuaces quieren comentar. Esto ocurre al mismo tiempo en que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, se refugia en la embajada de Ecuador en Londres después que se radicaran unas acusaciones dudosas de agresión sexual en su contra. Lo buscan las autoridades suecas por estas acusaciones, y lo busca el Gobierno de los Estados Unidos por publicar documentos dizque clasificados. El flujo de información, ya vemos, va por varias sendas. Creo que los gobiernos tienen suficiente poder sobre su ciudadanía. No sé si yo hubiese tenido las agallas que tuvo Snowden, pero sí me perturba el que en aras de seguridad nacional el Estado amplíe su casi ilimitado poder.