El matrimonio igualitario ha dejado a Nuevo México como el único estado del EEUU que no cuenta con algún estatuto o enmienda constitucional que prohíba explícitamente casarse a las parejas gays, pero también sin ninguna ley que diga que pueden hacerlo.
La decisión tomada por los oficiales mayores de seis de los condados más poblados de Nuevo México de empezar a emitir actas de matrimonio a parejas del mismo sexo ha intensificado la sensación de urgencia por una lucha en la que algunos de los líderes políticos estatales de mayor nivel habían parecido no tener prisa en participar.
“Es hora de que alguien tome una decisión que defina este debate”, dijo Maggie Toulouse Oliver, la oficial mayor del condado Bernalillo, donde alrededor de 12 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante la ceremonia colectiva que tuvo lugar el martes pasado en el exterior del edificio del condado.
Durante años, legisladores estatales han intentado solucionar el debate, con los republicanos conservadores presentando proyectos de ley a efecto de describir el matrimonio como una unión en un hombre y una mujer y los demócratas liberales estancando dichos esfuerzos o proponiendo sus propias iniciativas sin restricciones degénero específico. Ninguna ha tenido éxito nunca.
Lo anterior ha dejado a Nuevo México como el único estado del país que no cuenta con algún estatuto o enmienda constitucional que prohíba explícitamente casarse a las parejas del mismo sexo, pero también sin ninguna ley que diga que pueden hacerlo.
A partir de marzo, en tres ciudades —Santa Fe, Albuquerque y Los Álamos— parejas del mismo sexo se han dado el sí en un intento por lograr que se emita un fallo claro sobre el tema.
La gobernadora Susana Martínez, quien es republicana, ha mantenido una distancia imparcial, ratificando su oposición personal al matrimonio del mismo sexo pero aseverando que la decisión debe ser de los electores.
En junio, Gary King, procurador general estatal y demócrata, evitó pronunciarse, diciendo a los reporteros que no iba a asumir ninguna postura pública en torno al tema. Más recientemente, ha manifestado que no impugnará a ningún oficial mayor que decida otorgar actas de matrimonio a parejas del mismo sexo.
La orden judicial, la cual Alan M. Malott, un juez de Albuquerque, emitió el 26 de agosto, estipula que “implicar condiciones sobre orientación sexual en el derecho individual a participar en contratos civiles como el matrimonio” constituía una violación a la cláusula de protección equitativa incluida en la Constitución estatal.
William E. Sharer, senador estatal republicano por Farmington, en el norte de Nuevo México, y la voz opositora más fuerte, dijo que la orden judicial “complica las cosas” y calificó las maniobras de los oficiales mayores como “ilegalidad pura”.
Sin embargo, a altas horas del viernes Sharer demandó a Ellins a fin de que el funcionario dejara de emitir más actas matrimoniales.
Terry H. McMillan, un representante estatal republicano de Las Cruces —quien había considerado respaldar la demanda de Sharer pero se retractó debido a que, dijo, en última instancia no se oponía al matrimonio del mismo sexo— admitió en entrevista que en Nuevo México la equidad matrimonial constituía “una inevitabilidad”.
Los oficiales mayores han cambiado su atención hacia la Suprema Corte estatal.
Están sumándose a una de las demandas interpuestas por parejas del mismo sexo a fin de que éstas puedan apelar el fallo del juez Malott, el cual se limita a los condados Bernalillo y Santa Fe, ambos acusados en la querella, y se obligue a toma una resolución a nivel estatal.
Por su parte, funcionarios electos pertenecientes a ambos partidos están sopesando el precio político que quizá tendrían que pagar por su postura relativa al matrimonio del mismo sexo.
El Partido Demócrata estatal se ha esforzado mucho por apropiarse del tema, aprovechándolo para afianzar su asociación con la gradual tendencia neomexiquense hacia la izquierda en temas sociales. En entrevista, el director del partido, Sam Bregman, señaló la falta de protestas a raíz de que los oficiales mayores empezaron a emitir las actas matrimoniales a parejas del mismo sexo en el condado San Miguel, hogar de numerosas familias hispanas católicas, y el condado Valencia, donde recientemente se han multiplicado las iglesias evangélicas.
(La oficial mayor de Valencia, Peggy Carbajal, es la única republicana de los oficiales mayores que emiten las actas. En el 2012 ganó su elección por 26 votos).
Fuente: El Diario.