San Juan- El Senado de Puerto Rico sancionó ayer un proyecto de ley que obligará a todo aspirante a ingresar al gobierno a aprobar un examen escrito que establezca su capacidad para cumplir con los requerimientos del cargo.
La medida del senador Jorge Suárez, del oficialista Partido Popular Democrático, deberá pasar ahora por la Cámara de Representantes antes de que llegue al despacho del Gobernador para su firma.
El propósito es uniformar el sistema de selección de empleados en las agencias gubernamentales, incluidos aquellos en puestos de supervisión para erradicar del proceso prácticas discriminatorias y consideraciones partidistas.
"La intención es que la entrada a un puesto o ascenso tenga un sistema uniforme de evaluación para eliminar la arbitrariedad que en algunas agencias donde aquel que es amigo de la casa logra progresar, y el que trabaja bien, tiene conocimiento y no tiene la suerte de contar con esos amigos, no logra crecer en su puesto", manifestó Suárez.
Los exámenes propuestos serían de selección múltiple, que administraría la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos, deberán desarrollarse razonablemente orientados hacia los deberes y responsabilidades que envuelve el puesto, dijo.
La senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), votó en contra del proyecto al considerar que, aunque es necesario establecer mecanismos para hacer valer el principio de mérito, la legislación es muy general, por lo que, a su juicio, no cumpliría los propósitos trazados.
"La propuesta levanta interrogantes que, a mi juicio, tienen mayor peso que las buenas intenciones que le puedan animar", sostuvo.
La portavoz del PIP en el Senado consideró necesario definir cómo se manejarían las distintas clasificaciones de cada agencia, quién preparará los exámenes, a cuántos puestos o clases se aplicaría, qué criterios debe medir la prueba, quién estaría a cargo de corregirla y quién, de custodiarla.
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