La lista de alcaldes, casi todos de pueblos pequeños, que se han subido el sueldo es interminable. No hay duda de que los alcaldes tienen mucho poder en Puerto Rico, pero un poco de recato de su parte sería beneficioso y realista. El que el alcalde de Cayey, un pueblo pequeño de montaña, se gane $120,000 al año es un escándalo, especialmente cuando Cayey terminó el año fiscal con un déficit presupuestario.
Hay una medida legislativa pendiente en el Senado, presentada por un exalcalde, que implementaría ciertos criterios para la determinación del salario de los primeros ejecutivos municipales. Este está enfrentando feroz resistencia y al parecer falta de interés de parte de los mismos legisladores. Algunos argumentan que los mecanismos de determinar la paga de un alcalde, perdón, primer ejecutivo municipal, ya están en pie en la Ley de Municipios Autónomos. Si lo están, las pautas establecidas por esta ley no se están siguiendo. En Puerto Rico, el primero en crisis es el Gobierno Central, sin ni siquiera hablar de los municipios. Hay 78 municipios en la Isla, una exageración para una Isla de 110 millas de largo. Esto constituye una duplicación de esfuerzos. Se ha hablado de consolidar municipios, algo que parece una idea muy cuerda, pero se oponen las dos organizaciones de alcaldes, cada una aliada a uno de los dos partidos principales.
Fue casi doloroso escuchar a uno de sus dirigentes, por cierto, alcalde de un pueblo que lo mata la miseria hace décadas, decir que no se podían eliminar o incorporar municipios porque eso iría en contra de las costumbres de los puertorriqueños. En una Isla que se está hundiendo en el mar por sus problemas económicos y sociales, hay que abandonar estos argumentos folklóricos para pensar en eficiencia. Pero los alcaldes tienen mucho poder en el momento de movilizar a los votantes el día de las elecciones generales y en organizar a su partido a través de la Isla. Para un senador de distrito y un representante de precinto es muy importante llevarse bien con los alcaldes en su área, que muchas veces pueden ser tres o cuatro por distrito. Sin el respaldo de estos, muy bien podría terminar su incumbencia legislativa. Por ende, no es ninguna sorpresa el que en unas pasadas vistas para considerar la medida para regular los salarios de los alcaldes, hubo un casi total ausentismo de senadores. Los legisladores tienen una relación simbiótica con los alcaldes: “tú me rascas la espalda, y yo te la rasco a ti”, para ponerlo en términos pueblerinos.
Hay que examinar los alcaldes que se han otorgado los aumentos. Bueno, los otorgan las Asambleas Municipales, pero es harto sabido es que estas constituyen un sello de goma para los alcaldes de nuestros benditos pueblos. El alcalde de Canóvanas, un hombre que tiene unas dificultades horrorosas en hacerse entender cuando habla, tal vez por una educación limitada, se subió el sueldo de $7,400 a $8,400 mensuales. El más atrevido fue el Alcalde de Río Grande, quien recibió un alza en su sueldo de más de $3,500 mensuales. De paso, el del ya mencionado pueblo de Cayey, se subió el sueldo $2,000 mensuales. Todos dicen que trabajan 24/7 y que cualquier alza que reciban está más que justificada. Esto pasa en un país donde más de la mitad de la población vive en niveles de pobreza. No se puede concluir otra cosa que estos buenos funcionarios no viven en la realidad. O eso o son unos descarados.