El jueves 25 de julio conmemoramos en el Cerro Maravilla, también conocido por el movimiento patriótico como el Cerro de los Mártires, otro aniversario más de los asesinatos de los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví a manos de efectivos de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico.
Una semana antes, el Secretario de Justicia de Estados Unidos, en visita a Puerto Rico, suscribió un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico donde, en esencia, la Policía pasa a ser un cuerpo bajo la tutela directa del Gobierno de Estados Unidos. La causa próxima que provoca estos acontecimientos, unido a la corrupción existente en dicho cuerpo policiaco, son las continuas violaciones de los derechos civiles de los ciudadanos en Puerto Rico.
En las décadas transcurridas entre los asesinatos de Cerro Maravilla y los abusos denunciados por los ciudadanos a manos de la Policía de Puerto Rico en años recientes, lo que hemos observado en este cuerpo es la continuación de un libreto fatídico donde las consecuencias mortales son pagadas por la ciudadanía.
Daría la impresión de que la intervención del gobierno federal en estos momentos llevaría a un cambio, pero la realidad es que no podemos esperar cambio alguno que de manera radical traiga modificaciones al comportamiento de la Policía de Puerto Rico en cuanto al respeto a los derechos de la ciudadanía si quien supervisará el proceso es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Históricamente hablando, está documentado que una de las mayores y más extendidas prácticas de violaciones de derechos civiles en Puerto Rico las llevó a cabo precisamente el Departamento de Justicia de Estados Unidos, actuando en la mayor parte de las veces a través de su brazo policiaco, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), en el inicio, desarrollo y supervisión en el carpeteo de ciudadanos basado en sus ideas políticas.
También ha estado documentado en Puerto Rico la labor del FBI en complicidad con esa misma Policía que hoy pretende supervisar, en la persecución política contra el independentismo y contra otros grupos organizados que en nuestro país promueven el cambio y la protesta social en nuestro país.
Quizás uno de los casos donde más se evidencia la indiferencia y el silencio cómplice del Departamento de Justicia de Estados Unidos con relación a los puertorriqueños, es la actitud que durante años ha mantenido el FBI, tanto en Puerto Rico como a nivel de sus estructuras centrales en Estados Unidos, con relación al asesinato y encubrimiento de los responsables del crimen perpetrado contra Carlos Muñiz Varela el 28 de abril de 1979. En esa fecha, mientras Carlos se dirigía a casa de su madre en Guaynabo en su vehículo, un comando clandestino de asesinos vinculados a las organizaciones terroristas cubanas CORU y Omega 7, dispararon contra el vehículo donde viajaba. Luego de herirle le remataron disparándole en la cabeza y otras partes del cuerpo.
Carlos Muñiz Varela era un joven cubano que había sido enviado a Estados Unidos por sus padres como parte de la llamada ¨Operación Peter Pan¨. Mediante este operativo de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en complicidad con la Iglesia Católica en Cuba, se persuadió a los padres de miles de niños cubanos para ser enviados fuera de su país hacia Estados Unidos. La campaña de terror sembrada en Cuba bajo la cual muchos padres consintieron la salida ilegal de sus hijos de Cuba, fue el falso argumento de que sus hijos les serían quitados para enviarlos a centros de adoctrinamiento en la Unión Soviética.
Durante sus años universitarios, Carlos se vinculó con las luchas sociales de los trabajadores, destacándose como Sub Secretario de Asuntos Obreros de la Juventud Independentista Universitaria en el Recinto de Río Piedras y con el Movimiento Acción Obrera en su pueblo de Guaynabo. Más adelante, junto a otros jóvenes cubanos residentes en Puerto Rico, idearon un proyecto dirigido a contribuir a la reunificación de la familia cubana promoviendo viajes a Cuba para reencuentros entre familiares. En momentos en que la contrarrevolución cubana cerraba todo tipo de iniciativas de diálogo con el gobierno cubano, las gestiones de Carlos y sus compañeros resultaban en una contracorriente que se interponía en su campaña de terror contra la Revolución Cubana. Por eso decidieron asesinarlo.
Desde un primer momento, tanto agentes de la División de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico como agentes del FBI estuvieron presentes en la escena del crimen y en las etapas investigativas iniciales del proceso. Algunos de los agentes participantes en la investigación por parte de la Policía de Puerto Rico eran agentes que más adelante fueron encauzados por delitos cometidos como parte de la entonces llamada ¨Ganga de Alejo Maldonado¨. Muchos de ellos, incluyendo Alejo Maldonado, fueron procesados criminalmente por otros delitos y sirvieron sentencias en cárceles federales. Otros, incluyendo personas que financiaron sus fechorías, permanecieron en la impunidad.
A lo largo de los años, no ha habido pausa entre sus amigos, compañeros y familiares para que las autoridades del Gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos asuman su responsabilidad en la investigación y procesamiento criminal de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Sin embargo, han sido múltiples los escollos puestos en el camino para lograr que las demandas hechas por amigos, compañeros y familiares no logren su objetivo.
Desde antes del asesinato de Carlos, el gobierno de Estados Unidos ha contado con información y documentación que podría contribuir significativamente al esclarecimiento del caso. Desde el primer día, amigos, compañeros y familiares han recabado del FBI y de las autoridades federales la entrega de la información en su poder, de manera que los responsables directos e indirectos de la comisión de este asesinato sean procesados por su delito. Entre la información recopilada por el FBI se encuentran datos recopilados por informantes sobre las actividades del exilio cubano vinculado con las organizaciones terroristas e individuos que planificaron, financiaron, participaron o encubrieron a los autores de este asesinato.
El hijo de Carlos, quien lleva también su nombre, Carlos Muñiz Pérez, ha hecho múltiples gestiones con el gobierno de Estados Unidos para que la información en su poder sea puesta a la disposición de las autoridades de Puerto Rico responsables de la investigación de este asesinato. Entre las gestiones hechas se encuentran una carta al Secretario de Justicia de Estados Unidos el 9 de abril de 2010, la cual al presente no se ha contestado. Lo mismo ocurre con la que Muñiz Pérez envió el 3 de octubre de 2008 al entonces Director de la Oficina del FBI en Puerto Rico, Luis Fraticelli, o la enviada por el ex gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá el 15 de diciembre de 2008 al Presidente Barack Obama. Sobre estas comunicaciones aún se espera alguna respuesta.
Más recientemente, Carlos Muñiz Pérez le escribió el 26 de marzo de 2011 a Robert S. Mueller como jefe del FBI y tampoco se ha obtenido una respuesta.
En una columna publicada el pasado 17 de julio en el periódico El Nuevo Día coincidiendo con su visita a Puerto Rico, Muñiz Pérez le indicó al Secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, que ¨su obligación ministerial es hacer cumplir las leyes y garantizar que la justicia sea para todos y no para unos pocos.¨ En su columna, Carlos le cuestiona al Secretario cuál sería su posición si se asesinara a su padre y el Gobierno de Estados Unidos, sabiendo quiénes fueron los responsables, se negara a proveer la información en su poder.
En Puerto Rico, a diferencia de Estados Unidos, el asesinato es un delito que no prescribe. En consecuencia, independientemente del tiempo transcurrido, obtenida la prueba necesario para encausar a una persona por dicho delito, el Estado puede iniciar el correspondiente procesamiento criminal de los responsables en el delito de asesinato.
Han transcurrido treinta y cuatro años desde que se cometiera este crimen. Los amigos, compañeros y familiares de Carlos Muñiz Varela aún esperan porque el gobierno de Estados Unidos entregue la información en su poder relacionada con este asesinato político, que al igual que otros cometidos en Puerto Rico contra luchadores independentistas y otros luchadores sociales, no deben permanecer impunes. Continuar negándose a entregar la prueba en su poder coloca al gobierno de Estados Unidos en clara y abierta complicidad con los responsables directos de este vil asesinato.
¿Por qué el gobierno de Estados Unidos luego de más de tres décadas persiste en su negativa a entregar las pruebas en su poder sobre este crimen y encubrir a los responsables? Ésa es la pregunta que debemos contestarnos.